La Argentina presentó hoy, en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se desarrolla en Aruba, un documento que señaló la "alarmante profundización" del "hostigamiento permanente del poder gubernamental" hacia la prensa.
Además, nuestro país denunció la descalificación a periodistas y medios que incluyen casos de espionaje, escuchas telefónicas, trabas y discriminaciones en el acceso a la información pública, junto a un "plan estatal y sistemático" de avanzar contra Papel Prensa.En su discurso inaugural, el titular de la Comisión de Libertad de Prensa, Robert Rivard, comparó las agresiones y descalificaciones a la libertad de prensa en la Argentina con las que existen en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, "donde los gobernantes llevan a cabo campañas que buscan afectar la credibilidad de los medios y manipular al pueblo".
En el informe argentino, que efectuó en la primera sesión de ese Comité Francisco Montes, del Diario de Cuyo de San Juan, se señaló que la calidad de un Gobierno y de una democracia "se pueden medir por el grado de libertad de expresión y de prensa que gozan sus ciudadanos".
"En la actualidad, el debilitamiento de las instituciones republicanas no se consigue por la fuerza, sino dominando a la prensa y a los medios de comunicación", agregó Montes.
Según el documento, la tensión actual en el país se debe a "las fricciones entre la vocación permanente de los medios por informar y los supuestos fantasmas que detecta permanentemente el Gobierno en ese libre ejercicio".
Para Montes, "otra característica de los gobiernos actuales es la homogenización del discurso gubernamental que demuestra otra forma de autoritarismo".
El relato de lo sucedido durante los últimos meses en la Argentina en materia de libertad de prensa incluyó menciones al "desprestigio, difamación e intimidaciones a los medios y periodistas, (...) hostigamientos y descalificaciones a periodistas durante actos públicos por el solo hecho de preguntar o cumplir con su deber y la exclusión de profesionales de algunos medios en conferencias de prensa".
El documento aludió con gravedad a la "búsqueda de conflictos con los medios" como parte de "un plan sistemático llevado adelante por diversos organismos del Estado, para intentar controlar la empresa privada de fabricación de papel (Papel Prensa), insumo básico en la producción de periódicos", a través de una serie de medidas administrativas y judiciales "destinadas a entorpecer la gestión, intervenir en sus políticas comerciales y preparar el terreno para una pretendida intervención judicial".
El Informe señaló además que en la Argentina, "mientras los diarios encuentran en el deterioro institucional una fuente inagotable de material para sus informaciones o sus opiniones, el Gobierno insiste con encuadrarlo dentro de alguna conspiración corporativa destinada a desestabilizarlo".
Según añadió Montes, el propio caudal informativo de los medios demuestra que la difusión de la realidad "no proviene de ningún capricho ni intento corporativo", sino que se refiere al seguimiento de los temas "que instala el propio Gobierno y que por lo tanto requieren difusión y análisis".
El informe explicó que el discurso oficial supone "que todo lo que hace está bien y que en consecuencia si recibe alguna clase de objeción será por algún interés oculto".
Al respecto, señaló que la agenda informativa no ha tenido en los últimos tiempos investigaciones periodísticas, sino actos de Gobierno, como las retenciones móviles de 2008, la Ley de Medios en 2009 y últimamente los DNU que propiciaron el uso de reservas del Banco Central para el pago de la deuda, los que "disparó un foco de fricción entre los otros dos poderes del Estado y los medios".
El informe de la SIP sobre Argentina
El Informe textual presentado el sábado en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Aruba, en relación con la Argentina, contiene la denuncia de las siguientes cuestiones:
- Los lamentables hechos que han afectado la libertad de prensa desde noviembre del año pasado y que han menoscabado todos los días su actividad profesional son los siguientes: "Desprestigio, difamación e intimidaciones a los medios y periodistas, como sucedió en reiteradas oportunidades con los diarios Clarín y La Nación de Buenos Aires. Las agresiones y el maltrato también se manifiestan al negarse el gobierno a contestar preguntas a periodistas de determinados medios.
