Por: Néstor Esposito
La Corte Suprema de Justicia evalúa recurrir a una “audiencia pública” para que, llegado el momento de pronunciarse sobre la validez o no de la Ley 26.522, de Servicios de
Comunicación Audiovisual, más conocida como “la nueva Ley de Medios”, el Gobierno y el Grupo Clarín deban toparse cara a cara, con el máximo tribunal como árbitro. ¿El objetivo? Estirar todo lo posible los plazos para pronunciarse sobre una disputa en la que no quiere tomar parte.Los ministros de la Corte saben que en ese camino hacia la hipotética audiencia pública, que se insinúa largo (necesaria y deseadamente por ellos), se toparán con otra cuestión espinosa en la tensa relación entre el kirchnerismo y Clarín: la verdadera identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera, los dos hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, directora de Clarín y máximo ícono del Grupo.
En algún momento, la Corte deberá resolver si Marcela y Felipe deberán cotejar sus respectivos patrones genéticos sólo con un reducido grupo de querellantes, parientes de desaparecidos que los suponen sus nietos de sangre (como pretenden ellos) o con todos los descendientes cuyas muestras hemáticas figuran en el Banco de Datos Genéticos que funciona en el hospital Durand (como reclama Abuelas de Plaza de Mayo).
Los caminos, y sobre todo los tiempos, se cruzan. Un secretario reflexionó ante la consulta de Perfil: “Esta Corte ha ganado prestigio eludiendo, demorando o postergando las grandes decisiones”. La receta ahora parece ser la misma. Sólo una cosa es segura en el cuarto piso del Palacio de Tribunales: ni la constitucionalidad de la Ley de Medios ni el ADN de los hijos de Noble están en la agenda de corto plazo.
Audiencia pública. “Es un caso para convocar a una audiencia pública. El problema es que habrá que hacerla en la cancha de Vélez…”, opinó otro funcionario de la Corte ante la consulta de Perfil acerca de cómo se resolverá la cuestión de la Ley de Medios. “Con la coparticipación vienen la provincia que reclama y el Estado nacional; con la tala de bosques, los pueblos originarios, la Secretaría de Medio Ambiente y los gobiernos nacional y provincial. Con el Riachuelo, la Nación, la Capital y la provincia de Buenos Aires; con la situación de las cárceles, el CELS y el Gobierno. Pero con un abanico tan grande como la Ley de Medios habría que convocar a muchísimas entidades representativas, a los Estados provinciales, al Estado nacional, a la autoridad de aplicación, a los bloques legislativos…”, amplió la fuente, enumerando los casos recientes en los que la Corte recurrió a ese mecanismo.
Sin embargo, la solución todavía no reunió todas las voluntades necesarias. “Es una posibilidad, pero todavía no hemos pensado en ello”,
mandó responder un juez a través de sus colaboradores. Pero advirtió: “Eso sería como producir todo el debate de nuevo, y eso ya se hizo. No sé si sería útil”.Un paso previo. “El Gobierno y Clarín van a tensar la cuerda todo lo que puedan, pero van a retroceder justo un paso antes de romperla. Nos quieren meter en esa pelea. Mientras podamos, lo vamos a evitar”, describió un juez de la Corte.
El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, es uno de los principales cultores del criterio según el cual “las cuestiones políticas las tiene que resolver la política”. Todavía malherido por las versiones –que él desmintió– sobre su candidatura vicepresidencial acompañando a Julio Cobos en 2011, al inaugurar el Año Judicial, el 16 de febrero pasado, Lorenzetti definió: “Los otros poderes del Estado no deben judicializar sus decisiones innecesariamente. Lo que cada uno debe hacer es cumplir la función que le adjudica la Constitución”.
Con ese marco referencial, el cálculo de dos secretarios letrados –el alma argumental de los fallos que emite el tribunal– sacó cuentas y llegó a la conclusión de que el fallo de la Cámara Federal de Mendoza, que acaba de ratificar una medida de “no innovar” que suspende la nueva Ley de Medios, demorará por lo menos un mes en llegar a la Corte. El tiempo parece apremiar. Sin embargo, no es tan ardua esta parte del sendero, ya que al tratarse de una medida provisoria, la Corte planea reafirmar la doctrina que indica que no se pronuncia sobre medidas cautelares. Más aún, en algún momento circuló la posibilidad de deslizarle al Gobierno, por los canales informales de diálogo que existen, que apelar el fallo de la Justicia mendocina podría acarrearle un revés inevitable y pondría a la Corte fallando en contra del Poder Ejecutivo cuando, en rigor, no sería tan así. Pronto comprendieron que el Gobierno “no puede no apelar el fallo de Mendoza”.
Cautelares. Cinco decisiones judiciales mantienen en el freezer a la nueva Ley de Medios. Todas merced a medidas cautelares y sólo una por un tribunal de segunda instancia. Esa, la de la Cámara Federal mendocina, es la más amplia, ya que suspende toda la ley ante el reclamo del diputado nacional del Peronismo Federal Enrique Luis Thomas, quien puso en tela de juicio, directamente, la legitimidad del trámite legislativo que desembocó en la aprobación de la norma.
La Corte está, con todo, atenta a otro aspecto central de los cuestionamientos: la cláusula de desinversión, que obliga al Grupo Clarín a desprenderse de varios de sus medios. El argumento de la “seguridad jurídica” rebota cada día en los pasillos de Tribunales, llevado por lobbistas embozados (y no tanto).
Según los cálculos del máximo tribunal, no habrá un fallo de Cámara sobre el “fondo de la cuestión” (es decir si la ley es constitucional o no) antes de mediados de año. Y si ello es así, no habrá fallo de Corte en 2010. “Tal vez ni siquiera lo haya durante la gestión de Cristina Kirchner”, aventuraron las fuentes.
Fuente: Diario Perfil