Por: Martín Becerra*
La conmemoración del 25 aniversario del restablecimiento del sistema constitucional, el 10 de diciembre de 2008, fue reactivada por la muerte de Raúl Alfonsín el 1 de abril de 2009. La crónica edulcorada sobre los añ
os que median entre la presidencia de Alfonsín y la actualidad omitió muchos de los conflictos sorteados con dispar resultado por la transición democrática (se centró en el hoy desarticulado poder militar, pero evitó convenientemente evocar disputas con otros poderes hoy incólumes) y, en una selección de hechos nada casual, suprimió toda mención a las deudas que se siguen arrastrando desde el fin de la dictadura militar.Entre ellas, se destaca la Ley de radiodifusión 22.285, decretada por Jorge Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz, entre otros, en 1980. Enmarcada en la doctrina de la seguridad nacional, la Ley es, además de oprobiosa para la convivencia democrática, anacrónica en relación a las transformaciones de los medios de comunicación en las últimas tres décadas.
Esas transformaciones, desde 1983, pueden agruparse en torno de cuatro procesos cuyos efectos fueron vigorizados desde 1989: primero, el destierro de la censura directa; segundo, la concentración de la propiedad de las empresas en pocos pero enormes grupos; tercero, la convergencia tecnológica (audiovisual, informática y telecomunicaciones); y por último, la centralización geográfica de la producción de contenidos. Estos procesos se conjugaron para transformar el sistema de medios y para imprimirle monotonía en su adscripción al lucro como lógica de programación y al exitismo como paradigma. Esa transformación fue moldeada por las reglas de juego originalmente definidas por Videla y compañía, y empeoradas por varios de los gobiernos constitucionales posteriores.
Una Argentina desigual en la distribución de sus recursos económicos, sociales y culturales, reproduce la injusticia en el sistema de medios. El 70% de los contenidos que circulan por televisión son producidos en Buenos Aires. Los actores sociales sin fines de lucro estuvieron por razones legales hasta 2005 y desde entonces, en la práctica, excluidos mayoritariamente del acceso a la propiedad de los medios, que es altamente concentrada. La autoridad de aplicación (ComFeR) está intervenida desde 1983 por el Ejecutivo.
Aunque las fuentes y soportes de comunicación se multiplicaron por la convergencia tecnológica desde el fin de la dictadura, con el desarrollo de las radios de frecuencia modulada, la masificación de la televisión por cable, del acceso a Internet (si bien su impacto fundamental se registra en los grandes centros urbanos), paradójicamente son muy pocos los privilegiados que pueden ser titulares de licencias audiovisuales en la Argentina.
El descuido de las emisoras de gestión estatal (Canal 7, radios Nacional y municipales) durante años y la reluctancia del estamento político para generar un sistema de medios públicos (como en Brasil), sumados a la proscripción del acceso a los medios de cooperativas y organizaciones comunitarias durante décadas (a diferencia de lo que ocurre en Uruguay), impidió que en este cuarto de siglo maduraran en alternativas a los grandes operadores privados. Más aún: el Estado prestó diligente auxilio a estos operadores mediante la autorización para constituirse como multimedios (vía Reforma del Estado); privilegios impositivos (década del noventa); ampliación del límite de licencias acumulables y consolidación de redes (decreto 1005/99); protección ante las deudas contraídas por los grupos locales (ley de industrias culturales, 2003); y extensión del cómputo del plazo de las licencias (decreto 527/05).
El nivel de concentración de los medios argentinos sería ilegal en los Estados Unidos y en varios países europeos. El cruce de intereses de los grandes conglomerados en industrias culturales, telecomunicaciones y en otros rubros de la economía, se traduce en un pluralismo estrecho y en la reducción de perspectivas diversas. Concentración y pluralismo son antagónicos. Un indicador de la retracción de voces: más del 80% de los mercados de medios del país está concentrado en menos de cuatro grupos comunicacionales.
A su vez, la concentración conduce a la unificación de la línea editorial, al empobrecimiento de los enfoques disponibles y la precarización de las condiciones laborales de periodistas y oficios colindantes. La autocensura, la ausencia de fuentes variadas, la perspectiva centralista y el prejuicio de clase manifestado en forma de estigma, son algunos de los efectos del periodismo “líquido”, dispositivo emblemático de un sistema de medios que opera con la máxima de la economía de recursos.
Además, la centralización geográfica de las producciones de radio y televisión en el área metropolitana de Buenos Aires contradice el federalismo, provocando que la cultura de vastas regiones sea, como definió Aníbal Ford, procesada por otros. Esta tendencia se agudizó durante la democracia: en los aspectos en los que la ley de la dictadura era funcional a los principales grupos, ésta fue respetada; cuando sus artículos obstaculizaban el interés de esos grupos, la ley fue retocada. No sólo retocada: la ley de Videla fue infringida a discreción.
