Con lo que decís y filmás, te reviento de un piedrazo". La cronista televisiva escucha la amenaza y alcanza a correr con el camarógrafo para evadir la agresión física y verbal de participantes de una protesta gremial municipal en la Ciudad de Córdoba. Al llegar a su canal, el informe que la empresa envió a la oficina central en Buenos Aires dijo
"No pasó nada, no hubo daño a la cámara ni al vehículo". El hecho narrado dejó en claro la poca importancia que se les da, a veces, a las personas que ejercen el periodismo. Para determinados sectores empresariales, el periodista no es un valor de mercado relevante; es más importante la preservación de la filmadora y demás bienes materiales que ocuparse de las consecuencias de los sufrimientos físicos y espirituales vividos por quienes ejercen la profesión de informar.En el mismo sentido, inaceptable, un referente de un importante gremio de Córdoba, para estupor de muchos, manifestó a un grupo de periodistas: "Perdón, muchachos, pero si no se va contra ustedes no somos noticia". Se pretendía justificar de esa manera las agresiones producidas por parte de activistas a algunos periodistas y un fotógrafo de un medio gráfico al cubrir una marcha gremial. El perdón no era una disculpa o un acto de arrepentimiento sino la profecía de un accionar tenido por válido, que hiere la conciencia social y el respeto que merece el trabajo periodístico.
Mientras tanto, los agresores se tapan los rostros y en la clandestinidad que da impunidad actúan en un vale todo. Aun así, se obliga a filmar y registrar sólo los pies o de lejos, porque se amenaza gravemente a camarógrafos y fotógrafos.
Las escuchas clandestinas y las cámaras ocultas cada día más se dirigen a no dejar nada de la vida de los periodistas sin auscultar. Es la antesala de aprietes para condicionar su trabajo y. a veces, incluso su vida privada.
Por su parte, la política los ha tomado como blanco dilecto, buscando disciplinar al periodismo independiente. Siempre encuentran en periodistas operaciones de desestabilización y mentiras. Son objeto de insultos y amenazas, legales y de las otras, desde deportistas que los balean y agravian hasta políticos que actúan injuriando y condicionando la tarea de informar.
A su vez, gobernantes y funcionarios de distintos rangos y partidos y de todos los ámbitos no trepidan en señalar a periodistas con nombre propio, en verdaderas arengas públicas, y culpabilizarlos de supuestos daños sufridos por su información, sin reparar en que de esa manera se pone en peligro la vida y la integridad física del informador y de su familia. El periodista, a diferencia de los funcionarios públicos, no tiene custodia personal ni asistencia policial especial y puede ser blanco fácil de fanáticos y oportunistas que buscan congraciarse con el poder de turno.
Asimismo, muchos gobernantes en nuestro país, en una inaceptable postura degradante para los informadores, han llegado a sostener que antes que a los periodistas se "prefiere a los fotógrafos, porque no hacen preguntas". Y, obedeciendo a una virtual política de silencio, muchos de ellos no hablan directamente con la prensa salvo con motivo de actos públicos, y en esas oportunidades los diálogos son a los empujones y a la carrera. Diálogos éstos que, del modo en que se dan, se prestan más a humoradas o manifestaciones intrascendentes que a comentarios serios y adecuados. De esta manera también se falta el respeto a la tarea periodística, que no puede cumplirse adecuadamente.
En definitiva, se pretende que el periodismo asuma el papel de un mero público que aplauda o consienta pasivamente respecto de lo que se le dice, sin cuestionar ni preguntar en nombre de la sociedad que representa para informar.
Mientras tanto todavía se demanda penalmente por calumnias e injurias a los periodistas por informar sobre actividades de interés público. Se sigue utilizando el Código Penal para acallar a la prensa y amenazarla con prisión. La Argentina ha sido intimada en el caso "Kimel Eduardo"; la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en mayo del 2008 que se procediera a dejar de incriminar la opinión. Existe en este momento un proyecto en ese sentido del Poder Ejecutivo Nacional enviado al Congreso de la Nación. Es de desear que pronto se sancione.
A lo referido hay que agregar el peligro que existe, hoy como nunca, cuando el periodismo investiga e informa sobre graves violaciones de derechos humanos, narcotráfico, trata de personas, corrupción gubernamental y demás delitos que atacan gravemente a la sociedad. El desafío es enorme, hay que evitar que el miedo paralice y debemos acompañarlos activamente. No se los puede dejar con la sensación de soledad en la lucha.
Por su parte, y como un lamentable dato de la realidad, se ha precarizado demasiado la situación laboral de muchos periodistas profesionales, lo que hace que en algunos casos resulten ser ellos el fusible que se hace saltar con facilidad cuando su accionar periodístico informativo molesta a algunos intereses. Aparece entonces la autocensura o su otra cara oscura, la sobreactuación periodística a favor de los poderosos.
No se puede permitir el uso subalterno de la profesión periodística, pero habrá que trabajar los caminos éticos y del derecho no penal para que se asuman las responsabilidades que correspondieren. Mas la sociedad toda debe exigir que los periodistas logren tener un ámbito de trabajo respetuoso a su persona, profesionalidad y función. Esos hombres y mujeres representan implícitamente a las personas y a la comunidad en el ejercicio integral del derecho humano a la información, por lo que además la tutela adecuada del ejercicio digno de dicha profesión es una garantía para todos.
*Abogado constitucionalista cordobés. Especialista en derecho de la información
Fuente: Diario Río Negro