En el primer plenario de comisiones quedaron en claro varias posiciones respecto de la iniciativa que impulsa el Gobierno con el objetivo de “terminar con los monopolios”. Según un conteo realizado por Perfil, el kirchnerismo ya cuenta con 123 votos afirmativos, apenas seis menos que los necesarios para tener quórum propio. Es probable que consiga las voluntades necesarias en el decisivo grupo de 21 indecisos. En
dos semanas se podría aprobar la norma.Por: Gabriel Ziblat
La decisión del kirchnerismo en la Cámara de Diputados de acelerar los tiempos del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, obedece a la confianza que reina hoy en la conducción del bloque respecto de las posibilidades de aprobar sin sobresaltos el proyecto.
Un relevamiento inicial realizado por Perfil, cuando todavía no todos los legisladores tienen posiciones firmes, indica que el Gobierno ya tendría un mínimo garantizado de 123 votos, pero podría llegar por lo menos a los 135, es decir seis más que los que requiere para tener quórum y aprobar la ley.
Durante el plenario de las comisiones de Comunicación e Informática, Presupuesto y Hacienda, y Libertad de Expresión, que se inició el jueves último, dos importantes fuentes del bloque kirchnerista le confesaron a Perfil que su optimismo se basaba en el resultado del “poroteo”, o sea el conteo de los posibles votos. Inclusive, reconocían que no habían recibido ninguna notificación de diputados propios que no estén dispuestos a acompañar el proyecto, excepto la mujer de Luis Barrionuevo, Graciela Camaño, quien mantuvo un rol protagónico en la oposición al proyecto que reforma la actual Ley de Radiodifusión.
Las mayores dudas en la interna del bloque giran en torno de lo que harán los cinco diputados de Chubut que responden al gobernador, Mario Das Neves. El mandatario patagónico viene repitiendo en diferentes medios su crítica al proyecto y exige que se realicen modificaciones. Sin embargo el jueves, en el plenario, José País, uno de los chubutenses con más protagonismo, no fue tan firme como su jefe político. Así sembró dudas en la oposición, que ya le descontaban esos cinco votos al kirchnerismo.
Otros oficialistas que podrían llegar a sorprender son la fueguina Mariel Calchaquí (que en la prórroga de las facultades delegadas se abstuvo), y los jujeños Carlos Snopek y Mario Martiarena. El primero mantiene una interna con Eduardo Fellner en su provincia, pero por ahora sigue alineado con el kirchnerismo. En la última votación estuvo ausente. El segundo, en tanto, ya se distanció del bloque, aunque votó a favor de la prórroga de las facultades delegadas.
Las agrupaciones que se encolumnan en la centroizquierda una vez más quedaron en negociaciones con el oficialismo. Algunos de ellos, como Ariel Basteiro y Victoria Donda (Encuentro Popular y Social) defienden la iniciativa con mayor ahínco que muchos oficialistas. Otros, como los de La Concertación o el SI, son más exigentes con los cambios, pero de todas formas están dispuestos a acompañar el proyecto. “Por lo menos esto, como está, es mejor que lo que hay ahora”, reconoció uno de ellos. No obstante, allí también surgieron diferencias. Tanto Miguel Bonasso como Claudio Lozano (Proyecto Sur) se mostraron en disidencia con el proyecto oficial y presentaron sus propias iniciativas.
La oposición, en tanto, tiene hoy un piso mínimo de unos 113 diputados, que no le alcanzarían para frenar la iniciativa oficial. “Para mí, vienen con la topadora”, razonó un diputado opositor. Y contó que le dijo a la oficialista Patricia Vaca Narvaja que “esta ley tiene un poquito así (mostrando el dedo pulgar e índice) de más legitimidad que la de la dictadura”. Según él, el Congreso actual tiene la legitimidad, pero “es la decisión de la Presidenta la que no la tiene”. Los principales referentes de la oposición salieron ayer a insistir con que el proyecto debería ser aprobado por la composición parlamentaria que asume el 10 de diciembre. Entre ellos, Julio Cobos, quien ayer repitió que “sería muy bueno que el debate se inicie ahora, pero que la definición la logre el nuevo Congreso”.
