Por: Norma Morandini
Los periodistas son quienes deben mediar entre la ciudadanía y el Estado. Una función social que exige que actúen según su propia conciencia, de manera independiente, protegidos en su dignidad profesional, no maniatados por esas relaciones no reglamentadas entre las empresas para las que trabajan y los gobiernos. Sobre todo, cuando el cambio de manos en la propiedad de algunos medios de comunicación es cada vez menos transparente.
La libertad es inherente a la función de informar, inimputable a la hora de opinar. El miedo distorsiona esa actividad al impedir la profundidad y el compromiso con las ideas, fundamental en todo periodista que debe con su trabajo mediar para que la sociedad ejerza su derecho a la información.
Frente a esa distorsión, la cláusula de conciencia pretende garantizar una mayor protección a la labor de los periodistas cuando en el medio de comunicación con el que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación deontológica o editorial o cuando la empresa les traslade a otro medio del mismo grupo que por su orientación deontológica o editorial suponga una ruptura patente con la del medio originario. En estos casos, el periodista que no está de acuerdo puede pedir la disolución de la relación jurídica laboral y percibir una determinada indemnización. La cláusula de conciencia procura garantizar la labor periodística, ya que de su integridad e independencia depende la calidad de la información que se transmite a la sociedad.
Defender la profesión de periodista no es otra cosa que defender a la sociedad a la que se debe y a la democracia que le da fundamento constitucional.
La comunicación, más que cualquier otra actividad, debe estar regida por la conciencia de que la tarea de informar es un bien superior para la vida en una sociedad democrática. Sólo si se entiende como una conquista de las democracias modernas el derecho de la sociedad a ser informada se podrá dimensionar la importancia de la cláusula de conciencia para garantizar ese derecho colectivo. Una información de calidad, trabajada con verdad y responsabilidad, transfiere a los ciudadanos la libertad de sus elecciones para participar en pie de igualdad de la política, que es el bien público por excelencia. Una mala información, por engañosa, mutila a los ciudadanos y los torna maleables como rebaños.
Fuente: Parlamentario
