Por: Horacio Verbitsky
La ruptura del contrato que ligaba a los clubes de fútbol de la AFA con el Grupo Clarín tiene consecuencias económicas y políticas cuyo efecto no se agotará en el corto plazo. Esta vez no
se trata de un producto de la factoría K, sino de un encadenamiento azaroso de hechos no generados por el gobierno, que sí tuvo oídos receptivos y vio la oportunidad. Por primera vez el gobierno nacional pisa terreno más firme que el conglomerado mediático: el deseo unánime de los clubes por librarse de una situación extorsiva y su agrado por contar con un protector más poderoso, el apetito de las otras cadenas televisivas por participar en un negocio de más de 1100 millones de pesos anuales, la simpatía popular por la posibilidad de recibir en todos los hogares sin costo un espectáculo apasionante que hoy sólo está al alcance de los privilegiados que pueden pagarlo, la viabilidad de la exigencia oficial de que no se trate de un subsidio sino de una inversión lucrativa, conforman un cuadro novedoso. Hasta las protestas de la oposición política son tibias e inconvincentes. Francisco de Narváez y Maurizio Macri dijeron que el Estado debía tener otras prioridades que apoyar al fútbol, pero el canal América, del que es accionista el filántropo colombiano, saludó el anuncio con un videograph rotundo: “Fin de los monopolios”. Y el representante de la familia Calcaterra-Macri en el gobierno porteño le comunicó su apoyo en privado al Don Grondona. Otro efecto ostensible es la respuesta del Grupo Clarín, cuya furia hace vibrar las páginas del diario y las ondas de sus programas radioeléctricos, donde ha decaído el cuidado por las formas y los tonos y es posible escuchar a periodistas desencajados gritando “¡Son todos ladrones!”, como en una parodia de Peter Capusotto. Nunca el juego político del grupo ha quedado tan en evidencia. A continuación, la historia secreta de la impactante ruptura, de qué modo los cambios políticos postelectorales incidieron en su aprovechamiento y un análisis de las perspectivas que abrió.Entre jueces y embajadas
La disputa jurídica no comenzó bien para el Grupo Clarín: el martes 11 la jueza comercial Paula María Hualde rechazó in limine una acción declarativa de certeza urgente de Televisión Satelital Codificada (TSC) contra la posible rescisión del contrato por la AFA y su cesión a terceros. La jueza dijo que obligar a la AFA a “adoptar determinada conducta o abstenerse de realizar otra” mediante ese recurso “importaría la obtención anticipada del objeto del litigio”, sin el proceso de fondo para decidir sobre la vigencia o no del contrato. Según la jueza el Código Civil no excluye “la posibilidad de obtener la resolución por vía judicial”. Esto augura que el juicio será largo. Clarín recién difundió el viernes la existencia de este fallo, pero no su contenido: dijo que Hualde rechazó “una medida cautelar presentada por la empresa para que la relación contractual se retrotrajera a la situación previa a la rescisión”. Nada de eso: el fallo fue firmado antes de que la AFA denunciara el contrato y uno de los argumentos de Hualde fue que la ruptura era sólo un “hecho hipotético o futuro”. El mismo viernes, la AFA anunció que presentará la demanda sugerida por la jueza. Clarín recurrió incluso a la embajada de los Estados Unidos, porque en T&C tiene socios de esa nacionalidad. La última vez que trascendió una gestión similar fue en 1991, cuando el frigorífico Swift denunció a la embajada que un cuñado de Carlos Menem le estaba solicitando una contribución económica para autorizar una exención impositiva. Pero aquella empresa no era argentina sino una filial de la estadounidense Campbell Soup y el reclamo no lo difundió ella sino este diario. Ahora la embajada solicitó confidencialidad, pero los socios de Clarín difundieron el encuentro.