Esa no parece ser la intención del oficialismo, que ayer ya formalizó el llamado a audiencia pública para el martes, miércoles y jueves próximo. De hecho, la Presidencia de la Cámara baja ya inició el registro de participantes y especificó que cada uno tendrá diez minutos para exponer sus posiciones. Para el viernes 10, está previsto que continúe el plenario de las tres comisiones. La intención del kirchnerismo es conseguir dictamen ese día, para así poder tratar el proyecto en el recinto la semana siguiente.
En el Senado el escenario es más complejo
Así como en Diputados reina el optimismo, en el Senado por ahora impera la incertidumbre. “Acá viene bien, pero no se cómo está el Senado. Y ni quiero preguntar”, le confesó a Perfil una diputada K. Las dudas en la Cámara alta son dos: el rol de los chubutenses (al igual que en Diputados), y la postura del jujeño Guillermo Jenefes, quien tiene medios en su provincia y ya criticó la iniciativa. Todo en un contexto de números más estrechos para el oficialismo que en Diputados.
La mayor preocupación para los kirchneristas va a estar en las comisiones de Presupuesto y de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que tratarán el proyecto que arribe de Diputados. En la primera, los K tienen las ocho firmas justas para conseguir dictamen. Pero entre ellos están el chubutense Marcelo Guinle y Jenefes, por lo que el bloque necesita tener a todos alineados.
La segunda comisión la preside, precisamente, el jujeño Jenefes, que ya se había mostrado crítico al tratarse el tarifazo de gas. El miércoles último dio la nota cuando afirmó que no fue “consultado sobre este proyecto”. “Le garantizo a la oposición que aquí habrá un debate amplio y plural. No me preocupa si el proyecto lo aprueba este Congreso o el que viene”, disparó. En esa comisión los K tienen nueve senadores propios, uno más de los necesarios. Pero además de Jenefes, también están la chubutense Silvia Giusti y Elida Vigo, que estuvo ausente las últimas semanas por problemas médicos.
El cable es el 60% de los ingresos de Clarín
Multicanal tendría que ceder clientes de Capital, Córdoba y Mar del Plata
La controvertida decisión del ComFeR apunta al corazón de las decisiones empresariales del Grupo Clarín, propietario de Cablevisión-Multicanal. Si no prosperan las apelaciones judiciales de Clarín, el principal operador de cable de la Argentina debería resignar instalaciones y operaciones en 48 localidades de todo el país. La resolución de la autoridad regulatoria está basada en el articulado de la Ley de Radiodifusión que el Gobierno quiere reemplazar. Clarín definió la movida
oficial como “antijurídica y confiscatoria”, porque no tiene en cuenta que la ley exige sólo capacidad patrimonial.Por: Rodolfo Barros
De no prosperar las impugnaciones que el Grupo Clarín realizará ante la Justicia por la resolución del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) que el jueves desautorizó la fusión Cablevisión-Multicanal, la principal compañía de cables de la Argentina y la que más abonados tiene de América latina, deberá desprenderse de parte de sus redes en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Córdoba, entre otras 44 localidades, las más pobladas del país.
La decisión causará graves heridas al Grupo que se encuentra en guerra con el Gobierno y su proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y pugna por comprar la mitad del paquete de control de Telecom, si se tiene en cuenta que Cablevisión es la responsable de más de 60% de sus ingresos.
El cuestionamiento nació en el ComFeR, cuna también del proyecto que reemplazará a la controvertida Ley de Radiodifusión. La ley por reemplazar también establece fuertes restricciones a las empresas de cable, como la imposibilidad de operar en más de 24 localidades y acaparar más de 35% de los abonados del país. Actualmente, Cablevisión tiene cerca del 50 por ciento.
Ahora, el organismo dictaminó, basado en la superposición de licencias que la fusión de Cablevisión, Multicanal y otra subsidiaria del Grupo Clarín provocó al tener distintas operaciones en una misma localidad.
Cablevisión se defiende de la decisión oficial sobre la base del hecho de que ya desistió de licencias en 48 localidades. Pero para el ComFeR, ese desistimiento sólo se produjo de forma “nominal”; es decir, sólo renunció al permiso para operar cuando según el ente regulador de los medios, debió también vender o desafectar los bienes que se utilizan para operar el servicio, como las redes.
Esta idea se basa en los pliegos para la adjudicación de licencias de cable que requerían acreditar la propiedad para poder realizar la operación.
Clarín asegura que la medida oficial es “claramente antijurídica y confiscatoria”.
