Artífice, junto con el matrimonio Kirchner, de un estilo esquivo hacia los medios,
sobre todo los críticos, el hombre que manejó con discrecionalidad la millonaria pauta oficial subió la apuesta y en una entrevista telefónica con La Nación, dijo que no se arrepentía de nada. "No tengo autocríticas para hacerme", declaró, mientras se despedía con un "seguiré siendo un soldado", dedicatoria de tono épico para sus jefes políticos. Usted es uno de los funcionarios más cuestionados por la Justicia. ¿Se fue por esas causas?
Para nada. Y no estoy tan cuestionado. Tengo sólo dos causas. Como todos los que pasamos por la gestión, tenemos denunciadores. Todas mis causas judiciales nacieron de denuncias mediáticas sin sustento.
Pero en las investigaciones está cuestionado por haber beneficiado con pauta oficial a empresas con las que tenía alguna cercanía.
El juez Octavio Aráoz de Lamadrid, que se sacó un 1 en un examen, me llama a indagatoria sin haber hecho un peritaje contable de mis empresas. Está claro que son operaciones mediático-judiciales.
¿No cree que esto se resolvería si hubiera criterios para la distribución de la publicidad del Estado y no quedara librada a la decisión de un gobierno?
No. Es muy difícil fijar esos criterios. Además, también debería estar regulada la pauta de las empresas privadas, que deberían tener responsabilidad social.
Pero el Estado debería dar el ejemplo...
Al Estado se le pide más porque somos un gobierno peronista. Si gobernaran radicales, no dirían nada.
Se va con una imagen pública muy dañada. ¿Le hace un favor a la Presidenta con su renuncia?
Ningún funcionario que está en el frente de batalla tiene buena imagen, sobre todo cuando tenés en contra una sistemática campaña mediática. Es parte del juego. Si peleamos como lo hicimos por una nueva ley de medios, era obvio que nos iban a atacar como lo hicieron.
¿Se arrepiente de algo?
De nada. Volvería a hacer todo lo que hice. Yo puse todo de mí. Y no tengo mucha autocrítica para hacerme. Voy a seguir siendo un soldado y apoyaré este proyecto político desde el sector privado.
Se despidió con un pedido: quiso hacerle un agradecimiento especial a la Presidenta, y con tono de quien libra una batalla, finalizó: "Me conmueve dejar el puesto de lucha".
El uso de una herramienta de presión
Por: Alvaro Herrero
En los últimos años se han multiplicado las denuncias sobre la utilización abusiva de la publicidad oficial. Millonarios fondos públicos -aproximadamente 400 millones durante 2008, en el caso del Poder Ejecutivo Nacional- han sido utilizados discrecionalmente y con escasa transparencia. Su irregular manejo ha dado lugar a distintas denuncias judiciales, que involucran al máximo encargado del reparto de la pauta.
Pero además, según detectó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en sus investigaciones, la distribución de publicidad estatal -a cargo en amplia medida de la Secretaría de Medios de la Nación, que canaliza gran parte del gasto del Poder Ejecutivo- ha servido en ocasiones para beneficiar o castigar a medios de comunicación y periodistas de acuerdo con su línea editorial o afinidad personal con el Gobierno.
Se trata de una práctica que viola la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos y que constituye un patrón recurrente también a nivel provincial y municipal, donde el juego de presiones a través de la pauta adquiere otras dimensiones debido a la debilidad financiera de la mayoría de los medios de comunicación y su consiguiente dependencia de fondos estatales.
El manejo arbitrario y abusivo de la publicidad oficial puede y debe limitarse con una regulación adecuada que -entre otras cuestiones- establezca criterios claros, precisos y equitativos de asignación, incorpore mecanismos exhaustivos de transparencia y de control, restrinja su utilización en época electoral y evite su uso propagandístico.
Bien utilizada, la publicidad oficial puede ser un instrumento importante en la gestión y comunicación de políticas públicas, la promoción de derechos y el impulso a la participación ciudadana. Desde la ADC hemos reclamado, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, que el Congreso sancionara una ley de publicidad oficial, algo que no fue posible hasta el momento, pese a que existen varios proyectos presentados por distintas fuerzas políticas. Una discusión amplia sobre la materia debería estar dentro de las prioridades de la nueva agenda legislativa.
El autor es director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles
Fuente: Diario La Nación