Licencias que se traspasan entre conglomerados mediáticos (sin distinción de banderas) sin autorización del Estado en un mercado negro vedado para la mayoría; derecho a explotación para operadores extranjeros y para gobernadores y legisladores (o candidatos); testaferros; tercerización y subalquiler de espacios de programación de casi todas las radios (con excepción de las líderes); financierización del capital de las empresas, apropiación exclusiva de derechos de televisación de acontecimientos de interés público por parte de grandes grupos y otras violaciones, son rasgos inconfundibles del sistema de medios argentino.
El anteúltimo capítulo conocido de esta saga, hasta ahora, ha sido la condonación de deudas a grandes medios comerciales que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 27 de mayo de 2009 sin que los operadores comunitarios y no lucrativos de medios reciban un trato, por lo menos, semejante al de los grandes medios comerciales. Ello motivó la queja de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCo), cuyo representante, Néstor Busso, firmó un comunicado que resalta que “aunque la presidenta destacó la necesidad de ‘diferenciar a las pequeñas empresas periodísticas de los grandes grupos’ (…) este convenio de cancelación de pasivos fiscales de empresas periodísticas fue firmado con Telefé del Grupo Telefónica de España, América TV multimedio cuya propiedad comparten Francisco De Narváez, Daniel Vila y el ex ministro José Luis Manzano, La Nueva Provincia de la familia Massot de Bahía Blanca, entre otros”.
La última noticia se produce al cierre de esta nota: la ruptura de los lazos que unían a la Asociación de Fútbol Argentino con dos empresas controladas por el Grupo Clarín y asociados, y que supondría el inicio del fin de la monopolización de los derechos de televisación del fútbol. A falta de una ley integral, la progresiva desconcentración de los mercados de comunicación masiva por vía de la aplicación de normas que reduzcan la posición dominante de los actores más fuertes, o bien por vía de la protección de los lesionados derechos de las audiencias, implica un cambio y la reivindicación del sentido común en dominios en los que estuvo ausente durante décadas.
La historia de los medios en el país revela que nunca antes la comunicación masiva estuvo tan concentrada y tan centralizada. En este marco, el mismo gobierno de Fernández de Kirchner que perdonó el pasivo fiscal de grandes grupos presentó en marzo de 2008 una propuesta de ley de servicios audiovisuales, basada en los aportes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. El diagnóstico del que es fruto el texto –en el momento de cierre de esta edición todavía no presentado en el Congreso Nacional-, es coincidente con el sumario análisis que se presenta en este artículo y está inspirado en la tradición más progresista sobre derecho a la comunicación cultivada en América latina. El proyecto del PEN sobresale además por las medidas específicas que orienta y que dan cuenta de la lectura del proceso de convergencia tecnológica en curso
Si bien el proyecto precisará, en su tratamiento parlamentario, complementarse de disposiciones que garanticen la viabilidad de sus orientaciones en materia de desconcentración, producción de contenidos por parte de operadores no lucrativos y federales; que profundicen la apertura federal, social y parlamentaria del organismo a cargo del sector; descentralice del Poder Ejecutivo la potestad de asignar licencias audiovisuales; articule mejor con la Secretaría de Comunicaciones lo competente a servicios de tipo convergente (que serán mayoritarios en poco tiempo); su necesaria crítica y optimización no puede eclipsar el avance que implica que la Argentina cuente con un proyecto inscripto en la mejor tradición de la comunicación democrática y plural.
Como apunta Lessig (1998), la regulación en materia de actividades de información y comunicación contempla al menos la consideración de aspectos legales, culturales (usos y costumbres), de configuración de los mercados (que determinan a su vez el acceso a bienes y servicios por parte de los distintos grupos sociales), y de morfología de cada sector informacional (con su arquitectura y sus códigos específicos). La ley es un aspecto, medular por cierto, de esa regulación más amplia.
Seguir postergando el debate porque “las circunstancias no son apropiadas” (habiendo superado el cuarto de siglo en democracia) o porque una agenda más amplia reclama también tratamiento, implica avalar de hecho (tal vez involuntaria pero efectivamente) el texto de Videla. Además, en dicha postura habita una perspectiva de la política confinada a la coyuntura, ya que no advierte que la modificación de la ley de radiodifusión cambiará el escenario de debate de temas medulares para la configuración del espacio democrático.
*Martín Becerra es Doctor en Ciencias de la Comunicación. Profesor Titular de las Universidades Nacionales de Quilmes (UNQ) y de Buenos Aires (UBA) e investigador del CoNICET.