- Hostigamientos y descalificaciones a periodistas durante actos públicos, por el solo hecho de preguntar o cumplir con su deber. Exclusión de profesionales de algunos medios en conferencias de prensa, como ocurrió días atrás con Ismael Bermúdez del diario Clarín en el ministerio de Trabajo. También con los periodistas Mariano Obarrio de la Nación, Leonardo Mindez y Guido Braslavsky de Clarín.
- La búsqueda de conflictos con los medios comprende también un plan sistemático llevado adelante por diversos organismos del Estado, para intentar controlar la empresa privada de fabricación de papel, insumo básico en la producción de periódicos. Este riesgo se vio agravado durante los últimos meses, con una serie de medidas administrativas y judiciales destinadas a entorpecer la gestión de la empresa Papel Prensa, intervenir en sus políticas comerciales y preparar el terreno para una pretendida intervención judicial. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, inició varias denuncias administrativas y judiciales que provocó las renuncias de funcionarios de la fiscalía por negarse a ser cómplices de una campaña contra esa empresa. Miembros de la compañía y del diario Clarín sufrieron denuncias penales e investigaciones fiscales. Finalmente la Justicia decidió el 9 de este mes nombrar un coadministrador en la empresa Papel Prensa y suspendió todo lo actuado en las reuniones de Directorio, a partir del 4 de noviembre del 2009. No obstante, siguieron las agresiones e irrupciones del secretario de Comercio en la sede principal de la empresa.
- La vigencia de la Ley de Medios que suscitó innumerables críticas a fines del año pasado, fue cuestionada judicialmente, en cinco fallos judiciales, tanto por su trámite de sanción como por su contenido ya que vulnera derechos constitucionales, otorgando amplia y discrecionales facultades al poder ejecutivo sobre medios, cantidad de señales permitidas y estableciendo peligrosos criterios de censura a través del otorgamiento de licencias y la aplicación de sanciones.
- El Gobierno forzó un día antes del recambio legislativo, que modificaría la relación de fuerzas políticas en el Congreso, la integración de la Comisión Bicameral de Medios, que quedó conformada por una mayoría oficialista. De inmediato procedió a acelerar el nombramiento de dos nuevos organismos, el Consejo Federal y la Auditoria de Aplicación.
- En el primero, se volvió a exhibir un claro desequilibrio a favor de los representantes del Poder Ejecutivo y una casi inexistencia de medios privados. En la segunda, que tendrá a su cargo la implementación de la norma y el poder de policía sobre los medios, quedó formada por los equipos políticos, gobernadores, diputados y concejales totalmente fieles al gobierno.
- Cabe destacar que los fallos de la Justicia suspendiendo la aplicación de la Ley de Medios, se dictaron considerando que violan los derechos constitucionales de libertad de prensa y expresión, así como los de propiedad, los del consumidor y las garantías de igualdad ante la ley.
- Estos fallos se dictaron en tribunales de la ciudad de Buenos de Aires, Salta, Mendoza y San Juan. El pasado 8 de marzo el juez Federal de Salta, al igual que el de Mendoza, suspendió la aplicación de toda la Ley. Se basó en cuestiones formales, objetando que hubo irregularidades en el trámite parlamentario que la invalida. Desobedeciendo la orden judicial de suspender por completo la Ley, el Gobierno dictó una serie de resoluciones que buscan afianzar un mapa mediático conveniente a sus objetivos.
- Impedimentos de diferente índole, llevados a cabo por el gobierno, impiden la fusión de CableVisión y Multicanal del grupo Clarín. En los últimos días el ministro de Economía revocó la autorización que oportunamente dio el gobierno para fusionar esas empresas. Por su parte estas recurrirán a la justicia para defender su posición.
- Durante este periodo se incrementó la cantidad y el uso de medios escritos y radiales que indirectamente responden al Poder Ejecutivo. Manejo indiscriminado de publicidad oficial en medios audiovisuales de Buenos Aires. Abuso en las radios y televisoras, empleando la cadena oficial para discursos oficiales y propaganda política.
- Asimismo se produjeron casos de espionaje y escuchas telefónicas contra editores y periodistas. Trabas y discriminaciones en el acceso a la información pública.
Fuente: Agencia DyN