“A los efectos de la adjudicación, lo que exige el Pliego de Servicios Complementarios es que el licenciatario acredite capacidad patrimonial para proceder con la instalación del servicio conforme a la norma técnica. Sin embargo, se debe destacar que estos bienes no corresponden a la licencia sino que son propiedad del licenciatario. El Pliego de Servicios Complementarios vigente a la fecha de adjudicación de esas licencias exigía que para prestar el servicio, el licenciatario debía tender la infraestructura”, insistió la empresa, ante una consulta de Perfil.
Sin embargo, el ComFeR señaló en su resolución que aplicó los artículos 53°, 63° y 65° de la Ley de Radiodifusión.
Los dos últimos declaran afectados los bienes para la prestación regular del servicio y que, “producida la extinción de la licencia y ordenado el cese efectivo del servicio, el ex licenciatario procederá al desmantelamiento de los bienes afectados en el plazo que se le fije, si éstos no fueran adquiridos por el nuevo licenciatario, por el Estado o utilizados por éste”.
El artículo 53° establece que las licencias de radiodifusión se extinguen, entre otras razones, por la disolución de la sociedad titular, lo que ocurrió, a juicio del ComFeR, con empresas que fueron absorbidas por Cablevisión.
Sin servicio. Además de obligar a Cablevisión a deshacerse de la infraestructura vinculada a la licencia, el ComFeR también caducó el permiso de Cablevisión en un cable de Villa La Angostura, por lo que deberá dejar de operar en esa localidad, hasta que se encuentre a un sustituto. En este caso, se basó en la delegación de explotación, expresamente prohibida por la Ley de Radiodifusión.
Para el ComFeR, Cablevisión delegó la explotación en la Cooperativa de Electricidad de Bariloche ya que interpreta que la titularidad del equipamiento es propiedad de la cooperativa, “que también se encuentra a cargo de su reparación y mantenimiento”, además de la atención al cliente.
Para Clarín, “el precedente que cita el ComFeR no resulta aplicable a la situación de Cablevisión. En ese caso se cuestionaba una delegación de la explotación a favor de una cooperativa. Insistimos sobre el concepto que la legislación siempre exigió acreditar capacidad y propiedad de la infraestructura”, indicó una fuente de la empresa.
“Es curioso cómo el ComFeR omite considerar múltiples antecedentes en materia de desistimiento en los cuales resolvió aprobar los mismos sin exigir desinversión”.
Un anticipo de perfil
Los mensajes claros que emitió el Gobierno y no hubo oídos para escuchar
Por: Ariel Cohen
Hace dos semanas, el sábado 22 de agosto, Perfil publicó en su título principal
de tapa que el Gobierno se proponía avanzar para quitarle Cablevisión al Grupo Clarín. Se trataba de un paso más en la escalada del Gobierno contra el conglomerado de medios, anunciado por el funcionario vedette del Gobierno, el titular del ComFeR, Gabriel Mariotto. La misma tarde de esas controvertidas declaraciones había sido puesto en marcha el nuevo esquema de televisación del fútbol en manos del Estado, sustrayéndoselo a una empresa participada por Clarín.En unas declaraciones radiales, Mariotto anticipó el desenlace. Clarín, si bien tenía noción de que un dictamen contrario a la fusión Multicanal-Cablevisión podía suceder, no creía que la ofensiva en su contra fuera de tanta envergadura como para ser dictada en estos momentos.
Luego de sustraerle el negocio del fútbol, con señales contrarias al “monopolio informativo” de Clarín, fue enviada al Congreso la reforma de la Ley de Medios Audiovisuales.
Y una semana más tarde, se formalizó la escalada con la controvertida resolución del ComFeR que rechazó una fusión en el cable.
El Grupo Clarín no esperaba esta sucesión de golpes, aunque sabía que tenía posibilidades de ser golpeado. Pocos creían que el poder político podría complicarse con el mayor grupo de medios del país. Salvo quienes escucharon los mensajes.
