Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Perú y Venezuela son los ejemplos señalados por el organismo independiente de defensa de la
libertad de prensa en su informe anual "Ataques contra la prensa" publicado este martes en Nueva York."El espionaje tiene una historia desafortunada en la región", señala el documento antes de recordar el sonado caso del servicio de inteligencia del gobierno del ex presidente presidente peruano Alberto Fujimori.
En Cuba, "el espionaje es un procedimiento de rutina. Agentes de la seguridad del Estado han sometido a periodistas y disidentes a una constante vigilancia durante décadas, interceptando y grabando sus conversaciones telefónicas".
Sin embargo, destaca que a pese a que hay actualmente 22 periodistas presos en Cuba por delito de opinión, se está desarrollando una "vibrante cultura" a través de los blogs, aun cuando existen severas restricciones al acceso a internet.
"En México, el senador opositor Manilo Beltrones formuló acusaciones de espionaje político, alimentando la percepción existente en la prensa de que también los medios y los periodistas son blanco de espionaje", agrega el organismo.
En Colombia, la revista Semana destapó un plan de espionaje urdido por funcionarios de primer nivel del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Pero el CPP denuncia que hubo también más casos de espionaje en Colombia, entre otros contra W Radio, Radio Caracol, el matutino El Espectador y el programa semanal de noticias Contravía en Canal Uno.
Las escuchas telefónicas -que son ilegales en Colombia sin una orden judicial- comenzaron según el CPP a principios de 2003 y continuaron hacia mitad de 2009, aún después de las denuncias en la prensa.
Durante ese período --asegura el informe-- funcionarios del DAS monitorearon y registraron miles de mensajes de correo electrónico y conversaciones telefónicas, y siguieron a opositores, jueces y periodistas.
En Argentina, una investigación federal indaga si funcionarios de alto rango habían ordenado o aprobado de manera tácita la interceptación de llamados telefónicos y mensajes de correo electrónico de opositores políticos.
La investigación de la jueza Sandra Arroyo comenzó luego de que hackers interceptaran cuentas de correo electrónico de varios periodistas y ejecutivos de medios, leyeran sus conversaciones con fuentes y divulgaran mensajes robados.
Las actividades habrían ocurrido en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, esposo de la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
En Venezuela, "las autoridades hacen pocos esfuerzos por ocultar su espionaje en contra de periodistas. A menudo, las conversaciones que involucran a opositores políticos del Presidente Hugo Chávez Frías y a sectores críticos del gobierno son monitoreadas y registradas por el servicio secreto".
En Bolivia, el Senado abrió una investigación en torno al caso de Juan José Espada, periodista del canal crítico de televisión Unitel, quien se hallaba aparentemente vigilado por agentes de inteligencia de la policía nacional.
El CPP aclara que el espionaje de periodistas no es un estigma exclusivo de América latina y denuncia que Estados Unidos también lo padece.
En 2008, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió una disculpa luego de que sus agentes violaran procedimientos al obtener registros telefónicos de varios periodistas que cubrían terrorismo islámico en el sudeste asiático.Clarín fue blanco también de otro episodio con tintes político
Acaba de darse a conocer el informe "Ataques a la Prensa 2009" que prepara cada año el Comité para la Proteccion de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)con sede en New York. La organización testea en todos los países las agresiones a los periodistas y a los medios.
Hay un extenso apartado dedicado a la Argentina y al "acalorado debate"y a "las inquietudes" que generó la nueva Ley de Medios. Se destacó como un hecho clave el allanamiento al diario Clarín por parte de agentes fiscales en lo que el CPJ denominó "una clara represalia por la cobertura informativa del diario".
Según el CPJ, la composición de la autoridad de aplicación de la ley quedó en el centro de la polémica. Se citan declaraciones periodísticas en las que afirma que las designaciones de los integrantes de ese cuerpo encargado de aplicar la ley podrían ser "en gran medida nombramientos políticos".
El CPJ enuncia también los argumentos de quienes defendieron la nueva ley presentándola como un avance democrático y posibilidad de ampliar los espacios a una mayor pluralidad de voces. Pero, según se afirma literalmente en el informe: "A pesar de las negativas del gobierno, muchos analistas sostienen que la ley también tuvo la intención de debilitar al grupo Clarín, que tuvo una cobertura crítica del gobierno de Kirchner".
"Hay una situación muy complicada para los periodistas que hacen investigación y críticas fuertes. Muchos de ellos sienten que sus comunicaciones telefónicas son escuchadas, que están vigilados y sus correos son violados. Es una amenaza seria a la libertad de prensa", afirmó a La Nación Carlos Lauría, director para las Américas del CPJ, refiriéndose a la investigación federal que examina si agentes de inteligencia han intervenido teléfonos e interceptado mails de periodistas y políticos opositores.
"La intolerancia, la reacción permanente de ataque a los medios, y los señalamientos a los periodistas que hacen críticas muestra una actitud de desprecio por parte del Gobierno a las opiniones que son distintas, y eso es muy dañino para la libertad de expresión -indicó Lauría-. El Gobierno, con su diatriba permanente contra los medios críticos, ha instalado un clima de crispación que afecta a la democracia."
Datos:
Medios. De los 71 periodistas asesinados en 2009, el 39% escribía para un diario o revista, el 25% trabajaba en televisión, el 11% era editor y el 10%, camarógrafo. El 89% de las víctimas son hombres.
Política mortal. El 68% de los periodistas muertos cubrían temas políticos; el 25% eran corresponsales de guerra; un 10% cubría derechos humanos y otro tanto temas de corrupción.
Sin justicia. En el 94% de los casos, la impunidad es total. En el 71% de los asesinatos se sospecha de funcionarios de los gobiernos locales y en un 12% de grupos políticos. El 8% es desconocido.
Fotos: AFP Y Reuters
Fuente: AFP y La Nación