Por: Karina Grazina
El Gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández pelea por conquistar el voto de senadores rebeldes de su partido para que sea aprobado sin cambios un polémico proyecto regulatorio de los medios de comunicación, que empresas del sector ven como una amenaza.
El proyecto fue aprobado por los diputados y enfrenta ahora un luchado trámite en el Senado, donde legisladores quieren introducirle cambios, entre ellos uno al artículo que exige a las empresas adecuarse a la nueva norma en un año, lo que provocaría un rápido desguace de conglomerados periodísticos.
Opositores ven al proyecto como una maniobra para debilitar al Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina y uno de los principales de habla hispana, que es crítico de las políticas intervencionistas de Fernández, quien argumenta que es necesario "democratizar" la comunicación.
El oficialista peronismo está apurado por aprobar el proyecto antes de diciembre, cuando perderá el control del Congreso con la asunción de los legisladores electos en los comicios de junio, en los que fue derrotado.
El senador opositor Samuel Cabanchik dijo a Reuters que espera que el oficialismo "tenga votos necesarios para aprobar la ley en general", pero expresó "dudas" sobre la capacidad del Gobierno de evitar cambios para aumentar el plazo de adecuación a la norma y en la configuración de su autoridad de aplicación, buscando que no esté controlada por el Poder Ejecutivo.
Fuentes legislativas dijeron que el Gobierno asedia a al menos cinco senadores peronistas cuya posición no es clara sobre si acompañarán con su voto al oficialismo.
Los siguientes son algunos posibles escenarios de cómo podría evolucionar el debate sobre la nueva ley de medios en Argentina:
Aprueban proyecto original
El Gobierno está haciendo todo lo posible para que el proyecto sea aprobado sin cambios, pero las dudas de legisladores oficialistas están dilatando los tiempos.
"Estamos bastante confiados en que el bloque oficialista cuenta con los votos suficientes para aprobar la ley sin cambios", dijo a periodistas el legislador oficialista José Pampuro, presidente provisional del Senado.
La aprobación del proyecto implicaría un desguace de los principales grupos mediáticos del país, especialmente del Grupo Clarín, que supera los límites permitidos por el proyecto.
Clarín controla un canal de televisión abierta y dos operadores de cable -Cablevisión y Multicanal- en la misma zona y, según la nueva normativa, debería desprenderse de uno de los dos. Además, la ley permitiría a las empresas tener sólo una señal de TV por cable y Clarín tiene al menos cinco.
Otro grupo afectado sería el Grupo Uno, el segundo más grande del país aunque mucho más pequeño que Clarín. Grupo Uno tiene cinco diarios, cinco canales de televisión abierta, 28 estaciones de radio y varias licencias de televisión por cable, en muchos casos en la misma zona.
Aprueban proyecto con cambios
Algunos analistas y legisladores coinciden en que el proyecto sería aprobado, aunque el peronismo oficialista deberá ceder en algunos puntos.
Uno de ellos sería el tiempo concedido a los conglomerados para desprenderse de empresas a fin de ajustarse a la nueva reglamentación, plazo que según el proyecto original es de un año y que se busca extender a tres años.
Otro tema clave es la conformación del organismo de control. La oposición busca que el Gobierno tenga menos representación en el ente, que tendrá el papel clave de conceder o revocar las licencias de radio y televisión.
Si el proyecto fuera modificado en el Senado, deberá ser enviado nuevamente a la Cámara baja para ser aprobado.
"Pienso que la ley va a ser aprobada. Tienen los suficientes votos en el Senado", dijo a Reuters Roberto Starke, analista político de Infomedia Consulting. "El Gobierno apuesta todo a convencer para votar sin cambios", agregó.
El analista dijo que si el Senado da tres años para adecuarse a la norma, las empresas tendrían tiempo para revertir la ley tras las elecciones presidenciales del 2011.
Pero los especialistas señalan que las empresas van a tener más tiempo para vender sus activos apelando a presentaciones judiciales.
"Lo que las empresas van a hacer cuando les toque desinvertir es ir a la justicia, con lo cual esto no se va a realizar antes de dos o tres años", dijo a Reuters Guillermo Mastrini, especialista en políticas públicas de comunicación.
El presidente de Grupo Uno, Daniel Vila, ya advirtió que si se sanciona la ley acudirá a la justicia.
"Accionaremos contra el Estado para recuperar nuestra inversión, pero nuestros inversores quieren ir un poco más allá y quieren hacer responsables también de manera patrimonial a los legisladores que sancionen esta ley", advirtió Vila.
Congreso rechaza proyecto
Muy pocos consideran la posibilidad que el proyecto sea rechazado, lo que implicaría un duro golpe al debilitado Gobierno de Fernández.
Desde el retorno de la democracia, en 1983, distintos gobiernos reformaron la ley de radiodifusión vigente, pero intentos de aprobar una nueva regulación enfrentaron una fuerte oposición empresarial.
"La pregunta que creo que deberían hacerse los grandes dueños de medios es si no les hubiera convenido aceptar una regulación más moderada de las tantas que se intentaron hacer antes", dijo Mastrini.
"Finalmente la que parece que va a salir es la que menos les conviene", agregó.
Fuente: Reuters
