El legislador realiza un profundo análisis sobre la Ley de Medios y la compara con otras acciones que impulsa el Ejecutivo nacional.
El polifuncional jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, pretende encabezar la cruzada antimonopólica del oficialismo. Pero la versión del Dr.
Fernández y su pelotón de repetidores es, al menos, poco confiable ya que si siguiéramos sus caracterizaciones, concluiríamos en que el único monopolio en la Argentina es el comunicacional; mientras, Cargill, Pan American Energy, IRSA o Telefónica son pequeñas empresas del campo nacional y popular, merecedoras de todo el respaldo que le brinda este progresista y patriótico gobierno.Y si, como sugiere el Dr. Fernández, quienes criticamos su intachable Ley de Medios estamos sospechados de operar para los monopolios, ¿qué deberíamos pensar de la Presidente de la Nación, que vetó la ley 26.418 de Protección de Glaciares que el Congreso había sancionado por unanimidad, en la que estaban incluidos los propios legisladores oficialistas?
Sobre todo si tomamos en cuenta que, tras el veto presidencial, las acciones de la Barrick Gold Corporation aumentaron notablemente su cotización en el mercado financiero mundial y que el veto presidencial le permitirá desarrollar la multimillonaria extracción de Pascua Lama, utilizando este vital recurso que pertenece a los pueblos argentino y chileno.
La Barrick es la corporación multinacional minera dedicada a la extracción de oro más grande del mundo. Extrañamente, es ajena a la sensibilidad antimonopólica del jefe de Gabinete.
El monopolio mediático en ciernes
En realidad, lo que el Grupo Kirchner se propone con su Ley de Medios no es otra cosa que eliminar la competencia para permitir así la expansión de un holding comunicacional asociado y complaciente. Relación que alguna vez imaginó tener con aquellos a los que hoy demoniza.
El mismo estaría integrado por un tándem de empresas -a las que, directa o indirectamente, se encuentra vinculado-, donde no tardarían en articularse los pequeños medios del interior, impedidos por sus limitaciones estructurales y económicas de desarrollarse por otra vía. (En este aspecto, como se verá, el 66 por ciento del sector social y público juega un rol condicionante).
No es tan difícil advertir lo que se viene. Como dijimos en su momento, la clave tecnológica para el dominio del mercado local está en la red telefónica, considerando que el empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales, conocido como Triple Play, es la prestación predominante a escala mundial.
En este sentido, quisiera destacar que la empresa Telefónica, al anunciar hace unos días su plan de inversiones en Argentina (se habla de 2.100 millones de pesos, destinados principalmente al desarrollo de infraestructura para banda ancha, para 2010), expresó -a través de su presidente local, Eduardo Caride- la intención de dar contenidos televisivos a través del Triple Play.
Consultado periodísticamente acerca de cómo pensaban hacerlo -ya que las telefónicas habían quedado, merced a nuestro accionar, aparentemente excluidas del negocio televisivo por la Ley de Medios-, el directivo afirmó que la convergencia era inevitable y se mostró confiado en que la posibilidad aparecerá tarde o temprano, tras señalar que "el sol no puede taparse con las manos". (La Nación, 22 de diciembre de 2009).
Es que si bien se retiró el artículo de la original Ley de Medios K que habilitaba a las corporaciones telefónicas para obtener licencias, es evidente que todo el proyecto está orientado a que tal cosa efectivamente ocurra. Para confirmarlo, basta con revisar la Resolución 275/2009 del ComFeR que, en abril pasado, reabrió la posibilidad de ingresar al negocio de la televisión por cable en todo el país habilitando -según su propio texto- la venta de pliegos para los servicios "complementarios de radiodifusión por vínculo físico".
El artículo 20 de la norma señala que "los oferentes podrán utilizar postes, columnas, ductos, redes y/o infraestructura propia o arrendarlos a terceros para la prestación del servicio". Este último ítem permite a los cableoperadores, interesados en brindar el servicio, alquilar la infraestructura que ya tienen instaladas Telefónica y Telecom.