Los contratos secretos
El primer contrato fue firmado en 1987 por Grondona como presidente de la AFA y Carlos Ávila como creador y principal accionista de Torneos y Competencias, cuando no había internet ni teléfonos celulares y la televisión por cable recién comenzaba a difundirse. El Grupo Clarín se asoció con el self made man paraguayo en 1991 y más adelante pasó a ser el accionista principal en Televisión Satelital Codificada, Tele Red Imagen SA (Trisa), T&C Sports y T&C Max, que son las distintas marcas de la escudería. Este encadenamiento de sellos con participaciones cruzadas hace ilusorio cualquier control. La AFA puede auditar a TSC y Trisa, pero no a los cables de Clarín que les adquieren los derechos. El diseño de la relación fue asimétrico desde el primer día, de modo que la tajada principal no quedara en la AFA, cuyos ingresos siempre fueron mínimos. Cuando desplazó a Ávila, Clarín mantuvo el mismo esquema pero ya sin la participación principal de Grondona. En su medida cautelar rechazada, Clarín afirmó que según los contratos tiene los derechos televisivos de los partidos de primera división “por todos los medios de transmisión y difusión creados o a crearse, incluyendo la televisión paga en todas sus variantes (cable, UHF, MMDS, DTH, aéreo codificado), televisión abierta, internet, y telefonía y cualquier otro medio o plataforma”. El contrato siempre tuvo carácter secreto. Los clubes sostienen que Grondona lo ocultó porque incluía conceptos que nunca fueron socializados con ellos y que convirtieron a un modesto ferretero de Sarandí en un potentado con inversiones dentro y fuera del país, con nombre propio o de fantasía. Por eso la palabra del Grupo Clarín para Grondona es tan ruda. Esto generó una relación de dependencia de los clubes, siempre endeudados y dependientes de los adelantos de Clarín, como en el sistema de explotación de los obrajes, donde el mensú no era dueño ni de la ropa que vestía. Cuando el endeudamiento los ponía al borde de la extinción, Clarín imponía nuevas condiciones. La corrupción entre privados no es menor que en el Estado, sino más difícil de investigar. El contrato se renegoció catorce veces y cada una expandió los beneficios para Clarín y sus empresas asociadas sin un incremento proporcional de la suma a pagar: extensión de la vigencia, mayor número de partidos a transmitir, programas complementarios. El contrato que rompió la AFA esta semana tenía vencimiento en 2014. La crisis se precipitó cuando Clarín procuraba su extensión hasta 2022, con ofrecimiento de adelantos millonarios para que los clubes pudieran cancelar sus deudas con jugadores y empleados, exigidas por los respectivos sindicatos.
De un Fernández a otro
En las renegociaciones de 2004 y 2007, Grondona buscó el apoyo oficial pero no obtuvo eco. Recién la semana pasada el gobierno se enteró que en ambos casos se había comunicado con el jefe de gabinete, Alberto Fernández, quien no transmitió el mensaje. En todos los conflictos con el Grupo Clarín, Fernández opinó que al gobierno le convenía negociar un modus vivendi razonable. Un funcionario que asistió a algunas de las primeras discusiones acerca del anteproyecto de ley de servicios audiovisuales recuerda que cuando se planteó la posibilidad de la transmisión de eventos especiales, Fernández reaccionó con desdén: ¿“Así que el Estado también en el fútbol?” En la primera visita de Kirchner a Carta Abierta, en julio del año pasado, el ex presidente atribuyó a Fernández la prórroga por diez años de las licencias de radiodifusión. Pocos días después Fernández dejó el gobierno. Ese mismo mes, CFK designó al frente del Sistema Nacional de Medios Públicos a Tristán Bauer quien le había presentado un proyecto de sistema de transmisión satelital directa al hogar. En el paquete de canales había uno de noticias y ninguno deportivo. Tampoco Sergio Massa simpatizaba con los proyectos de radiodifusión del gobierno en el que reemplazó a Fernández. En la primera semana de julio de este año, Massa y Bauer sostuvieron una discusión muy fuerte sobre el tema a vistas y oídas de la presidente. Bauer recriminaba la falta de apoyo de Massa para llevar adelante aquel proyecto satelital. CFK les pidió que no elevaran el tono y se retiró. Bauer pensó que había llegado al final de su carrera como funcionario, pero a la mañana siguiente quien se enteró de que había sido relevado fue Massa, y tres semanas después se publicó en el Boletín Oficial el decreto 943 que autorizó al Sistema de Medios Públicos a instalar y operar el sistema de televisión satelital. El decreto sólo habla de señales educativas, culturales e informativas. Aún nadie pensaba en el fútbol.
