La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), el
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Periodismo Social y accesolibre.org, organizaciones que trabajan en el campo del derecho a la información pública, manifiestan su preocupación por lo que consideran medidas regresivas en esta materia.Desde comienzos de octubre, ha dejado de funcionar el sitio web www.mejordemocracia.gov.ar que condensaba documentos y datos de suma importancia para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho. Esta medida se suma a la reciente cancelación, sin explicación alguna, de un Seminario Internacional que iba a realizarse en el mes de septiembre y al que estaba invitada la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.
En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional rige desde fines del año 2003 el Decreto 1172 de "Mejora de la Calidad de la Democracia y de sus Instituciones", que permite a toda persona requerir, consultar y recibir información. En el débil escenario que existe en materia de derecho a la información pública en Argentina, los hechos recientes constituyen un indicio que preocupa. Por ello, las mencionadas organizaciones, han solicitado formalmente una audiencia al Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, para conocer si hay modificaciones en la política del Poder Ejecutivo Nacional en materia de acceso a la información pública.
Una vez más, se resalta la relevancia de contar con información adecuada, completa y veraz por parte de todos los órganos del Estado como garantía de la democracia, la libertad de expresión y el ejercicio de otros derechos fundamentales. Nuevamente, las organizaciones firmantes reclaman el tratamiento por parte del Congreso de una Ley de Acceso a la Información Pública como acción necesaria para garantizar que todas las personas en Argentina puedan ejercer su derecho a solicitar y recibir informaciones por parte del Estado.