El valor de Clarín en la Bolsa cayó US$ 128 millones en sólo 22 días
Por: Carmen Lopez Imizcoz
La ofensiva del Gobierno contra el Grupo Clarín pegó de lleno en la cotización de la acción, que
ayer cayó 1,67% a pesar de que el índice Merval registró una suba de 1,39 por ciento. La acción de Clarín, que cuando fue lanzada el 19 de octubre de 2007 cotizaba a $ 30,45, ayer se vendía a sólo 5,90 pesos.Ya el timing del lanzamiento de la oferta pública por el Grupo en octubre de 2007 no había sido afortunado. Pero a los coletazos de la crisis internacional, se le sumó el creciente conflicto con el Gobierno, que se agudizó desde el famoso “¡¿Qué te pasa, Clarín?!, ¿estás nervioso?”, pronunciado por primera vez por Néstor Kirchner el 9 de marzo pasado. Luego, la acción experimentó cierta recuperación tras la derrota oficialista del 28-J, pero el “veranito” duró poco. A partir de que la Asociación de Fútbol Argentino rescindió el contrato con Televisión Satelital Codificada, empresa en la que participa Clarín, la caída de la acción fue prácticamente sostenida y se acentuó con la denegación de la fusión Cablevisión-Multicanal anunciada el jueves por el ComFeR. La empresa, el 12 de agosto, antes de que perdiera el negocio de la televisación del fútbol, tenía un valor de mercado de unos US$ 579,4 millones. Ayer, el valor total que el mercado confiere a la compañía –la multiplicación del precio de las acciones por la cantidad emitida– se reducía a unos US$ 451,5 millones.
“Según la información presentada a la CNV, la empresa vale aproximadamente 2,3 veces su cash-flow operativo, mientras sus pares internacionales, Televisa por ejemplo, valen 6 o 7 veces su cash-flow operativo o EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones)”, explicó Carlos Olivieri, de Raymond James.
Además, “Grupo Clarín tiene un valor de libros de unos US$ 675 millones, mayor que el de su cotización, lo que reflejaría que el valor de mercado no llega a superar lo invertido por los accionistas, a pesar de la gran participación en el mercado argentino de la empresa y su alto nivel de utilidad bruta”, agregó el analista.
Desinversiones, ventas y nuevo escenario
El impacto de la ley en los grupos de medios explica la resistencia
Por: Rodolfo Barros
Además de hacer caer la fusión Cablevisión-Multicanal, esta semana el ComFeR denunció penalmente a Francisco de Narváez por ocultar información sobre sucesivas compras de participaciones en el paquete accionario del grupo América, en el que es socio con el empresario
Daniel Vila y el ex ministro del Interior menemista José Luis Manzano.El miércoles por la noche, Vila, a la vez propietario del Grupo Uno, aseguró, mientras denostaba el proyecto oficial de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que “hoy van por Clarín, mañana irán por los Pérez, pasado mañana vendrán por Uno Medios”.
Sus palabras fueron reflejadas por Clarín y por el competidor del diario Uno de Mendoza, Los Andes, también propiedad del Grupo Clarín. En el acto en que Vila realizó esas declaraciones, estaban presentes los ejecutivos Miguel Bauzá, de Los Andes e Ignacio Drioller, de Clarín. A la vez, Clarín cedió espacios a ejecutivos de Cadena 3 para que escriban sus críticas al proyecto.
Las razones de esta confluencia de críticas al proyecto oficial se encuentra en las fuertes restricciones que la propuesta hace a la concentración de los multimedios. A Clarín y los grupos Uno y América los restringe con la imposibilidad de operar canales abiertos de televisión y ser dueños a la vez de compañías de cable.
Además, les impide ofrecer el servicio de cable en más de 24 localidades. También los obliga a desprenderse del negocio de producción de señales. Clarín tiene, además de TN, las señales Volver, Magazine y Metro.
Sólo podrá quedarse con la señal que use de cabecera para su cable. Pero no podrá comercializarla a terceros.
También los obliga, en localidades de más de 6.000 habitantes, a crear un canal local, con especificaciones sobre la proporción de contenidos producidos en esa localidad. De esta manera, en La Plata, Berisso y Ensenada, por ejemplo, donde Cablevisión tiene un canal regional, deberá volver a producir tres canales, como existía antes del proceso de concentración de cables que se produjo a mediados de los 90.
Con atraso. Anoche, pasadas las 20, en el entretiempo de Colón-Tigre, al programador de la televisión pública se le escapó uno de los spots que promocionan el debate por la nueva ley de radiodifusión. “Hace 30 años ver el clásico de los domingos no era para cualquiera. Hoy tampoco”, dijo una voz en off mientras la imagen encuadra a un televisor blanco y negro.
