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Por: Laura CapriataLa sanción de la ley de radiodifusión mostró visiones de la realidad contrapuestas entre oficialistas y opositores, pero hubo una única cuestión en la que unos y otros coincidieron por completo: la nueva norma pondrá de cabeza el actual mapa de medios en la Argentina.
Algunos puntos centrales de la ley harán imposible que los grupos más importantes del país sigan funcionando con su estructura actual, y deberán desprenderse de señales de radio, cable y TV abierta; achicar sus audiencias o cambiar el origen y calidad de sus contenidos.
Se debe a que la nueva ley impide que una empresa propietaria de un canal de TV abierta tenga también una distribuidora de cable y, además, que éstas tengan más de una señal de generación propia o llegar a más del 35% del mercado.
Uno de los perjudicados con esas cláusulas será el Grupo Clarín, que debería elegir si se queda con El Trece o Cablevisión/Multicanal. En caso de priorizar la distribuidora de cable, sólo podría retener una señal propia entre TN, Volver, TyC o Magazine. Y además se verá obligado a renunciar a un gran número de abonados, porque no podrá llegar a más del 35% del mercado. Lo mismo enfrentará el Grupo Uno (Vila-Manzano), dueño de la distribuidora de cable Supercanal y socio del GDN (Grupo De Narváez) en América TV y América 24. Deberán elegir entre retener la señal abierta o la distribuidora de cable.
Pero la ley también establece que ninguna compañía puede operar más de 10 licencias achicando el límite actual de 24. Eso también afecta al Grupo Uno, dueño de una veintena de radios y canales en todo el país, igual que a Clarín, que tiene 4 canales y 9 radios, es decir, 13 licencias en total.
En esa línea, el grupo cordobés Cadena 3 se verá obligado a achicar sus más de 20 señales de radio en todo el país, que en muchos casos son repetidoras locales de una misma señal principal. Eso será otro problema, porque la ley establece que sólo el 30% de la programación podrá ser en red. El resto deberían ser contenidos propios de cada AM o FM.
Un capítulo aparte merecen los grupos extranjeros de medios, porque la ley los obligará a desprenderse del 70% de su paquete accionario.
En esa situación están los grupos españoles Telefónica (dueños de Telefé y 8 canales de aire en el interior) y Prisa (Radio Continental y otras), y los mexicanos del CIE-Rock & Pop (dueños de la radio homónima y FM Metro) y de Canal 9, propiedad de Ángel González, también de México.
La ley que regía hasta ahora también limitaba a los capitales extranjeros, pero no se cumplía. En cambio, la nueva norma, en el muy criticado artículo 161, les da a todas las empresas el plazo máximo de un año para ajustarse a estas exigencias.
Esto no sólo obliga a los extranjeros a vender el 70% de sus acciones en ese plazo, sino que forzaría a las demás compañías a desprenderse de las señales y licencias que no se ajustan a la ley. Otro punto importante es la obligación de que las radios emitan 30% de música nacional y un 10% de producción independiente, lo que obligará a cambiar el perfil de las emisoras basadas en música extranjera, con condicionantes similares para los contenidos de TV.
"En vez de promover la producción estas medidas coercitivas destruirán nuestra industria audiovisual", opinó Silvana Giúdici, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión de Diputados. El senador Miguel Pichetto, jefe de la bancada kirchnerista, las elogió porque "les permiten mantener el 35% del espacio audiovisual" a los privados. Algunas diferencias en medio de una certeza: el cambio del mapa mediático.
Empresarios, cautelosos y preocupados
La mayoría no contestó o pidió anonimato; otros expresaron críticas por la actuación del Gobierno
No fueron demasiados los empresarios dispuestos a opinar con nombre y apellido sobre la sanción de la ley de medios. Muchos no respondieron los mensajes que ayer les dejó La Nación, otros pidieron anonimato y los que hablaron on the record se inclinaron mayormente por la cautela.
"Personalmente deseo que esta norma de ninguna manera afecte la libertad de expresión. Espero que su contenido esté más orientado a un reordenamiento de las comunicaciones que a afectar la libertad de los propietarios de medios o de quienes trabajan en ellos", dijo Carlos De la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, y prefirió no agregar nada más.
Menos contenido, a cambio de no ser identificado, un hombre del sector industrial señaló: "La ley la podés compartir o no, pero lo que preocupa es que esto confirma un estilo de gobierno: no permitir el debate y supeditar todo a la recuperación del poder [tras la derrota electoral de junio]. También queda la sensación de que la oposición es incapaz y es una sensación que va más allá de la ley de medios".
Para el industrial, "esto marca cómo va ser el Congreso el año que viene. Los Kirchner no sólo tienen las facultades extraordinarias, sino que además van a mandar las cosas que podrán negociar con los partidos de izquierda, donde obtendrán apoyo, como la reforma de la ley de entidades financieras. Es el estilo de la caja -lamentó- con provincias que van a seguir con déficit y dependerán de la Nación. Queda la impresión de que vale todo".
Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), también fue duro. "Teniendo en cuenta la experiencia de cómo se mueven los Kirchner, nos espera una larga lucha para defender la libertad de prensa", dijo. Y agregó: "Creemos que se puede manejar autoritariamente la información y los argentinos tenemos derecho a estar bien informados.
"Es una vergüenza la falta de compromiso con la democracia de parte de algunos senadores y a la oposición la vi desunida. Se debería haber llegado a un consenso en base a ideas, no a chequeras."
