Por: Laura Capriata
El Gobierno se negó por escrito a difundir sus gastos en publicidad oficial, alegando que esa información involucra "datos personales" y por lo tanto queda exceptuada del decreto
1172 que le garantiza a la ciudadanía el acceso a la información pública.La decisión cambia drásticamente la política que mantenía hasta el momento la Casa Rosada, que hasta el primer semestre de 2009 otorgó información al respecto.
Además, llega justo cuando crecen los interrogantes sobre cómo se financian las millonarias transmisiones del fútbol que el Gobierno maneja. La partida para costearlo iba a salir de los fondos de la pauta oficial, según habían informado en el propio Gobierno.
La negativa de la Casa Rosada llegó mediante una nota firmada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en respuesta a los pedidos que a principio de este año habían hecho la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover la transparencia y la libertad de expresión.
Nota oficial
La nota oficial, a la que tuvo acceso La Nación, tiene fecha de 19 de enero, pero recién se conoció ahora, después de que las ONG´s insistieran sin éxito en su reclamo ante la Casa Rosada. Sorprendidas por la negativa, la ADC acaba de presentar un recurso de amparo para lograr la información que el Gobierno le negó y Poder Ciudadano continuará el reclamo por vía administrativa. Ayer La Nación intentó comunicarse con Aníbal Fernández para conocer el
cambio de política, pero sus voceros respondieron que no podían localizarlo y pidieron remitirse a la contestación que había dado el funcionario por escrito.En un pedido que renuevan todos los años desde 2004, ambas organizaciones habían reclamado información sobre los gastos totales en publicidad oficial en el segundo semestre de 2009, discriminados por organismo (cuántos gastó cada ministerio u organismo oficial), por rubro (televisión, cable, gráfica, radio y vía pública) y por empresa (en qué medios puntuales se pautó).
El pedido también incluía el detalle de en qué campañas oficiales se invirtió el dinero. Pero, a diferencia de los años anteriores, esta vez los datos no llegaron.
"La información solicitada refiere a personas de existencia ideal", dice la nota que Fernández dirigió a ambas ONG, en la que concluye que cabe aplicar la ley Nº 25.326 de protección de datos personales.
En escuetas 12 líneas, Fernández argumenta: "Los datos personales sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario, previo consentimiento del titular de los datos".
En Poder Ciudadano y en la ADC rechazaron los argumentos del funcionario y le respondieron en una nota que su postura "fija estándares de transparencia inadmisibles para un Estado democrático", y que afecta los preceptos del decreto 1172 de acceso a la información pública.
Esas organizaciones dijeron que el decreto sólo admite excepciones cuando se trata de "datos personales de carácter sensible", que vulneren el derecho de la intimidad y el honor de las personas involucradas.
"Las personas ideales y jurídicas no tienen honor ni intimidad, y tampoco se trata de datos personales, sino de contrataciones públicas, en las que rige el principio de máxima divulgación de los actos de Gobierno", argumentó a La Nación Eleonora Rabinovich, directora del Programa de Libertad de Expresión de la ADC. También recordó que la información requerida no se refería a temas sensibles, que son los vinculados al origen racial o étnico; las opiniones políticas, filosóficas o religiosas; o la vida sexual de las personas.
"Los de este semestre eran datos muy importantes, porque en el medio quedó el fútbol, que el Gobierno dijo iba a ser solventado con pauta publicitaria oficial", advirtió Pablo Secchi, director de área de Instituciones Políticas de Poder Ciudadano.
Antecedentes
Secchi recordó que en los primeros seis meses de 2009 el gasto del Gobierno en publicitarse había crecido 248% respecto del mismo período en 2008, y que si seguía ese ritmo iba a superar los 1200 millones de pesos anuales, y eso sin incluir el fútbol.
Cuando se lanzó la iniciativa oficial de Fútbol para todos (el convenio con la Asociación de Fútbol Argentino para televisar gratis los partidos del campeonato de primera división), el Gobierno dijo que pagaría $ 600 millones por ese acuerdo, pero que los recuperaría con publicidad privada.
Sin embargo, según estudios publicados por La Nación, en cada partido del torneo anterior hubo 470 segundos de publicidad oficial, frente a los 53 segundos de anunciantes privados. Es decir que cada partido tuvo más de medio millón de pesos estatales ($ 572.175), y apenas $ 91.105 de aportes privados, y el torneo actual marcaría una brecha todavía mayor.
Mientras tanto, los números que el Gobierno invirtió en 2009 para publicitar su gestión en un año electoral, por ahora permanecerán en el misterio.
Crecimiento al ritmo electoral
La publicidad oficial de 2009 fue un 243% mayor que el año anterior; los comicios fueron clave
En el primer semestre de 2009, año electoral, el Gobierno había gastado más de 3 millones de pesos por día en publicidad oficial y había triplicado los fondos destinados a ese rubro, en comparación con el mismo semestre de 2008.
Entre enero y junio de ese año, el Poder Ejecutivo invirtió algo más de $ 622 millones para dar a conocer la gestión (a razón de 3,4 millones diarios), contra $ 181 millones que había gastado en igual período del año anterior, es decir que la pauta oficial tuvo un aumento del 243%.
En 2003, cuando el kirchnerismo llegó al poder, la pauta oficial apenas llegaba a $ 46,2 millones. Desde entonces, fue subiendo hasta alcanzar a los $ 395 millones en 2008, pero la información que se conoció en 2009 marcaba un salto inédito en la inversión publicitaria del Gobierno.