Llegaron los rusos
Al mismo tiempo, Grondona emprendía una nueva renegociación del contrato madre. Se quejaba del ninguneo que recibía, agravado por el clima triunfalista del grupo luego de las elecciones del 28 de junio. Salvo raras excepciones sólo podía hablar con el director de contenidos audiovisuales Ricardo Anglada. En 2006 había cometido una primera infidelidad con Clarín al vender a la empresa rusa Renova los derechos de televisación de los partidos amistosos de la selección argentina en el exterior. Con un socio fuerte pensaba que ampliaría sus márgenes de autonomía. Hasta ese momento, Clarín pagaba por cada uno de esos partidos 150 mil dólares. Los rusos firmaron por un millón y luego cedieron esos derechos al empresario argentino Guillermo Tofoni. La AFA le extendió el vínculo por dos años más, y T&C se opuso. En ese punto estaban cuando los sindicatos amenazaron con no iniciar el campeonato de primera si los clubes no pagaban sus deudas. Grondona acudió a dos funcionarios del gobierno nacional: Ricardo Echegaray, de la AFIP, para solicitarle un alivio fiscal, y el nuevo jefe de gabinete Aníbal Fernández, con la propuesta de un nuevo concurso de apuestas sobre el fútbol. Ninguna de esas gestiones tuvo respuesta afirmativa. Pero enterada de la novedad, la presidente autorizó a conversar sobre las posibilidades que se abrían. Grondona había encontrado alguien que rescatara la libreta del mensú y el gobierno consolidaba el terreno en su pugna con el grupo, que hasta ese momento no le era favorable. La separación entre quienes producen contenidos y aquellos que los distribuyen es una de las claves del anteproyecto de ley cuyo envío al Congreso anunció esta semana Agustín Rossi. El fútbol podrá ser la demostración comprensible para todos de su efecto democratizador.
Por primera vez la política no se rinde.
Para el periodista Adrián Paenza, quien trabajó durante años en las transmisiones de T&C, el gobierno ha hecho “algo impensable en la historia argentina. Con todos sus errores e incluso algunas cosas para avergonzarse, como el INDEC, ha puesto en la agenda cotidiana temas como el campo, las Fuerzas Armadas, los derechos humanos, el rol de las privatizaciones, la ciencia y ahora también Clarín y el fútbol. Creo que ni ellos pueden medir la trascendencia de todo esto”.
Gol en contra
La legitimidad de la intervención estatal en el caso del fútbol se desvanece en las querellas por calumnias e injurias del director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, contra el periodista de Clarín Daniel Santoro y los directivos de La Nación Bartolomé Mitre y Julio Saguier. Santoro en una nota, Mitre y Saguier en dos editoriales cuestionaron al agente por la investigación del atentado contra la AMIA. Los cargos contra Stiuso forman parte de la batalla entre sectores de la SIDE y de la Policía Federal. Los señalamientos contra el funcionario se originaron en un informe del comisario Jorge “Fino” Palacios, que contenía un dato inexacto, luego rectificado. Stiuso sostiene que “ciertos sectores de la comunidad judía” y algunos ex funcionarios que participaron en la investigación, intentan desplazarlo ahora a él. Aunque no los nombra se refiere al ex juez Juan José Galeano, a quienes reivindican el comportamiento de Rubén Beraja y al nuevo jefe de la policía metropolitana. La Nación también objetó el incremento de fondos reservados de la SIDE, cuestionó su eficiencia en casos de tráfico de efedrina, señaló operaciones prohibidas de inteligencia política y dijo que el Tribunal Oral Federal 3, que condenó a Galeano, también recomendó investigar a Stiuso. Stiuso lo niega. Fue uno de los testigos que contribuyeron a desentrañar el encubrimiento del atentado a la AMIA, lo cual condujo a que el Estado argentino reconociera su responsabilidad ante la OEA. El TOF 3 no lo señaló a él sino al comisario Palacios, quien está al borde del procesamiento. Pero eso no habilita a Stiuso para perseguir a periodistas y directivos de medios. Sus querellas contra Mitre y Saguier dicen que las presenta a título personal, pero agrega que los textos que lo afectan también “enlodan a la Secretaría de Inteligencia, a todos sus integrantes y a sus máximas autoridades”, lo cual prueba que su propósito es silenciar la crítica al modo en que se ejerce el poder. También alega que él no es un político y que está obligado por el secreto de Estado, lo que le torna más difícil ejercer su derecho a réplica que a un particular. Invoca ese mismo secreto para no referirse a su desempeño en la SIDE durante la dictadura, que ha sido investigado por el periodista Gerardo Young en el libro La Argentina secreta. Allí se afirma que fue hombre de confianza de los generales Carlos Martínez y Otto Paladino. Los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK no habían recurrido hasta ahora a esta práctica intimidatoria tan frecuente en el menemismo. Cuando Enrique Albistur querelló a directivos de la revista Noticias, Kirchner le ordenó que desistiera. En cambio no cumplió su promesa de impulsar la despenalización de esos delitos cuando se cometieran contra funcionarios públicos. Ahora hacerlo ya no es una cuestión discrecional sino obligatoria. El año pasado, en el caso Kimel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó modificar la legislación sobre calumnias e injurias para impedir ataques similares a la libertad de expresión. A 30 años de su histórica visita de 1979, la Comisión Interamericana volverá a la Argentina en septiembre. Las autoridades acompañarán a sus miembros a visitar algunos paradigmáticos campos de concentración de entonces. No está mal reconocer el aporte que la CIDH hizo entonces al oprimido pueblo argentino. Pero mayor signo de respeto sería cumplir con sus órdenes por violaciones actuales a esos derechos, ordenando a Stiuso que desista de esas querellas injustificables y autorizando la reforma legislativa para que no se repitan.
