A continuación, se esbozan algunas consideraciones sobre los ejes bajo los que se habría desarrollado el debate por la Ley Audiovisual.
Por: Federico González
1. Lo que el oficialismo argumentó a favor de su proyecto.
La ley contribuirá a desmonopolizar un mercado concentrado, permitiendo su transfiguración en otro abierto y pluralista, donde
existirán más voces con poder expresivo.Tal transición provocará la incorporación de pequeños actores que podrán desarrollar nichos del mercado de producción audiovisual hasta ahora no explorados.
Eso redundará en mayores fuentes de trabajo debido a la incorporación de nuevos generadores de bienes culturales que hasta ahora no podían plasmar sus producciones.
La nueva ley representaría un sólido puente que debería transitarse para arribar a un nuevo “renacimiento expresivo”, que amplificará las voces que hoy desean hacerse escuchar, pero que el rígido corset de intereses hegemónicos no permite oír.
2. Lo que el oficialismo argumentó en contra de la oposición.
El oficialismo se centró en descalificar a la oposición sosteniendo que toda crítica a un proyecto de ley portador de méritos tan evidentes, el único fin comprensible que podría perseguir radicaría en la defensa de los intereses económicos de grupos de multimedios.
Así, un núcleo argumental para descalificar las críticas de opositores se sintetizó en el intento de adscribirlos dentro de la categoría de “voceros de los intereses de las corporaciones mediáticas”.
En la versión más radicalizada, se sugirió una continuidad histórico-ideológica entre los intereses de los actuales grupos multimediales, cuyo rol durante la dictadura habría sido cuestionable, expresada en su renuencia a modificar una ley sancionada bajo ese régimen.
3. Lo que la oposición argumentó en contra el proyecto oficialista.
La ley propuesta lejos de democratizar y desmonopolizar el mercado sería otro intento del oficialismo de utilizar al Estado en pos de su propio beneficio. Específicamente: tratar de controlar y acallar las voces opositoras para poder consolidar y perpetuar su poder.
De implementarse, la vigencia de la ley implicaría el desguace de cadenas de medios ya establecidas.
Eso, lejos de propiciar el idílico renacimiento expresivo generaría un nuevo buró disciplinario capaz de decidir quién puede erigirse en agente emisor de opinión.
Adicionalmente, el colapso de las empresas generadoras de fuentes de trabajo aumentaría la tasa de desempleo del sector de producción de bienes culturales.
El resultado de la ley sería entonces el primer acto de una tentación controladora que conduciría a una aventura distópica con final anunciado, de características parangonables a las exhibidas por el régimen chavista (intervención y/o cierre de medios opositores, hostigamiento del periodismo independiente, avance hacia la censura de contenidos, etc.)
En síntesis, según la oposición, el proyecto de ley oficialista escondería un costado paradojal: pretendiendo instaurarse como un avance democrático y progresista, terminaría pareciéndose a aquello a lo que pretendería superar.
4. Una conjetura Borgiana para comprender por qué los hombres, a veces, no pueden sortear el pantanoso terreno del pensamiento dilemático.
Jorge Luis Borges citando a Coleridge, para quien los hombres nacen aristotélicos o platónicos, sostiene que “a través de las latitudes y de las épocas, los dos antagonistas inmortales cambian de dialecto y de nombre”, pero, en esencia, sus cosmovisiones se mantienen invariantes.
Ignoro la universalidad de tal conjetural dicotomía. Lo cierto es que en estas alejadas pampas, unitarios o federales, civilización o barbarie, peronismo o antiperonismo, etc. parecen la corporeización cambiante de esas cosmovisiones irreconciliables.
Quizás en el núcleo de un debate donde pretende legislarse para problemas del siglo XXI, se filtren los ecos silenciosos del eterno desencuentro de los argentinos, que nos siguen acosando desde hace siglos.
*Director de la consultora Opinión Autenticada.