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, expresó que no emitiría consideraciones personales y que la entidad iba a tratar el tema en la reunión de la mesa ejecutiva, el próximo miércoles.
Miedo en lugar de seguridad jurídica
Por: Gregorio Badeni*
La seguridad jurídica es una garantía constitucional que disipa el miedo y la incertidumbre en las relaciones sociales. Impone reglas que regulan una convivencia en libertad afirmando nuestros derechos, previendo las consecuencias que depararán las conductas, la creatividad y nuestros proyectos de vida.
Es una de las conquistas más importantes de los pueblos en su secular lucha por la libertad, dignidad y progreso. Está en nuestra sabia Constitución que obliga a asegurar los beneficios de la libertad y en los tratados sobre derechos humanos, conformando una característica i neludible para vislumbrar un sistema político democrático.
Su vínculo con la prensa libre es insoluble. Sin libertad de prensa no hay seguridad jurídica, y sin ella la prensa libre es una utopía. Pero en esta materia, como en otras, advertimos un desapego del Poder Ejecutivo por respetar tal garantía y esa libertad crucial para una democracia.
Esa indiferencia tipifica a los regímenes autoritarios donde la seguridad jurídica es sustituida por la pendular y arbitraria voluntad del gobernante de turno. En esta ley se desconocen gravemente los derechos adquiridos por los titulares de licencias al obligarlos a desprenderse de algunas de ellas y de los bienes que les asignaron para incrementar la excelencia en la comunicación social masiva. Se echan por la borda las reglas de juego bajo las cuales fueron concedidas las licencias vigentes, acarreando una cuasiconfiscación del derecho de propiedad, la desinversión de capitales y la pérdida de fuentes de trabajo.
Al margen del costo social y cultural de la medida, el pueblo deberá afrontar significativas indemnizaciones que impondrán los jueces que no claudiquen para preservar su independencia cumpliendo el mandato de la Constitución. Está claro que, al amparo de una fundamentación pueril, la ley encuadra en la política gubernamental destinada a restringir, y hasta anular, la prensa independiente pues la radio y la televisión son medios de prensa.
La continua descalificación del Gobierno de periodistas y medios que no son afines a sus intereses políticos no se limita a la radiodifusión, se extiende a la prensa gráfica. Prueba elocuente es la grave denuncia penal contra el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que aspira a apropiarse de la principal planta de papel del país que suministra sus productos a casi todos los diarios nacionales y regionales.
Con tal medida, el Gobierno podrá fijar cuotas de papel a los medios gráficos conforme a su afinidad política, y a quienes deban importar papel les fijará cupos como se hizo hace 60 años para destruir la prensa independiente. No habrá reparos para violar los Arts. 14, 17 y 32 de la Constitución, ni el Art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Si nuestros jueces y políticos no desarticulan este avance sobre la libertad y seguridad jurídica, la degradación institucional que socava los cimientos de la República desembocará en el caos que permite la irrupción del más audaz de los totalitarismos.
*El autor es abogado constitucionalista
Faltaron calma y serenidad Por: Magdalena Ruiz Guiñazú
Fue, sin dudas, una noche interminable, en la que se discutió una ley que debería haberse tratado con calma y serenidad durante un tiempo razonable.
Fueron también estos días pasados escenario de episodios graves que la historia no dejará de recordar por la feroz desaprensión con la que se echó mano a recursos impensables, como, en una semana, el cambio a favor de la ley de medios de, por ejemplo, el senador Carlos Salazar, representante de Fuerza Republicana, partido fundado por Antonio Bussi, que cumple una condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Convengamos que, para un Gobierno que ha querido convertirse en adalid de los derechos humanos, ¡Salazar es un aliado sorprendente!
Del mismo modo, en menos de un mes (tenemos las correspondientes grabaciones), ¡la senadora por Corrientes, María Dora Sánchez, cambió su voto adverso a la ley por un apoyo incondicional a ésta!
Frente a estos hechos y el no tratamiento de la regulación de la pauta oficial (proyecto de ley de la Coalición Cívica) que se aplica con los dineros de los contribuyentes, oímos una frase del hampa, como: "Afuera tengo a mis muchachos, expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos al que hable", pronunciada por un funcionario del Gabinete nacional como es Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, sin que (a pesar de estar ahora en el plano judicial por la valiente denuncia de Carlos Colasso, representante del Estado nacional en Papel Prensa) el gobierno constitucional de la doctora Cristina Kirchner haya manifestado su repudio a tamaña violencia.
También es interesante recordar que, cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón no quiso firmar el decreto de estatización de radios y canales de televisión, pocos días después de su muerte, en 1974, María Estela Martínez, en virtud de su mandato presidencial y con el apoyo de José López Rega, firmó el decreto N° 304 que luego aplicó la ley de prescindibilidad Nº 20.713 (por medio de la cual excluía a los opositores de sus fuentes de trabajo) y firmaba el entonces secretario de Medios.
Este funcionario nacional se llamaba José María Villone, fue el jefe de la Triple A (asesina de Carlos Mugica, de Silvio Frondizi, de Rodolfo Ortega Peña, etcétera), que puede considerarse el huevo de la serpiente que, a través de sus bandas parapoliciales, acunó la dictadura de 1976-1983.
Fuente: Diario La Nación