Por: Carlos Pagni
El avance estatal sobre el fútbol es el renglón más audaz y, acaso, maquiavélico de la receta que Cristina y Néstor Kirchner decidieron para evitar el derrumbe final de su poder. Como parte del mismo programa, analizan enviar al Congreso en los próximos días un proyecto que regula los "servicios audiovisuales", más intervencionista que la ley de la última dictadura, que viene a reemplazar.
El resto del plan es menos sorprendente. Primero, la promesa de 100.000 nuevos empleos, a través de un programa que reproduce uno ya existente: el Manos a la Obra, inaugurado por Néstor y Alicia Kirchner en agosto de 2003, y sobre el que se señalaron deficiencias e irregularidades en varias provincias. Después, la denuncia sistemática de un supuesto plan de desestabilización, que incluye un fusilamiento mediático.
Faltaría volver un poco más agresiva la polémica con el episcopado e insistir en la fantasía de un magnicidio incruento, es cierto, para que el programa sea un plagio del que Hugo Chávez encaró en Venezuela después del 2 de diciembre de 2007, cuando perdió el referéndum constitucional. Aquella vez, el emir bolivariano pidió a la oposición que midiera bien matemáticamente su victoria", porque era "una victoria de mierda". Néstor Kirchner fue más elegante: "Perdimos por dos puntitos", dijo.
Con el fútbol, los Kirchner sí se muestran innovadores. Respecto de sí mismos y de su inspirador populista. Al menos a Chávez no se le ocurrió todavía estatizar el béisbol. En cambio, la Presidenta y su esposo han decidido que el fútbol quede incorporado a la política conectando su negocio al presupuesto nacional. El sector público adquiriría por $ 600 millones -es la cifra que trascendió hasta ahora- los derechos para televisar ese deporte, cuyos principales ingresos provendrían, entonces, del fisco. El Estado pasaría a controlar de este modo el principal insumo de la industria mediática.
El contrato entre la AFA y la empresa Televisión Satelital Codificada -de Torneos y Competencias y el Grupo Clarín- ha sido siempre un misterio para los clubes. La empresa, además, se contrató sin siquiera una licitación. Por eso cualquier acuerdo que reemplace aquel convenio parece, sólo por ser distinto, mejor. Pero la antipatía que despierta este sistema, opaco y amañado, no debería convertir en verdades algunas falacias.
La primera es la que afirma que el consumo de fútbol por TV, por las emociones que despierta, es un derecho universal que debe ser garantizado por el Estado. Como si los constituyentes se hubieran olvidado de agregar a la enumeración del artículo 14 bis el acceso gratuito a ese espectáculo.
Ese criterio cede a una tentación demagógica. ¿Por qué el Estado debe "asegurar la pasión", como dijo Aníbal Fernández? ¿Por qué esa pasión y no otras? Las que desatan en ciertos públicos el canto coral o el softball, por ejemplo. Para refutar a Fernández no hace falta caer en el lugar común de calcular cuántas escuelas u hospitales se construirían con los $ 500 millones que está por conseguir Grondona. Hay actividades en las cuales el Estado no tiene por qué involucrarse. Pero el Gobierno sólo parece tolerar la iniciativa privada como una concesión graciosa del sector público.
Para una sociedad a la que le cuesta cada vez más democratizar servicios estratégicos -educación, salud, justicia, seguridad-, el desvío de recursos para asegurar "el derecho a ver fútbol" es un despilfarro. La suma que demandará el nuevo contrato equivale a tres veces y media el presupuesto de la Secretaría de Deportes. Se dirá, claro, que el aporte se recupera con la venta del servicio. Para Aerolíneas o el Correo también se decía lo mismo.
Es comprensible que Kirchner no repare en estas contradicciones mientras se sigue derrumbando en las encuestas. Sin ese eclipse, es incomprensible el pacto con la AFA, presentado como "fútbol para todos". La pretensión es evidente: que el fútbol transfiera algo de su popularidad a un gobierno anémico. No se financia "la pasión", sino la falta de pasión.
En este intento de reinventarse, los Kirchner cuentan con la providencial amistad de los quilmeños Aníbal Fernández y José Luis Meiszner. Meiszner es la mano derecha de Grondona y el padre de Andrés Meiszner, director del Registro Nacional de Armas, a instancias de Fernández.
