denuncia irregularidades administrativas en el directorio.Según el texto presentado, se produjo una “alteración del orden temporal” de dos reuniones de directorio de la empresa donde el Estado nacional posee el 27% de las acciones, y señala “la ocurrencia de diversas irregularidades, respecto de la instrumentación de dos reuniones consecutivas de Directorio efectuadas el 4 de noviembre”. Las irregularidades en las actas se habrían perpetrado para aprobar un balance financiero.
"En la primera reunión del día, donde entre otras novedades 'hubo un cambio de Presidencia asumiendo el Director Dr. Maquieira en reemplazo del Dr. Saguier quien mantuvo el cargo de Director` y debiera tratarse luego el balance correspondiente al tercer trimestre que finaliza el 30 de septiembre del presente año, con la abstención de algunos directores, en la segunda reunión del día, ya con las nuevas autoridades designadas", relata el texto.
Los directores representantes del Estado –siempre según la denuncia oficial presentada por TelAm- observaron irregularidades en esa reunión, por lo que “recabaron la presencia del Escribano Mayor del Gobierno, quien procedió a instrumentar los señalamientos concretos".
Según consta en la denuncia, tras leer los "proyectos de actas correspondientes", Pablo Cerioli, Eduardo Gallo y Beatriz Paglieri, los directores que representan al Estado, le hicieron saber al nuevo presidente de la sociedad, Alberto Maquieira, que "podían comprobarse errores y que en diversos aspectos no responde[n] a lo acontecido durante las reuniones efectuadas".
Moreno explicó que tras las observaciones se presentó en Papel Prensa el escribano mayor del Gobierno, quien labró un acta notarial que determinaba que "no coincidían los hechos relatados en el borrador con lo efectivamente ocurrido".
El escribano también determinó que "las constancias obrantes en el borrador del acta recibido no referían a la realidad pues fueron producidos como consecuencia de alterar el orden temporal de ambas reuniones de Directorio".
Entre esos señalamientos, el escribano manifestó entre los errores que “presidía el Dr. Saguier, a quien ya se le había aceptado la renuncia en el momento de tratar el balance”, “figuraba justificada la inasistencia del director Dr. Francisco Iván Acevedo cuando en realidad ya había renunciado” y “no constaba la presencia ni la abstención del voto del Dr. Bazán", enumera.
La ofensiva contra Papel Prensa se inició el 14 de setiembre pasado, cuando Moreno reunió a todos los directores y los síndicos del Estado y les anunció que se iniciaba un proceso que iba a culminar en la intervención de la empresa y veladamente los amenazó con "partirle la columna o sacarles los ojos" si revelaban esa información, según denunció Carlos Collaso, uno de los representantes del Estado que llevó las amenazas del cuetionado funcionario a la Justicia.
El siguiente paso fue la intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Este organismo preguntó por qué faltaban las firmas de los directores estatales en el balance de Papel Prensa, por lo que Moreno forzó la renuncia de Eduardo Hecker. La semana pasada, el Gobierno destituyó a Alberto Pacios, número uno de la SIGEN, porque avaló el accionar de los síndicos en la empresa, Carlos Vidal y Alejandro Turri. Así completó el ajedrez de renuncias y despidos que tendría al final del camino, según se sospecha en el ámbito empresarial, la decidida intención del gobierno kirchnerista de quedarse con el control de la empresa.
Por último, hace dos días, Boudou anunció que el Gobierno le informará al Congreso sobre el funcionamiento de Papel Prensa, al tiempo que denunció que los accionistas privados no entregan información económica y financiera al socio estatal y que en las últimas asambleas de Papel Prensa hubo "desprolijidades", informó DyN.
Respuesta de AdEPA tras la ofensiva oficial en Papel Prensa
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) emitió hoy un comunicado para manifestar "su honda preocupación ante la escalada de hostigamiento oficial contra el periodismo independiente".
"Esta escalada se manifiesta en una sucesión de hechos originados directamente en el Poder Ejecutivo Nacional o con la indisimulada anuencia del mismo", planteó.
Según la asociación, "el último capítulo" de la "escalada" es la denuncia en la Justicia de Guillermo Moreno por supuestos defectos formales en la confección de actas del directorio de Papel Prensa.
"Dicho funcionario es el mismo que está siendo investigado en la justicia penal por los delitos de amenazas e intimidación contra la empresa y sus directores", consignó.
"Intervención gubernamental". "Indudablemente, este plan de hostigamiento parece orientado a lograr una intervención gubernamental sobre una empresa cuyo capital es mayoritariamente privado y que abastece a más de 170 diarios en todo el país", pronosticó. "AdEPA no puede menos que alertar sobre los peligros que esta situación acarrearía para la libertad de prensa, ya que el dominio estatal sobre el principal proveedor de papel constituiría la llave para el control político de este insumo esencial para la existencia de diarios y periódicos", advirtió.
"Reflexión". La asociación "exhorta a la reflexión a quienes hoy tienen las más altas responsabilidades de gobierno". Además, compara la "escalada de hostigamiento tendiente a acallar a la prensa independiente" con tratar de "silenciar a la opinión pública".
"AdEPA no puede menos que alertar sobre los peligros que esta situación acarrearía para la libertad de prensa –expresa el comunicado-, ya que el dominio estatal sobre el principal proveedor de papel constituiría la llave para el control político de este insumo esencial para la existencia de diarios y periódicos".
En ese sentido, sostiene que "a semejante intromisión, que está vedada por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se añade el hecho particular de que la mayoría del paquete accionario de Papel Prensa pertenece a los dos medios gráficos de mayor circulación nacional y que han sido objeto de diversas medidas para amedrentarlos, como fue denunciado recientemente por AdEPA y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)".
La entidad "exhorta a la reflexión a quienes hoy tienen las más altas responsabilidades de gobierno. Continuar con esta escalada de hostigamiento tendiente a acallar a la prensa independiente, es lo mismo que trata de silenciar a la opinión pública. Sabido es que sin una opinión pública debidamente informada, la democracia es una mera entelequia".
"Nada es casual". AdEPA consignó en el comunicado que "nada es casual" y mencionó "las manifestaciones descalificatorias hacia la labor de la prensa vertidas por altos funcionarios y legisladores del oficialismo durante el tratamiento y sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual" y la "nunca aclarada irrupción de miembros de la AFIP en la sede del diario Clarín".
También se refirió al bloqueo a las plantas de distribución de La Nación y Clarín de parte del gremio de los camioneros, "un sindicato cuyos titulares mantienen una más que estrecha relación con el gobierno nacional".
Fuentes: Diarios La Nación y Clarín, Agencias TelAm y DyN