El proyecto se tratará en el Congreso en diciembre, cuando recambie la conformación de las cámaras. Lo aseguraron fuentes del ComFeR. Reconocen que el texto llegará con variantes introducidas a partir los foros de debate en todo el país. Para quienes apoyan la propuesta y no pertenecen al Gob
ierno, la ausencia de la discusión en la agenda política de estos días es "es una grave concesión". Un resumen de los posibles cambios.Aunque la agenda política quedó modificada tras la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas, el tratamiento en el Congreso de la propuesta oficial de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entraría antes de diciembre para ser debatida sin que se modificaran sus puntos centrales, tales como el 33 por ciento de las licencias para las organizaciones sin fines de lucro y el límite a la formación de monopolios, según fuentes del ComFeR. El anteproyecto llegará al Palacio Legislativo modificado con los aportes a partir de las 1200 recomendaciones que organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, profesionales de la comunicación y docentes universitarios realizaron en el marco de los 23 foros provinciales con los que los impulsores de la propuesta recorrieron 19 ciudades del país y que, según ellos "profundizaron el espíritu de la ley".
"El tratamiento del anteproyecto puede retrasarse por el actual momento político, cuando lo importante es la convocatoria al diálogo a la oposición en torno a la agenda. Pero antes de fin de año se espera que se cumpla con lo que planteó la Presidenta sobre tratarlo durante este periodo ordinario. De todas maneras, en Cámara de Diputados, el oficialismo tiene la primera minoría y se puede construir una mayoría apreciable con algunas bancadas del socialismo y de Solidaridad e Igualdad, e incluso diputados sueltos del radicalismo que en los foros (de aportes y sugerencias a la propuesta) expresaron su intención a favor del anteproyecto, aunque discutiendo algunos aspectos. El Senado es una Cámara un poco más difícil donde pesan intereses más conservadores", explicó a AUNO Gustavo Bulla, director nacional de Supervisión y Evaluación del ComFeR.
En el mismo sentido, el presidente de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, Néstor Busso, indicó a esta agencia que el traspié oficial en las elecciones no tiene porqué traducirse en el no tratamiento de "un anteproyecto realizado sobre la base de la propuesta de organizaciones de la sociedad civil y después debatido en foros abiertos y públicos, que se tradujeron en 1200 aportes hechos por la ciudadanía".
La propuesta para modificar la Ley de Radiodifusión (22.285), vigente desde la última dictadura militar, fue presentada por la presidenta Cristina Fernández el 18 de marzo pasado y redactada en base a los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en conjunto con el ComFeR y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenas Aires (UTPBA), entre los que están presentes la adjudicación del 33 por ciento de las licencias a las organizaciones sin fines de lucro, la prohibición de monopolios y la pluralidad de voces en la nuevo organismo de regulación. Desde entonces, se abrió el debate a la comunidad a través de Foros de aporte y sugerencias.
Para Juan Carlos Giuliani, secretario de Comunicación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), una de las entidades que integra la Coalición por una Radiodifusión Democrática, la participación en los foros "muestra la ansiedad del conjunto del pueblo por participar del proceso que reemplace la ley de la dictadura, que lleva la firma de (el ex dictador) Jorge Rafael Videla, (el ex ministro de Economía de la dictadura), José Alfredo Martínez de Hoz, y (el represor y ministro del Interior) Albano Harguindeguy".
No obstante, en la visión de Giulani, la ausencia del anteproyecto en la agenda política de estos días es "es una grave concesión" ya que "hay que meterlo en el Congreso para comenzar a debatirlo, y a la presión de los grande medios hay que responderle con la movilización del campo popular".
Una vez que se logre ingresar la propuesta a la cámara, Busso consideró que los puntos centrales no corren riesgo de ser modificados ya que "desde la oposición nadie ha presentando argumentos fuertes en contra, a lo sumo recurren a decir que no es el momento para aprobar o debatir un nueva ley de medios".