La difusión del spot, pensado para el lanzamiento del proyecto en marzo, sonó atrasado anoche, tres semanas después de que se estatizaron los derechos de televisación de los partidos de primera y tras dos días de haberse conocido que la Jefatura de Gabinete contará con $ 600 millones anuales para mantener su pacto con la AFA.
Propuesta de una ONG para mejorar el proyecto
En el marco del debate del proyecto oficial de radiodifusión, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) difundió anoche dos propuestas para modificar aspectos de la propuesta K: las características de la autoridad de aplicación y la estructura de los medios estatales.
En el texto actual, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual estaría integrada por un directorio de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos a propuesta de la segunda y tercera minorías de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual.
Así, el órgano quedaría bajo la influencia del gobierno de turno. Para evitarlo, la ONG abogó por una mayor participación de las minorías parlamentarias, usar mayorías calificadas por parte del Congreso para confirmar o proponer directores, y dar participación a otros organismos –como el Consejo Federal– en la elección de candidatos.
Para la ADC, entidad que se ha caracterizado por un seguimiento crítico de la distribución de la pauta publicitaria oficial y por la garantía de los derechos de la prensa, la autoridad de aplicación no tiene que depender de un organismo de carácter político como la Secretaría de Medios de Comunicación y la duración de sus directores en el cargo no debería coincidir con los términos del mandato presidencial sino renovarse por mitades.
También, para asegurar la independencia de la autoridad, propuso que los directores estén protegidos contra despidos arbitrarios.
El sistema. En cuanto al sistema de medios estatales, ADC pidió explicitar la prohibición de que se favorezca unilateralmente a algún partido o grupo de poder en sus programas.
Además, sugirió que el financiamiento de estos medios provenga de fondos públicos, aunque señaló que se debería “contemplar la posiblidad de establecer esquemas mixtos” como lo hace el proyecto gubernamental.
La asociación también reclamó el tratamiento de leyes de acceso a la información pública, la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en cuestiones de interés público y la regulación de distribución de publicidad oficial de modo claro.
Matar o morir
Fervor religioso merece el interés que despertó en el país la última inquietud general por la “libertad de expresión”, a partir del envío al Parlamento de una nueva ley de radiodifusión (que, en verdad, lo que debería salvaguardar es la posibilidad de que el ciudadano común acceda a las más diversas fuentes de información, lo que por obvia naturaleza no proveen los monopolios privados o públicos).
Por: Roberto Garcia
Fervor religioso merece el interés que despertó en el país la última inquietud general por la “libertad de expresión”, a partir del envío al Parlamento de una nueva ley de radiodifusión (que, en verdad, lo que debería salvaguardar es la posibilidad de que el ciudadano común acceda a las más diversas fuentes de información, lo que por obvia naturaleza no proveen los monopolios privados o públicos).
Brotó con el tema una urticaria repentina por la causa de la “libre expresión”, sin distinción de clases y ardiendo los dos sectores en pugna, el del Grupo Clarín (que parece representar a los privados) y el del Gobierno (que parece representar al Estado): todos invocando, de repente, la protección del ejercicio periodístico, del libre albedrío, de las profesiones independientes.
Así lo dicen, por lo menos, en foros ad hoc, en solicitadas, en el Congreso y hasta en concentraciones callejeras regadas con fernet (hábito más de cancha de fútbol, de barra brava, que de pobres o indigentes, por describir la índole de simpatizantes que recoje el kirchnerismo). Y hasta dicen defender en ese raid a la propia e innominada gente por eventuales ataques totalitarios de los rivales. Todos predican con el mismo y repetido mensaje, como si en una boca tuviera más validez que en otra.
Tanta generosidad y preocupación de los protagonistas obliga a la sospecha, a que los desconfiados de siempre consideren esas manifestaciones como una farsa o el denodado esfuerzo de poderes diferentes para no perder privilegios en un caso y, en el otro, para adquirir nuevas ventajas. Pocas veces, en rigor, se ha visto una pugna tan cruda y descarnada en la Argentina, naturalmente hipócrita.
Los buenos no existen
No alcanza el tiempo para que una minoría de periodistas –y el resto de los atónitos ciudadanos– agradezca esa voluntad doble y contradictoria de los dos guerreros por garantizar una póliza para la conciencia laboral –hasta ahora infrecuente en la Argentina–, esa curiosa solidaridad que ahora ofrecen dirigentes, políticos, asociaciones y funcionarios, hasta hace poco caracterizados por la costumbre de guardar silencio, ominoso o discreto, ante el arbitrio.
