La cúpula de la AFSCA estará conformada, además del mandatario chaqueño, por el titular del viejo
Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto; Eduardo Seminara (por los sectores académicos) y Manuel Baladrón (diputado nacional). También es parte del elenco el especialista en medios Claudio Schiffer, pero éste recién podría asumir luego de un período abierto a eventuales impugnaciones.Misión delicada
En las últimas semanas se habló de que Capitanich podría ser elegido como titular de la Autoridad Federal, una apuesta fuerte del gobernador, que seguirá pagando costos por defender la normativa aprobada este año por el Congreso.
La nueva ley obligará, entre otras cosas, a que los grandes multimedios conformados en la era menemista vayan desmantelándose paulatinamente, y que se terminen los manejos monopólicos en el multimillonario mercado de la televisión por cable, donde Cablevisión y Multicanal se llevan la parte del león, funcionando como empresas separadas aunque ambas en realidad pertenecen al Grupo Clarín.
La Ley de Medios reemplazó a la Ley de Radiodifusión impuesta por la última dictadura militar, concebida con un criterio muy restrictivo y autoritario. Los lobbies empresarios impidieron que la norma fuera reemplazada por una ley elaborada en democracia. El Congreso, en más de tres décadas, se limitó a votar parches y enmiendas, algunas veces para favorecer negocios sectoriales, como cuando habilitó la privatización de los canales del Estado y la conformación de holdings de medios.
Oposición cerrada
En general, la oposición, que se resistió tenazmente a la aprobación de la ley, tras la derrota en las votaciones del Congreso se dedicó a tratar de restarle legitimidad a la autoridad de aplicación, negándose a designar los representantes que se reservaron para las minorías parlamentarias en la Comisión Bicameral que hará el seguimiento de la ley.
Además, se presentaron distintas impugnaciones contra los representantes del oficialismo, e incluso contra Capitanich. Una de ellas fue formulada por el director del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique del Carril, que sostuvo que “está clara la intención del gobierno de usar esta ley como una herramienta para amordazar a la prensa”, dijo Del Carril.
Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), dijo para el gobernador chaqueño “existe una clara incompatibilidad funcional, en la medida que desempeñaría dos puestos en la administración pública de dedicación completa, además de una evidente incongruencia geográfica”.
Tampoco fue llana la conformación de la Comisión Bicameral. El jefe de la bancada K de Diputados, Agustín Rossi, fue nombrado presidente de ese órgano de seguimiento y designó a los representantes por la primera minoría parlamentaria ante la autoridad de aplicación y el directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, pero la oposición se retiró de la primera reunión, alegando estar disconforme por “la metodología empleada”.
El oficialismo, en cambio, cree que la oposición busca vaciar los órganos de aplicación para debilitar la ley y hacerle el juego a los grandes medios, que vienen castigando al gobierno nacional con denuncias y la permanente difusión de noticias sobre la inseguridad y la pobreza, mientras mantiene la imagen de los principales referentes de los demás partidos.
Fuente: Diario Norte