Para Bulla, "el argumento de que no es momento de debatir una nueva ley es reprobable" y, si bien entendió que "es difícil que haya objeción" a los ejes más fuertes, la propuesta "sufrirá cambios de acuerdo al debate". En ese sentido, consideró que "los opositores que tienen posibilidad de ser gobierno en 2011, deben dar cuenta de que tienen la oportunidad de votar la mejor ley posible, que es un beneficio para la democracia y no para un gobierno".
Aportes al anteproyecto
La propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual partió del trabajo entre el ComFeR, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenas Aires (UTPBA) y la Coalición por una Radiodifusión Democrática sobre los 21 puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación que el colectivo de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, profesionales, universidades y medios comunitarios trabajó desde 2004. Sin embargo, una vez presentado se abrieron los foros de aportes y sugerencias para profundizar el anteproyecto basado en la comunicación como derecho humano.
En ese sentido, la propia Coalición presentó el 9 de junio pasado, 21 Aportes para sumar y mejorar el proyecto impulsado por el Gobierno en los que se reinterpretan algunos artículos para profundizar su sentido y asegurar el derecho a la comunicación, la protección de los niños, la inclusión digital, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
Justamente fueron los pueblos indígenas los que, aprovechando los 23 foros provinciales que alcanzaron 19 ciudades del país, reclamaron estar representados dentro del Consejo Multisectorial y Participativo que se encargará junto a un órgano colegiado, integrado por representantes de la segunda y tercera minoría del Poder Legislativo nacional y representantes del Ejecutivo, de regular los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Para comenzar con el pie derecho, junto a la presentación de los 21 aportes presentados en el anexo de la Cámara de Diputados, la Coalición solicitó la derogación del decreto 527 del 2005 que durante la presidencia de Néstor Kirchner prorrogó por más de una década las licitaciones. "Así se congeló el formato oligopólico, contrario al espíritu de la propuesta de ley", sentenció Juan Carlos Giuliani, secretario de Comunicación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), integrante del colectivo.
Vale destacar que la nueva ley reduce la tenencia de cada licencia a diez años, a diferencia de los 15 otorgados por la ley anterior, en tanto que otorga la misma cantidad de año para las renovaciones, aunque con en la entrada en vigencia de la ley será una audiencia pública la que evaluará la tarea
Entre las 1200 recomendaciones de modificación a la ley que surgieron en los distintos Foros, uno de los fuertes debates que se traducirá a la normativa es el cómo controlar que fundaciones empresarias no ingresen como licitantes dentro del tercio del espectro correspondiente a las organizaciones sin fines de lucro. Para eso se elaborarán mecanismos de control que estudien que las fundaciones no tengan vínculo directo con empresas privadas o que tenga entre sus directivos personas relacionadas a una sociedad de medios.
Otro de los puntos a debatir era la financiación de las organizaciones sin fines de lucro que comenzaron en desventaja económica y técnica en relación a los medios de comunicación privados. Es así que las organizaciones sin fines de lucro, sindicatos, representantes de comunidades originarias, entre otros, solicitaron que se amplíe el 4 por ciento destinado para subvencionar esas emisoras, calculado sobre de las recaudaciones que la nueva autoridad realice sobre impuestos como los gravámenes de los licenciatarios, la facturación de publicidad de los canales y multas.
Sin embargo, para aplicar la nueva ley, la nueva autoridad necesitará mayores recursos a los que hoy detenta el ComFeR --beneficiada ya que será un ente autárquico y no dependerá de partidas-- porque no cuenta con los elementos tecnológicos ni los recursos humanos. Por eso, el director nacional de Supervisión y Evaluación del ComFeR, Gustavo Bulla, consideró que no dejará de ser "una cuestión de Estado" en cuanto a la inversión necesaria y que ésta no es en tanto "actividad económica sino para velar por un derecho de todos los ciudadanos".
Por último, aunque el objetivo del anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es "dar un nuevo marco legal a todos los servicios comunicativos, independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión", los servicios de Internet sólo se regularán en tanto contengan una grilla de contenidos que se transmiten en directo al público, algo que aún no ocurre.
Fuente: Agencia Universitaria de Noticias y Opinión