Veinticinco años de democracia no lograron, todavía, que el Parlamento argentino sancione una ley de Radiodifusión.
La pregunta inmediata es, ¿por qué? No es casual entonces que esto ocurra
cuando son muchos los intereses económicos en pugna y los formidables juegos de poder que se manifiestan, se discute nada más ni nada menos la posibilidad en el siglo XXI de progresar en la democratización de la información, de garantizar la libertad de expresión y el acceso de todos a la revolución de las comunicaciones.Los distintos gobiernos enviaron en estos años proyectos de ley al Congreso, una cantidad importante de diputados y senadores nacionales presentaron también proyectos, ninguno avanzó. Sí, se produjeron 205 normas que modificaron el bando militar que rige la radiodifusión. De todos ellos sólo nueve se hicieron por ley, ochenta por decretos y 126 veces por decisiones administrativas. La mayoría de las veces, casi siempre, por presiones del poder económico sobre el poder político con un resultado que está a la vista: creciente concentración de la titularidad de los medios de comunicación, exclusión de actores sociales como las cooperativas y las universidades que puedan generar propuestas de radiodifusión alternativas y, vacíos legales frente a las nuevas tecnologías en la materia.
El actual gobierno, -el mismo que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 527de 2005 tomó la medida discrecional e injustificada de prorrogar la explotación de las licencias por diez años, consolidando los privilegios existentes a favor de los grupos concentrados- envía ahora un proyecto de ley al Congreso.
El gobierno nacional después de la derrota que sufriera en las urnas el 28 de junio se comporta como Eric Hobsbawm describe en “Años interesantes” una ocurrencia de Bertold Brecht muy aguda acerca de un gobierno que al no lograr el consenso del pueblo , entonces disolvia al pueblo y elegía a otro nuevo.
La sociedad es la que está con su nivel de conciencia, y le dio un mensaje al gobierno que debe cambiar las prácticas hegemónicas y concentradoras por un nuevo diálogo con el Parlamento y con la sociedad. El gobierno ante la derrota interpreta que debe profundizar las practicas que lo llevaron a la misma . La pregunta surge inmediata ¿y si ganaba?
Una ley de esta envergadura no puede tratarse a libro cerrado en tiempo récord, como se ha hecho con tantas leyes importantes en los ultimos anos. Tampoco demorarse su tratamiento con el argumento que debe ser el “nuevo Parlamento” a partir del 10 de diciembre el que la trate. En definitiva, la coartada para que no se sancione nunca como hasta el presente una nueva ley de Radiodifusión.
La democracia tiene una deuda que es una nueva ley de radiodifusión, pero de ninguna manera debemos cambiar lo que hoy existe, que funciona de mala manera, por un manejo discrecional del Poder Ejecutivo Nacional.
El Congreso debe abrir hoy, un amplio debate público con amplia participación ciudadana que concrete una nueva radiodifusión como servicio esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, y no que la misma resulte solo negocios para unos pocos.
En una sociedad democrática, la comunicación desempeña una función trascendente para garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional.
*Senador Nacional por la Provincia de Santa Fe y Presidente del Partido Socialista.