Trata de blancos
La ruptura entre los ex socios revolucionará el fútbol y la televisión, a ambos lados de la pantalla. A través de una maraña de dirigentes, intermediarios y comisionistas, la transmisión televisada del fútbol puso de rodillas a los clubes. Un especialista que conoce el negocio desde adentro y prefiere no decir su nombre llama a esta relación trata de blancos. “Se adueñan de los pases de los jugadores de las divisiones inferiores, en forma directa o mediante testaferros, se quedan con comisiones vergonzosas que depositan en paraísos fiscales. Los clubes están obligados a respetar los derechos económicos de los jugadores mediante su inscripción, pero los contratos legales son invalidados por otros paralelos por montos muy superiores. Por eso cuando la asociación gremial protesta por las deudas impagas a los jugadores, los montos son irrelevantes en comparación con las cifras reales”. La licencia para transmitir los partidos de fútbol fue el principal ariete de Clarín en su avance sobre el mercado de cable en el interior. Para negociar esos derechos calculaba el mercado total que cubría cada cableoperador y no su número real de abonados, lo cual ponía el fútbol fuera de su alcance. Los derechos eran cedidos a precio subsidiado a una empresa propia, que fundía al competidor.
El paso siguiente consistía en comprarlo a precio vil. A quienes no pueden pagar se les ofrece un canal donde las cámaras dejan el campo de juego y enfocan la tribuna en cuanto se pone en movimiento la pelota, paradigma de humillación discriminatoria. El poder acumulado con los cables se usó también para fines políticos. Durante un partido entre Boca y River la cámara se detuvo largamente en una bandera de la campaña de Maurizio Macri, quien se postulaba para la presidencia de Boca contra Antonio Alegre y Carlos Heller. Por la noche esa toma partidista se repitió en el compacto del partido de 20 minutos transmitido en Fútbol de Primera. Más recordados son los tres interminables planos a Francisco De Narváez durante la transmisión del último partido de la selección argentina como local contra Venezuela. Uno de los puntos débiles para la pretendida fusión de Multicanal y Cablevisión es que se trata de una multitud de licencias distintas, añadidas a medida que recogían los restos de los operadores más débiles y no consolidadas ante el CON. Sólo pudieron resistir esa trituradora Telecentro y Supercanal, pese a que durante años no pudieron transmitir el fútbol. Ambas son cadenas con raíces políticas: en un caso Alberto Pierri, en el segundo José Luis Manzano y De Narváez. Pierri y Manzano fueron dos de los dirigentes más poderosos del menemismo, que luego de la acumulación primitiva pasaron a la etapa superior, los negocios. Ese parece ser el origen común a los principales medios, como La Nación, creado por el general y presidente Bartolomé Mitre, y Clarín, por el político conservador Roberto Noble. El movimiento final que hasta ahora nadie ha conseguido dar es el regreso triunfal a la política, ya desde un temible pedestal mediático.
Números
Según el último censo nacional, de los 10 millones de hogares que había en el país, 5,4 millones tenían acceso a la televisión por cable. Quienes en la actualidad pagan un abono adicional para ver el fútbol codificado son 800.000 personas. El abono a Cablevisión Multicanal, que incluye TyC Sports, cuesta 107 pesos mensuales y el premium para ver los partidos codificados otros 32.
Fuente: Diario PáginaI12