El diputado nacional Ricardo Gil Lavedra anunció que está elaborando un proyecto de regulación de la publicidad oficial para que los centenares
de millones de pesos que se destinan a ese fin no sean utilizados “arbitraria y discrecionalmente como sucede en la actualidad” y reiteró que varios artículos de la ley de medios son inconstitucionales.“No tengo dudas que las ONG y otras entidades sin fines de lucro que, por la nueva ley de medios, obtengan licencias del espectro radioeléctrico se van a financiar con publicidad oficial, por lo que corresponde prevenir cualquier arbitrariedad en el uso de los dineros del pueblo”, expresó en una entrevista con el noticiario de AdEPA.
El legislador de la UCR, profesor de Derecho Penal y uno de los magistrados del tribunal que en 1985 juzgó a los comandantes de la dictadura militar, manifestó que no tiene previsto elaborar ningún proyecto de reforma a la ley de medios, pero dijo que si otro miembro de su bloque presentaba una iniciativa de esa naturaleza la iba a “apoyar y acompañar” con su firma.
“Estoy trabajando en un proyecto de ley sobre publicidad oficial”, precisó Gil Lavedra, designado el martes último presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.
Para explicar su propuesta sostuvo que “toda ley de medios, independiente de la calificación que merezca, aunque la sancionada el año pasado contiene artículos que pueden ser tachados por su inconstitucionalidad, debe estar acompañada por otra que regule la pauta publicitaria gubernamental, cuestión de que esos recursos no se usen arbitraria y discrecionalmente como sucede en la actualidad”.
Según un informe de la Fundación Poder Ciudadano, basado en datos oficiales, el Gobierno gastó 46,2 millones de pesos durante 2003 -cuando el kirchnerismo accedió al poder-, pero esa partida se incrementó hasta llegar a 395 millones de pesos en 2008 y sólo en el primer semestre de 2009, es decir, previo a las elecciones nacionales de renovación legislativa, trepar a 622 millones de pesos.
Los millonarios recursos de la pauta publicitaria oficial “no pueden estar concentrados en un solo funcionario para que los maneje a su antojo”, manifestó Gil Lavedra.
A finales de julio, cuando desde la Casa Rosada se anunció que la transmisión del torneo de fútbol por parte del canal estatal se financiaría con 600 millones de pesos del presupuesto de publicidad oficial, por el decreto 984/09 se unificó en el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, la “planificación, asistencia técnica, evaluación y coordinación de las actividades de publicidad y comunicación de los organismos del Sector Público Nacional”.
También por el decreto 1.247/09, publicado el 16 de septiembre en el Boletín Oficial, se facultó a ese funcionario a dictar “todas las resoluciones que crea convenientes” respecto a la pauta publicitaria gubernamental.
En el único distrito del país donde se ha regulado el gasto, contratación y distribución de la publicidad oficial es en la provincia de Tierra del Fuego, pero por un decreto de la gobernadora Fabiana Ríos. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó en diciembre una ley sobre esa materia, pero el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vetó en enero último nueve de sus 18 artículos.
Sobre la ley de medios, Gil Lavedra cuestionó el plazo de un año para que los actuales titulares de licencia se adecuen a la norma: “No sólo resulta abiertamente inconstitucional por violar derechos adquiridos, sino que –alertó- abre fundadas sospechas de que empresarios amigos del poder aprovechen para adquirir a precio de remate los medios que deban abandonarse”.
Además de esa crítica, puso énfasis en el régimen de sanciones. “Es –destacó- un sistema irracional, pues la ley prevé para conductas idénticas una multa, la suspensión de publicidad y/o la caducidad de la licencia, sin aclarar en qué casos se aplicará cada una”.
También puso como ejemplo que la suspensión de publicidad “no tiene graduación ni límite temporal”, por lo cual esa sanción “puede llegar a ser de tal magnitud que determine el cierre del medio”.
Otro de los cuestionamientos del jurista y diputado nacional fue a los procedimientos para las sanciones previstos por la ley de medios. Dijo que “serán los que rigen en la administración pública, pero como existen muchos en materia de sanciones administrativas -aduanero, tributario, cambiario, etc.-, la Autoridad de Aplicación podrá usar el que se le antoje”.
“En definitiva, la Autoridad de Aplicación dispone de un cúmulo de facultades que le permite castigar caprichosamente y a su sólo arbitrio, vulnerando así principios y estándares constitucionales e internacionales”, concluyó.
Gil Lavedra, de 60 años de edad, ha publicado varios libros y artículos sobre Derecho Penal, fue viceministro del Interior en el último año del Gobierno de Raúl Alfonsín y ministro de Justicia y de Derechos Humanos en los primeros diez meses de la presidencia de Fernando De la Rúa. También, de 1987 a 1995, vicepresidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas; entre 2001 y 2003 juez ad-hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y desde 2002 a 2005 conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: AdEPA