Sr. Director:
Le escribo en virtud de la edición de DsD de la fecha, que sintetiza la repercusión que tuvo la difusión por Canal 7 del video anónimo que intentaría denunciar una trama de corrupción que afectaría a Repsol-YPF y que pretende implicar en ella al columnista Carlos Pagni, de La Nación.
A mi juicio, la amplificación por Canal 7 del video anónimo (que venía circulando en algunos blogs) revela la necesidad de aplicar la nueva ley de medios audiovisuales para que los medios de gestión estatal se transformen en medios públicos.
Un medio verdaderamente público (y en consecuencia, no gubernamental) no hubiera difundido esas imágenes sin, cuanto menos, cumplir cuatro requisitos básicos: hacer una previa investigación sobre el origen y verosimilitud del video y tener certezas al respecto; contar con el testimonio de las personas allí mencionadas y con su correspondiente descargo; inscribir el hecho en un contexto de polución del uso de cámaras ocultas en la última década y media que casi exclusivamente (con dos excepciones) vulneraron los derechos a la privacidad y no aportaron información significativa; y por último compartir con su audiencia una reflexión crítica sobre la cobardía e improcedencia de sostener el anonimato como fuente de información para desvelar cuestiones supuestamente ligadas al interés general.
El video fue difundido en el programa “6, 7, 8” de Canal 7 y ayer sus periodistas aclararon que fue el editor responsable (el productor del envío) quien incluyó las imágenes en el ciclo, lo cual agrava la responsabilidad de la emisora porque significa que los periodistas no pudieron desarrollar su labor de modo razonable, aunque también vale señalar que a diferencia de la mayoría de los medios de gestión privada, los periodistas pudieron luego realizar su descargo.
En otro contexto, probablemente no sería necesario expresar que mi pensamiento y mis posiciones se sitúan en las antípodas ideológicas y, en muchos casos, procedimentales, de las del matutino La Nación.
Precisamente por ello, por convicción y por la necesidad de sostener a cara limpia las posturas que comparte un amplio sector sobre la democratización de la comunicación, es que considero repudiable la propalación por el canal de gestión estatal de las imágenes anónimas.
La pantalla de la televisión pública no puede ensuciarse con operaciones infames.
Cordialmente.
Dr. Martín A. Becerra
Director Departamento de Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Quilmes
Fuente: Cartas del DsD