Identidad cultural con muchas voces
El impulso de una nueva Ley de Servicios Audiovisuales necesita un debate social y parlamentario no sólo amplio sino sin apuros innecesarios.
Por: José Miguel Onaindia
El impulso de una nueva Ley de Servicios Audiovisuales necesita un debate social y parlamentario no sólo amplio sino sin apuros innecesarios. En veinticinco años de post dictadura
hubo intentos de modificar la ley vigente, cuya matriz proviene del último gobierno “de facto” con varias reformas parciales, pero esos proyectos quedaron truncos por acción u omisión del partido gobernante, que tuvo mayoría parlamentaria en casi la totalidad de ese período. No sólo este motivo obligaba a tratar una nueva norma integral sobre la materia. Sin duda, entre esta variedad de motivos, el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación y la denominada “globalización” que ese proceso ha permitido presentan, frente al ejercicio de ciertos derechos humanos esenciales, una importancia que obliga a efectuar su regulación desde nuevos criterios de análisis.El respeto de las formas tanto en la vida pública como en la vida cotidiana de los ciudadanos es esencial en una sociedad democrática porque el Estado de Derecho no significa otra cosa que gobernantes y gobernados se sometan al imperio de la ley y al respeto de normas de convivencia.
La forma en la sanción de una ley es algo indispensable. Hay un capítulo de la Constitución que trata sobre este tema y los reglamentos de ambas cámaras también fijan disposiciones estrictas. Más allá de los procedimientos específicos, está la correcta forma de su aplicación y la utilización de los principios y modales que la democracia impone: una escucha atenta y respetuosa de las opiniones, elaboración de consensos razonables, uso transparente de los mecanismos para arribar a la sanción de la ley. Los principios que fueron aplicados para la protección de los derechos humanos en general y, especialmente, aquellos que se vinculan con la expresión, la creatividad y la producción de bienes culturales merecen una nueva reflexión para adaptarse a los conflictos que la realidad hoy plantea. Sólo este camino permitirá resolver la tensión que presenta el goce de los derechos de libertad de expresión e información frente a otros derechos y deberes consagrados también constitucionalmente, como la protección de la identidad y pluralidad cultural, como de los espacios culturales y audiovisuales (art. 75 inc. 19, último párrafo, incorporado por la reforma de 1994).
Así como la pluralidad ideológica es indispensable para la democracia política, la protección de la identidad cultural y de la diversidad de estas expresiones son la garantía para su goce y el desarrollo de las industrias culturales que le dan sustento. Pero no puede olvidarse que el concepto de identidad cultural, si no es combinado con el de pluralidad, conduce indefectiblemente a una concepción autoritaria, porque la riqueza cultural de un pueblo surge de su diversidad contradictoria, de la existencia de creadores y pensadores reñidos entre sí y representativos de visiones del mundo y del arte opositoras. La identidad protegida constitucionalmente debe ser el resultado de ese complejo proceso de síntesis entre lo que se repele y rechaza, pero forma en su conjunto el “todo” protegido por el jurista.
Por la complejidad que la sanción de una nueva y necesaria ley de servicios audiovisuales conlleva, por la importancia que su sanción tiene para el sistema político, su discusión y aprobación no debe plantear ninguna duda. La violación de requisitos esenciales que el proceso de sanción de una ley impone, la restrictiva participación de los ciudadanos en las denominadas “audiencias públicas”, la rapidez con que se obliga a tratar el proyecto, el desconocimiento de los cambios introducidos para lograr su media sanción y la restricción de su debate en las comisiones son sólo algunas de alteraciones que demuestran el alejamiento de las formas debidas para la sanción de una ley plural que afecta la vida de todos los ciudadanos. Cuando las formas ordinarias se vulneran y la excepción se convierte en regla, como afirma Giorgio Agamben, el sistema jurídico-político se transforma en una máquina letal.
*Prof. de Derecho Constitucional y Legislación Cultural en UBA, UNC, Flacso, UP.
Fuente: Diario Perfil