Sea privado o público. Parece un cambio, si uno desea creer en la flamante palabra que se vuelca. Por ejemplo, ahora el Grupo Clarín y ciertos empresarios denuncian anomalías o delitos del Gobierno cuando antes se tapaban los oídos ante una sola mención de una irregularidad oficial. Más, se abrazaban con ministros empapados en sospechas, consintieron a pie juntillas sus excusas y los enjuagues judiciales que inicialmente los redimen. Así han vivido. Incluso, hasta podrían disculpar su indiferencia por la prioridad del negocio audiovisual que dominan: el entretenimiento, sobre el que dificilmente la censura proceda, ya que a nadie asustan los románticos teleteatros, los exitosos Susana Giménez o Marcelo Tinelli, los concursos o los programas chismosos.
Quienes justamente se han especializado en evadir noticias e información, episodios que podrían comprometerlos frente al poder, ahora en cambio se asumen para velar por la más plena libertad de expresión de los medios, de sus contenidos, de quienes trabajan en ellos. Raro el perfume de primavera en invierno.
Misma causa libertaria juran representar, enfrente, los agentes públicos del kirchnerismo, esos que atravesaron más de un lustro presumiendo del capricho de no atender al periodismo –bueno, ahora persiste la misma práctica–, en negarle información y trabajo a quienes lo solicitaban, mientras a su vez le brindaban exclusividades sólo a medios colaboracionistas (propios o dóciles, como los que hoy los combaten), compartían pizza y champagne en Puerto Madero por no mencionar amistades y concupiscencia.
Esa escuela Kirchner del desprecio profesional, sectario, incluso hizo arriesgar los deberes de funcionario público de sus designados: puede decirse, sin dudas, que los encargados en distintos rubros de prensa jamás se ocuparon de su tarea específica. Quienes entonces se prodigaron para exaltar la no prensa, hoy en cambio se ofrecen como adalides de la “libertad de expresión”. Cuesta aceptar este pregón oficialista, es como preguntarse si a Néstor Kirchner uno le compraría un auto usado.
Una voz en el teléfono
Condenados a esa perversa realidad de intereses, viene ahora un alud desde la política: Eduardo Duhalde pidiendo pista (apremiado por intendentes y delegados del interior del país), mayor protagonismo de Julio Cobos, neutralidades presuntas (¿Daniel Scioli?, ¿Hugo Moyano?), cambios de camiseta, apertura de libro de pases, distancias prudenciales (Carlos Reutemann). Lo que se dice Fútbol de Primera. Por supuesto, no es el contingente oficialista que, conducido por Néstor, hará campaña contra los destituyentes que avanzan y si puede incorporará nuevos empresarios para su gesta mediática (propios o ajenos). Conflicto en terreno resbaladizo, aunque no en plano inclinado todavía en lo económico o en lo social (a pesar de que a mayor cartel francés de los Kirchner menor respaldo de la población en las encuestas). Se diría que todos buscan una colisión, un impacto, un desenlace, lo más inmaduro de la historia argentina.
Preventivamente, a menos que se crea en una sudestada milagrosa que sacude la conciencia privada y pública de la Argentina a favor de la “libertad de expresión”, lo que se discute en el Congreso son negocios: de televisión, de telefonía, de radio en menor medida, de cables y aire, de no pago de impuestos, de mejores porciones de mercado. Lo otro es un disfraz. Veamos algunas perlas:
- ¿Acaso hay quien piensa que la segura pérdida del 30% de los ingresos de Clarín pasan por la protección de sus periodistas o porque le arrebataron la concesión monopólica del fútbol? No es una pregunta.
- ¿Alguien supone neutralidad del Gobierno en el affaire Telecom, en la forzada venta que le aplican a los titulares italianos? Tampoco es una pregunta. Y menor aún es la voluntad oficial para que el nuevo adquirente no sea –junto a los ya establecidos Werthein– parte del grupo Eurnekian que capitanea su segundo, Ernesto Gutiérrez.