El análisis que realizó en su momento Poder Ciudadano del gasto en publicidad oficial distribuida en el primer semestre de 2009 también mostró que la inversión oficial fue aumentando a medida que se acercaban los comicios. Según se pudo saber, empezó con $ 50 millones en enero y fue subiendo hasta llegar a $ 186 millones en junio, mes de las elecciones legislativas de ese mismo año.
La oposición reclama una explicación en el Congreso
Guídici y Cabanchik anunciaron que exigirán información al Gobierno
La oposición en el Congreso objetará en los próximos días la explicación ofrecida por el Gobierno para negarse a difundir sus gastos en publicidad oficial.
Los legisladores que siguen la temática de los medios de comunicación cuestionaron la respuesta oficial a las ONG que habían pedido oficialmente una rendición de cuentas de los gastos de publicidad oficial en virtud de lo dispuesto por el decreto presidencial 1172/03.
A la vez, los referentes de la oposición adelantaron que avanzarán en el Parlamento con una investigación con el fin de conocer a fondo el manejo de la pauta oficial.La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Silvana Giúdici (UCR-Capital), y el senador Samuel Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal-Capital), que integra la Comisión de Medios y la bicameral de seguimiento de la ley de medios audiovisuales, impulsarán pedidos de informes para obtener todos los datos necesarios y adicionales a la negativa que dio la jefatura de Gabinete.
Giudici calificó la explicación de la Jefatura de Gabinete de "un disparate". "Es un disparate absoluto [negar información oficial]. Además, durante estos años brindaron la información", afirmó.
La legisladora dijo que le tocó vivir situaciones similares con otros pedidos de información al Gobierno. "A fin de año, presenté un pedido de informes por el contrato de la programación Fútbol para todos, y sólo me remitieron al Boletín Oficial donde estaba publicado el contrato con la AFA. Lo que se sabe es que el volumen se ha incrementado en niveles exorbitantes", afirmó.
Giudici objetó el argumento del Gobierno, que dispuso no difundir la información para preservar "datos personales". "No hay ningún dato en los contratos de publicidad oficial que implique información confidencial. Son empresas y medios que reciben pauta oficial. No lo pueden brindar ahora porque evidentemente el incremento del gasto es escandaloso y no lo quieren difundir", consideró. La diputada recordó que la ley de medios no incluyó ningún capítulo sobre publicidad oficial.
El senador Samuel Cabanchik opinó en el mismo sentido. "La respuesta es parte de una concepción que expone el kirchnerismo, que se niega a transparentar los asuntos públicos desde que llegó al poder. Desde el ámbito no oficialista en el Congreso tenemos proyectos para transparentar la publicidad oficial y la idea es avanzar con la discusión de esos proyectos", dijo.
"No es pertinente el argumento de los datos personales. No entiendo cómo puede aplicarse al problema de la publicidad oficial. Tal vez, es una confesión de partes: ¿estará diciendo que el dinero es para personas? Porque si no, ¿dónde están las personas? Hay una gran confusión, porque son actos de gobierno", evaluó.
Una violación inadmisible
Por: Eleonora Rabinovich
La negativa del Poder Ejecutivo Nacional a brindar información sobre los gastos efectuados en materia de publicidad oficial constituye una inadmisible violación al derecho constitucional de acceso a la información pública, que es la posibilidad que tenemos todas las personas de buscar, solicitar y recibir información que se encuentra en poder del Estado.
Este derecho, que encuentra fundamento en los principios que nutren el sistema democrático y republicano de gobierno, es un instrumento de participación ciudadana y una vía de control de la gestión pública.
Haciendo uso de este derecho -que a nivel nacional reglamenta el decreto 1172/03-, organizaciones de la sociedad civil como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano, y también numerosos periodistas hemos solicitado datos sobre publicidad oficial a la Secretaría de Medios de Comunicación, organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y concentra la mayor parte del manejo de la pauta a nivel nacional. Nos impulsaban las sospechas y acusaciones sobre el manejo arbitrario de estos fondos del Gobierno.
Monitoreo
Durante años, la entrega de esa información por parte del Poder Ejecutivo permitió a las ONG y a los periodistas monitorear la utilización de la publicidad del Estado. Detectamos que los gastos aumentaban año tras año de modo exponencial, multiplicando una caja de uso discrecional.
Durante ese período revelamos que la pauta oficial servía, en ocasiones, para beneficiar o castigar a medios de comunicación de acuerdo con su línea editorial o afinidad personal con el Gobierno, en violación a la libertad de expresión.
Descubrimos avisos publicitarios que, lejos de cumplir con una función de utilidad pública, buscaban la mera promoción de funcionarios o entidades gubernamentales.
Por otra parte, denunciamos una gestión irregular y poco transparente de fondos públicos. Y, tras esa evidencia, reclamamos insistentemente al Congreso que sancionara una ley adecuada para regular la contratación de la pauta estatal, con criterios claros y equitativos de asignación, mecanismos exhaustivos de transparencia y control y restricciones de utilización en época electoral.
Esta reciente negativa del Poder Ejecutivo Nacional a continuar brindando esos datos de la partida de publicidad oficial constituye un injustificado cambio de posición, que impide conocer la gestión de contrataciones públicas en un área de gran sensibilidad.
Esta vez, el silencio parece ser el camino elegido para esconder aquello que no se puede explicar.
La autora es directora del Programa Libertad de Expresión de la ADC
Fuente: Diario La Nación