¿Qué costo tendrá para los contribuyentes este ensayo de relanzamiento de Kirchner? Además del inicial (la negociación de los $ 300 millones que los clubes le deben a la AFIP, por ejemplo), hay que calcular su costo potencial. Porque la demagogia siempre es prebendaria. Kirchner les está por hacer tomar a quienes pagan impuestos un riesgo infinito: los principales ingresos del fútbol, manejados con una opacidad que hasta los sindicalistas envidian -recordar sólo las transacciones con las barras bravas-, correrán por cuenta del Estado. Grondona podrá coronar toda una trayectoria basada en el clientelismo con esta magnífica conquista.
Se puede retirar tranquilo, don Julio. La Presidenta y su esposo, por su lado, completan con esta concesión -que se suma a la estatización previsional- su legado fiscal para las futuras generaciones.
Para que esta proeza se realice hace falta que la clase política, con Kirchner al frente, se ponga un revólver en la sien. La estatización del fútbol puede conceder a Grondona y a sus sucesores -si es que algún día aparecen- un poder del que ni Hugo Moyano ni el piquetero más intransigente disfrutan en estos días. ¿Qué presidente puede resistir que un campeonato se suspenda hasta que el Gobierno les destine más dinero a los dirigentes del fútbol? ¿Existe un piquete o una huelga más eficaz? Es el peligro de "garantizar la pasión" con recursos públicos.
Kirchner no se detiene, cegado por la tentación demagógica. ¿Resistirá la tentación autoritaria? Para conseguir que su negocio se financie en el Tesoro nacional, el astuto Grondona aprovechó el conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín.
El pecado capital del convenio entre TCS y la AFA consiste en que el dueño de la señal del fútbol es también operador de TV. Por esa superposición el anterior presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, José Sbatella, se negó a aprobar la asociación de Multicanal con Cablevisión. Multicanal es del Grupo Clarín. Por lo tanto, al contar en exclusiva con el fútbol, que es la programación más atractiva del mercado, esa red podría desplazar a cualquier competidor. Kirchner, sin embargo, desplazó a Sbatella y bendijo el acuerdo.
No es el único antecedente para probar que el oficialismo está cambiando de opinión. No sobre el fútbol. Sobre Clarín. En diciembre de 2006, Boca y Estudiantes de La Plata habían cerrado un contrato con Telefé para transmitir un partido de desempate del torneo Apertura, que, por lo tanto, excedía el contrato de TSC. No lograron vencer las presiones de la empresa. Por lo tanto, Mauricio Macri ofreció la transmisión a la TV pública. Pero Kirchner, quien ahora sostiene que el fútbol debe verse gratis, se negó a aceptarla, para no irritar a Clarín. Como con el adelanto de las elecciones o los superpoderes, otra vez Macri abre el camino a Kirchner. Es simpático.
Que el giro de Kirchner haya llegado tan tarde abre algunos interrogantes. ¿Qué es lo más importante para él? ¿Darle el fútbol a la audiencia o quitárselo a Clarín? Hoy, el Estado no puede asegurar lo primero porque carece de tecnología y de recursos para hacerlo. Alrededor del fútbol y la TV aparecerán otros negocios. Pronto la pantalla ofrecerá apuestas asociadas a los partidos. No sólo Cristóbal López explora ese filón. El ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli -aquel ahijado de Alberto Fernández y recaudador de los Kirchner que debió renunciar por sus vinculaciones con droguerías investigadas por tráfico de efedrina- conduce la nueva empresa Gambling TV, del macrista Daniel Angelici.
Pero la alianza de Kirchner con Grondona será puesta al servicio de objetivos políticos más que comerciales. El fútbol es el gran insumo de la televisión. Por eso, algunos operadores de cable, como Alberto Pierri, ya visitaron Olivos. Kirchner puede fantasear con ofrecer o retacear ese insumo y, de ese modo, disciplinar la cobertura periodística de la TV y de las radios y diarios asociados a ella. Es una sospecha fundada. Ya ha demostrado cuán arbitrario puede ser con los medios como proveedor de otro producto: la publicidad del Estado.
Fuente: Diario La Nación