Fútbol para casi todos
Al margen de culpabilidades, demasiado mal gusto con un factótum del Council of Americas, con un preferido de la lobbista Susan Segal. Pero no será éste, seguramente, el único asesinato irresuelto y en danza en esta batalla por la “libertad de expresión”.Convendría observar otro costado de la operación Telecom: es probable que aparezca en el ruedo otro o más jugadores para la compra de las tenencias italianas, quizá una complicación para los sueños de Kirchner si se produce. Hasta ahora, estaba convencido de que los italianos no le venderían a Clarín (no le alcanzan los fondos, menos ahora) por vieja enemistad y límites legales, casi las mismas razones jurídicas por las cuales no ingresaría como ofertante Carlos Slim (por extranjero), a pesar de que este afortunado empresario mexicano (el más rico hispanoparlante de este continente) pasó el último fin de semana turístico por Buenos Aires, confesó que no le gustó una entrevista que en su tierra tuvo con Gutiérrez pero sí conversó en el Tigre, de buen talante y con obvia afinidad, con uno de los gobernadores más dilectos del corazón Gutiérrez-Eurnekian: Daniel Scioli. No trascendió el contenido de esta reunión, como es de suponer.
Luego que el reparto gratuito del fútbol alentara ciertas expectativas empresarias no allegadas a Clarín, más bien confrontadas, el optimismo abortó de pronto. Una muestra: Daniel Vila –asociado en varios medios y América TV a Francisco de Narváez, otra vez jaqueado desde el Gobierno por una cuestion judicial, y al ex ministro José Luis Manzano–, quien se despachó con furibundo e inédito discurso antigobierno, destacando en su oratoria una oposición a la Ley de Medios que, entiende, favorecerá a las telefónicas. Léase España, léase Telefónica, otro capítulo del negocio al cual no acceden la mayoría de los argentinos.
Una semana antes, gracias al fútbol gratuito, Vila aparecía como un eventual sucedáneo de los retazos perdidos por el Grupo Clarín y del brazo del ministro Aníbal Fernández. Alguno leyó mal las escrituras o éstas cambian con insólita velocidad.
Néstor, el programador
Si progresa la ley Kirchner, Telefónica (y España) podría ser más poderosa en servicios (triple play), a cambio seguramente del desprendimiento de Telefe, ese canal que siempre encendió la mirada codiciosa de Néstor (quizá por su falta de compromiso con el periodismo y su afinidad sólo con los locutores), menos quizá que Canal 9, al cual muchos creen que ya poseyó incorporando íntimos en su plantilla directiva. Por lo tanto, Telefe podría salir al mercado y, de nuevo, el ex chofer Rudy Ulloa, tan próspero como su patrón, podría aventurar una oferta de nuevo para adquirirlo. Igual que las nuevas normas, por ejemplo, determinaran que el Grupo Clarín tambien debe entregar Canal 13 a la venta. Por este tesoro obtenido gracias a la permisividad de Carlos Menem, Kirchner haría participar a capitalistas conspicuos por el momento ocultos.
Son muchos los que desde ambos lados juegan al oscurantismo, hasta la espera de un haz iluminador. De los negocios, claro, a menos que uno crea que esta revulsión entre Gobierno y Clarín, también entre empresarios y políticos –cuyo epílogo es impredecible, aunque tiene antecedentes–, está vinculada con finalizar con una ley que “viene de la dictadura” y que pretende instalar, de una vez y para siempre, la “mejor libertad de expresión”.
Ramificaciones
Viene siendo más difícil hacer periodismo en los últimos días. El periodismo es una forma de comunicar que no difunde informaciones producidas por los propios actores como si fueran brindadas por terceros independientes (en la propaganda por lo menos el interesado dice que es él mismo quien se alude).
Por: Jorge Fontevecchia (en el papel de Andrew Graham-Yooll)
Viene siendo más difícil hacer periodismo en los últimos días. El periodismo es una forma de
comunicar que no difunde informaciones producidas por los propios actores como si fueran brindadas por terceros independientes (en la propaganda por lo menos el interesado dice que es él mismo quien se alude). El periodismo identifica explícitamente a las fuentes cuando ellas no piden anonimato, o le explica al lector a qué grupo de interés corresponde la fuente que pidió no ser mencionada para que se sepa desde dónde dice quién qué cosa.Antes de ayer leo en Perfil.com la nota titulada “Prohíben la fusión de Cablevisión con Multicanal”. Allí se publicó que “hace pocos días la Corte avaló la fusión Cablevisión-Multicanal” y en el mismo texto había un link a otra nota también publicada por Perfil.com el 28 de agosto pasado, donde el mismísimo título era “Avaló la Corte la fusión Cablevisión-Multicanal”. Sorprendido, releí las dos notas preguntándome: “¿Pero si la Corte lo único que avaló fue el Acuerdo Preventivo Extrajudicial –esa variante de concurso preventivo frente a la imposibilidad de pagar deudas que introdujo Duhalde– con el que Cablevisión obtuvo quitas y plazos para pagar sus compromisos?”. Miro el crédito de ambas notas de Perfil.com y comienzo a comprender qué sucedía: las dos notas tenían la misma firma: la agencia DyN.
