La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI) junto a varias cámaras de diarios, revistas, radio y TV calificaron ayer en un comunicado como "sorpresiva y sospechosa" la decisión del Gobierno de "instalar y operar un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional" y pidió "la revisión de la medida".
Los firmantes denunciaron que "utilizando recursos del Estado", el gobierno nacional busca "convertirse en el mayor proveedor de contenidos y noticias a escala nacional, sin control alguno" y acusó al Gobierno de "sectarismo político o censura en el manejo editorial de los medios del Estado".
"Lejos de fomentar y replicar la diversidad de medios privados que -coexistiendo con los públicos- hay en la Argentina (un país con una las mayores ofertas informativas del mundo), el proyecto otorga un privilegio al sistema oficial, lo que generará un desequilibrio informativo para los ciudadanos", añadió el Comunicado.
El Poder Ejecutivo Nacional concedió a través del Decreto 943/09 al Sistema Nacional de Medios Públicos la posibilidad de instalar y operar un sistema de televisión satelital en todo el país para difundir señales educativas, culturales e informativas.
Según las cámaras, "esta sorpresiva y sospechosa medida, que no reconoce antecedentes a nivel internacional, no brinda opciones audiovisuales gratuitas a los sectores más vulnerables, sino que los obliga a ser rehenes únicamente de señales oficiales o paraoficiales, o sea del discurso oficial".
"Pero además avanza contra el federalismo televisivo y la autonomía de las provincias, ya que en lugar de promover la producción de contenidos locales se apunta a un modelo altamente centralizado, donde sólo tienen lugar los contenidos oficiales producidos en Buenos Aires".
Las entidades que acompañan a CEMCI en el Comunicado son la Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER), la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEdBA), la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).
Los firmantes señalaron también que "paradójicamente, el Decreto se basa en el artículo 35 de la Ley de Radiodifusión 22.285, que regula el Servicio Oficial de Radiodifusión" y añadieron que "aunque ya posee Canal 7, con más de 500 repetidoras, Radio Nacional y su red que cubre todo el país, o el canal Encuentro, el Gobierno busca, utilizando recursos del Estado, convertirse en el mayor proveedor de contenidos y noticias a escala nacional, sin control alguno".
