Una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que permite destinar dinero traído al país a través del plan de blanqueo para invertir en medios de comunicación, generó preocupación entre tributaristas y legisladores de la oposición, que ya presentaron un proyecto en el Congreso para rechazarla.
En la resolución general 2609, la AFIP determinó que las personas que busquen "exteriorizar" fondos podrán destinarlos a invertir en "producción televisiva, cinematográfica, editorial, publicitaria, incluyendo las realizadas por cualquier otro medio o soporte audiovisual". También podrán dedicarlos a "inversiones en la industria cultural, así como las destinadas a la adquisición, realización o restauración de obras de arte", según la norma oficial.De este modo, la AFIP fue un paso más allá de la ley 26.476, que a fines de 2008 legalizó el polémico blanqueo promovido por el Gobierno. En su artículo 27, la ley determinaba la posibilidad de invertir en bienes industriales o servicios, sin brindar ninguna especificación. Ese artículo aclaraba que la única exigencia para realizar la inversión con dinero que estuviera fuera del circuito formal consistía en pagar una "penalidad" del 1% del total blanqueado.
La resolución de la AFIP ya había generado controversia porque borró la exigencia planteada en la ley de colocar el dinero por ser blanqueado en una cuenta bancaria, controlada por el Banco Central.
Norma extralimitada
Para el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, la reglamentación de la AFIP "fomentará el blanqueo inescrupuloso, inclusive más que la propia ley". El legislador nacional dijo a La Nación que "claramente la reglamentación se extralimitó respecto de la ley que aprobó el Congreso".
En ese argumento se fundamenta el proyecto de ley que esta semana presentó la diputada Silvana Guidici (UCR-ciudad de Buenos Aires), presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, que rechaza la reglamentación, y que acompañaron con sus firmas seis legisladores opositores.
El diputado Pérez, uno de los firmantes, expresó sus dudas sobre la inversión en medios: "En el caso de los medios siempre es preocupante porque podrían utilizar parte del dinero por la corrupción para generar una competencia desleal". De este modo, dio a entender que empresarios cercanos al kirchnerismo podrían beneficiarse con esta polémica norma.
Por su parte, fuentes de la AFIP aclararon a La Nación que "la reglamentación sólo viene a precisar el vacío que había en la ley en el rubro de las inversiones en el área de servicios". Además, explicaron que la única exigencia para el blanqueo es que la persona que decida participar cumpla con el requisito de ser "argentino y contribuyente ante la AFIP".
De hecho, el régimen que culmina a fin de agosto perdona a quienes estén acusados sin sentencia firme del delito de evasión fiscal si se suman al blanqueo.
Más allá del plano político, tres especialistas privados consultados por La Nación también coincidieron en expresar, en forma anónima, sus reparos por esta cláusula de blanqueo referida a los medios de comunicación.
"En los últimos meses se han comprado radios, y con esta nueva figura legal se podrían blanquear esas inversiones y comprar más", indicó un reconocido tributarista.
Desde una entidad que agrupa a los contadores también admitieron sus dudas sobre este inciso, "ya sea tanto para la compra de medios como de otros servicios con fondos de origen poco claro o ilícito".
La sentencia final corresponde a un ex funcionario especializado en el control de lucha contra el lavado: "Hay empresarios amigos del poder político que comenzaron a blanquear plata gracias a esta reglamentación, que además va en contra de otras normas oficiales", concluyó.
Un debate político, no jurídico
Por: Juan Félix Marteau
La posibilidad fáctica de que el dinero blanqueado se destine a comprar un diario o un canal de televisión conduce a preguntarse en qué medida esta disposición no se encuentra en colisión con la ley 25.750, sobre preservación de bienes y patrimonios culturales, que considera que los medios de comunicación constituyen un "interés estratégico de vital importancia", y reserva su propiedad a empresas nacionales.
Nuevamente, la cuestión más delicada que presenta esta medida gubernamental se refiere a que queda dificultado el real conocimiento del origen de los fondos que se someten al proceso de blanqueo.
Es necesario recordar que la primera polémica que originó esta medida se planteó en torno a su incompatibilidad con el sistema de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo vigente en la Argentina. El aspecto más delicado se concentraba en que la nueva norma eximía a la AFIP de conocer el origen de los fondos por blanquear y la fecha de su adquisición, vulnerando las obligaciones que le fija la ley de lavado de dinero.
Ante la presión interna e internacional, se procuró trasladar al sistema financiero, más precisamente a los bancos, la responsabilidad de chequear a quienes adherían al blanqueo: si éstos no pudiesen justificar su perfil patrimonial deberían ser reportados a la Unidad de Información Financiera para que investigue si existió algún crimen financiero.
El mecanismo instrumentado consistió en ordenar que el dinero por blanquear existente en el país fuera depositado en cuentas bancarias especiales donde eventualmente podrían ser controlados los ilícitos en cuestión.
En la misma norma que permite la inversión en medios de comunicación, la AFIP autoriza ahora que el blanqueo se realice sin necesidad de cumplir con el depósito en entidades financieras, sorteando la posibilidad de que por esta vía se indague sobre la fuente del dinero.
Los fondos producto de un blanqueo tienen inexorablemente un carácter crítico. Este no es un concepto jurídico, sino político, por la posibilidad de que determinados activos atenten contra la estabilidad de una esfera de la vida social y produzcan efectos perversos o no deseados.
El hecho de que dinero de origen desconocido pueda terminar en una inversión que tergiverse el carácter estratégico que tienen los medios de comunicación para nuestro país debe activar todos los controles institucionales que todavía funcionan -desde la Inspección General de Justicia hasta el sistema privado de auditorías- para procurar saber quién es finalmente el inversionista beneficiado y la naturaleza de su inversión. De otro modo, lo crítico podrá convertirse en ilegal.
El autor es profesor titular de la UBA, especialista en criminalidad financiera
Fuente: Diario La Nación