La ex ministra de Medio Ambiente de Argentina, Romina Picolotti, dijo a los diputados canadienses que había sida amenazada y obligada a renunciar como
consecuencia de las actividades agresivas que llevaron adelante empresas mineras de Canadá que se oponían a los esfuerzos de su ministerio para que las operaciones mineras en Argentina cumplan con el cuidado del medio ambiente.Al declarar, en una video conferencia desde Argentina, en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Picolotti destacó que Barrick Gold Corp. realizó acciones con el fin de influenciar política y económicamente para desactivar la intervención del gobierno en sus acciones mineras en la Argentina.
Barrick, el productor de oro más grande del mundo, pudo convencer al gobierno argentino para que vete la Ley de Glaciares, que afectaba a una de sus operaciones, hoy se conoce esta operación como "el veto de Barrick", dijo Picolotti.
Se refería a la decisión de la presidenta argentina Cristina Fernández el año pasado de vetar la legislación sobre protección de glaciares que podrían haber afectado al emprendimiento de la Barrick en Pascua-Lama en la cordillera de los Andes.
Picolotti le dijo a los diputados que la resistencia de las compañías mineras extranjeras a legislación minera se debía a la exigencia de reforzar la vigilancia del medio ambiente.
"Yo y el personal a mi cargo fuimos amenazados después de nuestra intervención. Mis hijos fueron amenazados. Mi oficina fue intervenida. Mi personal fue comprado y los funcionarios públicos se convirtieron en asalariados de Barrick Gold", dijo a los diputados.
"En última instancia, me vi obligada a dimitir debido a presiones insuperables de empresas como Barrick Gold, que en última instancia, se salen con la suya cuando nuestras instituciones no logran controlar su desempeño y cumplimiento."
Vincent Borg, portavoz de Barrick Gold, dijo que las acusaciones de Picolotti son "inconcebibles". "Es un día triste, escuchar ante una comisión de nuestro Parlamento, esas denuncias falsas y perjudiciales", dijo.
"Si hay algo de cierto en eso, supongo que habría informado de esas tonterías para que sea investigadas por las autoridades policiales en la Argentina. Para mi este no ha sido el caso. Deberían haber sido investigadas. Era su responsabilidad de llevar esto a la justicia, si de hecho este tipo de cosas se habrían producido".
La legislación le daría al gobierno federal canadiense el poder de investigar las denuncias de que las operaciones mineras canadienses en el extranjero no estaban en conformidad con normas internacionales de derechos humanos y las normas ambientales.
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