Los medios chicos amenazados
La publicidad y el financiamiento constituyen un problema angular en materia de medios. No se puede plantear la creación de nuevos medios sin ofrecer una alternativa para solventar todo el costo y gasto que significa el funcionamiento de una radio o un canal de televisión.
En este sentido, la Ley K resulta completamente adversa a la desmonopolización de los medios que dice tener como objetivo. Fundamentalmente, porque ofrece una notoria desventaja para los medios de menor formato que pueblan el extenso territorio argentino.
Les impone una contundente desventaja ya no solamente en relación a los medios de mayor formato sino también con las organizaciones no gubernamentales respecto de la competencia en la captación de recursos, ya que estos podrían adjudicarse licencias en forma directa (art. 37); quedar exentos de parámetros tributarios; recibir asignaciones del presupuesto nacional y tomar donaciones en forma completamente libre.
Otro golpe mortal para los pequeños medios del interior es la posibilidad de que cada municipalidad posea su emisora. Se trata de un competidor con presupuesto propio. Es de esperar, asimismo, que las emisoras municipales concentren su inversión publicitaria y la de sus proveedores, que ya no recibirán los medios zonales.
Como dato ilustrativo: según informó recientemente el diario Página/12, la AFA, de Julio Grondona, tendrá un canal de TV y una radio propia. AFA TV, tiene prevista su puesta en funcionamiento en coincidencia con el bicentenario de la Revolución de Mayo y en vísperas del Mundial de Sudáfrica. Según este mismo medio, el canal se financiaría con una parte de los $ 600 millones anuales que le ingresarán al fútbol desde las arcas del Estado Nacional.
No es difícil imaginar que el manejo discrecional de la pauta publicitaria oficial tendrá por objetivo el sostén de estos medios emergentes de su propia creación y no la gran red de pequeños medios que cruza el país de lado a lado.
Para terminar
En breve síntesis, diremos una vez más que la Ley de Medios K no se propone otra cosa que sustentar la hegemonía mediática del holding oficialista, acompañado por el multimedios público actualmente en construcción. Desde las corporaciones extranjeras hasta el "capitalismo de amigos", pasando por los sindicatos y la AFA, conforman este armado mediático al que el alicaído kirchnerismo confía sus chances electorales para 2011.
Podemos -y debemos- decirle que no pues, además de una engañosa mezquindad de objetivos, la Ley de Medios K se impuso como un atropello a la legalidad. Se cometieron evidentes transgresiones en las comisiones legislativas, la formación del quórum fue irregular y hasta se desconocieron artículos de la Constitución Nacional.
Por eso la Justicia ha dictado una medida cautelar suspendiendo su aplicación en todo el país, luego de la denuncia que presenté.
Estoy convencido de que todo lo mejor que podamos lograr como Nación se basa en el mantenimiento y respeto de la legalidad. En esta perspectiva, incluyo un nuevo y eficaz ordenamiento de la actividad comunicacional, basado en el derecho popular a la información y no en intereses de grupo.
Se puede escuchar que la legitimidad de la Ley de Medios K deviene de la conformidad obtenida en los foros públicos y que, por esta misma razón, debe repudiarse cualquier dictamen judicial en su contra.
Notablemente parecido a la "autoridad del rating" que esgrimen las empresas comunicacionales dominantes, se trata de un argumento poco feliz. Hannah Arendt escribió que la operación fundamental del totalitarismo es sustituir la ley por el consentimiento.
Lo que se dirime en la discusión por la Ley de Medios K es mucho más que una elección, aunque éste sea el objetivo excluyente del kirchnerismo. Lo que está en juego, realmente, es el orden de legalidad y legitimidad mismo de la democracia argentina.
*Diputado nacional por Mendoza
Fuente: Diario Los Andes