Inmediatamente, recordé cuando, durante el conflicto con el campo de 2008, el editor general de Perfil.com, Darío Gallo, decidió no publicar más cables de TelAm porque en medio de los cacerolazos la agencia oficial no registró las movilizaciones y se ocupó de “fútbol, boxeo y hasta cómo estuvo la capacidad hotelera de Monte Hermoso en Semana Santa”.
Llamé entonces a Darío Gallo para pedirle que tuviera con los cables de la agencia DyN sobre la Ley de Medios la misma exigencia que había tenido hacía algo más de un año con los cables de la agencia oficial sobre el conflicto con el campo.
Perfil.com corrigió el párrafo cambiando “hace pocos días la Corte avaló la fusión Cablevisión-Multicanal” por “hace pocos días la Corte había dejado firme la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial de Cablevisión”, que es lo que había sucedido.
El capital de DyN está integrado por trece diarios provinciales, más El Cronista y Buenos Aires Herald, y todos juntos acumulan el 49,4% del total de las acciones, mientras que el 50,6% restante que, a la vez, permite el control de la agencia, está en manos del diario La Nación (25%) y de Clarín (25,6%).
Según fuentes internas de la redacción de DyN, el Grupo no suele meterse mucho en el día a día de la agencia pero “cuando las papas queman, comienzan a aparecer sus enviados y están más encima de lo que se publica”; por ejemplo, hay un pedido de cobertura máxima sobre el tema de la Ley de Medios y todo aquello que atañe a Clarín como empresa (como en el caso de Cablevisión o del contrato del fútbol por TV).
En DyN siempre se consideraron “los hijos no reconocidos” de Clarín, ya que si bien figuran como miembros de las empresas del Grupo, nunca Clarín les dio el espacio protagónico que tienen otros de sus medios, como el diario, Canal 13, TN o Radio Mitre.
Esa situación sería funcional al papel que una agencia de noticias podría tener dentro de un conglomerado como Clarín. En todo el mundo las agencias de noticias no son rentables, y en su gran mayoría sus déficits son subvencionados por los Estados, que las asumen como una herramienta de su sistema de comunicación.
Quizá Clarín tenga con DyN idénticos fines. La enorme mayoría de las radios y sitios de Internet de todo el país que no pueden contar con una redacción de cien periodistas para tener acreditados, enviados o móviles en todos lados reproducen los cables de DyN casi como única fuente de información. El efecto multiplicador que tiene una agencia de noticias tanto para la construcción de la agenda pública como para orientar la perspectiva sobre las noticias ya producidas puede ser superior al de cualquier medio de comunicación exitoso.
Si entre los objetivos de Clarín con DyN se encontrara también influir, su participación tendría que pasar lo más desapercibida posible para no producir los anticuerpos que generaría si se tratara de algo evidente. Por ejemplo, TelAm tiene escasa y a veces nula credibilidad en noticias relacionadas con el Gobierno pero difícilmente las centenas de redacciones del país que reproducen los cables de DyN tengan plena conciencia de que las informaciones sobre la Ley de Medios, las controversias por la fusión de Cablevisión y Multicanal o el contrato del fútbol por TV, que reciben por DyN, están alineadas con las necesidades del protagonista de esas noticias, el principal accionista de la agencia, el Grupo Clarín. Perfil.com no lo tenía tan claro a pesar de su entrenamiento para distinguir los intereses que guían ciertas informaciones.
Clarín tiene todo el derecho de contar con una agencia noticiosa pero es importante que todos los medios que la reproducen sean conscientes de eso cuando vienen a difundir informaciones donde el propio dueño de la agencia es el protagonista porque, por más ecuánime que trate de ser, el conflicto de intereses se lo impedirá.
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Fuente: Diario Perfíl