Un mes después de aquella reunión en la cual el secretario de Comercio Interior habría advertido que tenía a sus “muchachos dispuestos a partirle la columna y hacerle
saltar los ojos al que hable” sobre las supuestas intenciones del Gobierno de intervenir la papelera que tiene mayoría accionaria del Grupo Clarín, desplazaron a dos síndicos del Estado, Carlos Manuel Vidal y Alejandro Turri. El primero se había opuesto de manera tajante a la embestida de Moreno, argumentando que “todos debían atenerse a la ley aunque fueran funcionarios estatales”. Por tratarse de los síndicos de la compañía, que cotiza en la Bolsa de Comercio, la información debe ser comunicada ahora a la Comisión Nacional de Valores.Este episodio generó la apertura de un expediente judicial, que está en manos del magistrado Octavio Aráoz de Lamadrid, a causa de una denuncia del Grupo Clarín por “abuso de autoridad e intimidación” contra Moreno, que fue ampliada esta semana al ministro de Economía, Amado Boudou, a quien acusan de ser un partícipe necesario de una maniobra extorsiva. Esta causa incluye también el allanamiento de la AFIP en el edificio de Clarín, aunque el fiscal Gerardo Pollicita está pidiendo que se investigue la trama en dos causas separadas.
La intimidación a los representantes del Estado ante Papel Prensa fue denunciada a principios de octubre por uno de los integrantes del Consejo de Vigilancia de esa empresa, en representación del Estado, Carlos Collaso. Horas después, presentaron su renuncia dos de los directores estatales en la empresa, Mauricio Mazzón y Juan Drucker. Fue días antes de que Beatriz Paglieri –mano derecha de Moreno– fuera designada oficialmente como representante del Estado en la empresa, y que el propio ministro de Economía, Amado Boudou, admitiera que el Gobierno avanza en “controles” sobre la firma.
Fuente: Crítica de la Argentina