Por: Nicolás Wiñazki
E
l 18 de marzo, en un acto multitudinario, frente a todo el Gobierno, la CGT, la CTA, los organismos de derechos humanos, embajadores y dirigentes sociales, la presidenta Cristina Kirchner aseguró que enviaría al Congreso un nuevo proyecto de ley de medios audiovisuales “para terminar con la Ley de Radiodifusión de la dictadura”. La Casa Rosada puso un plazo: el anteproyecto se debatiría en distintos foros por sesenta días y luego se mandaría al Parlamento. Nunca pasó. Tres meses después de aquella promesa K, el Gobierno da por hecho que el tratamiento legislativo del nuevo proyecto de ley de radiodifusión está retrasado. La Presidenta no lo mandará al Congreso hasta después de las elecciones legislativas del 28 de junio, revelaron varios funcionarios del gabinete encargados de este tema.Los foros de debate por la nueva Ley de Radiodifusión –en los que se incluyeron universidades, ONG, académicos e incluso gobernadores– se hicieron por todo el país en el tiempo estipulado, pero luego debieron extenderse con la creación de nuevos debates, debido a que los Kirchner demoraron el envío del proyecto al Congreso, confesaron fuentes de la Secretaría de Medios.
El último foro se hizo el martes pasado. Fue en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Su titular, Hebe de Bonafini, expresó a su estilo las dudas que existen en una parte del oficialismo sobre el retraso en el tratamiento de esta ley: “Yo le pido a la presidenta Cristina Fernández que, en honor a los periodistas desaparecidos durante la dictadura y a todos los que luchamos por la democracia, que se presente ya el proyecto en el Congreso”, exigió, y luego sinceró sus temores con una metáfora: “Si los huevos están mucho tiempo en la incubadora, en vez de pollitos van a salir huevos fritos”.
Bonafini, que tiene acceso y confianza con los Kirchner como pocos dirigentes, metió presión sobre el tema porque intuye que el anteproyecto de ley de servicios audiovisuales podría “cajonearse” por tiempo indeterminado.
Aunque en público los Kirchner critican a los grandes grupos de medios, en privado sus funcionarios admiten que el anteproyecto de la nueva Ley de Radiodifusión no será enviado al Congreso hasta después de los comicios, justamente para no entrar en conflicto con los multimedios. La paradoja es que, después de las elecciones, el panorama parlamentario será muy complejo para el matrimonio gobernante: la mitad de los diputados y un tercio de los senadores trabajarán en una especie de limbo ya que sólo tendrán mandato hasta diciembre, mes en que asumirán los legisladores elegidos el 28 de junio. ¿Podrá el oficialismo imponer en ese lapso la votación de una ley resistida por buena parte de las empresas periodísticas? El escenario también se complejiza si el anteproyecto ingresa al Congreso el año próximo. Según cálculos de los operadores legislativos, el oficialismo tiene altas chances de perder su mayoría en el Senado para el período de sesiones ordinarias de 2010. La sangría también golpearía al bloque de Diputados K, que perdería varios de los 116 legisladores con los que cuenta en la actualidad, por lo que la mayoría kirchnerista en la Cámara baja también podría ser una utopía.
A pesar de que admiten que la nueva Ley de Radiodifusión está retrasada, a lo que se suma que no será fácil aprobarla tras las elecciones de junio, los funcionarios del gabinete están convencidos de que el matrimonio presidencial no “cajoneará” el proyecto y que lo seguirá impulsando “hasta las últimas consecuencias”.
El 18 de marzo, el día que presentó la posible nueva legislación, la presidenta Cristina había intentado despejar cualquier duda sobre el tema: “Éste no es el proyecto de Cristina. Cuando lo lean, van a entender que no es coyuntural”.
La legalización de los vicios del Estado
Por: Damián Glanz
No es el interés por democratizar el sistema de medios lo que motiva al Gobierno en su presunta carrera por modificar la Ley de Radiodifusión. Disimulado entre justos reclamos de las organizaciones que pelean por un nuevo modelo comunicacional, la administración K intenta fundar un holding periodístico afín que enfrente el poder de las empresas que controlan el mercado de la palabra y con las que, de a ratos, no logra pactar la convivencia o la sumisión, como Clarín o los monopolios regionales. El anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual prevé un régimen de excepción para habilitar a Telefónica a ingresar al circuito de la TV por cable: el corazón de la concentración del poder mediático.
La ley actual excluye a las empresas de servicios públicos del acceso a las licencias de radiodifusión. Como estas compañías auxiliares del Estado transitan por una senda de negociación permanente con los gobiernos –ligada a sus deseos de ganar más o invertir menos–, la norma consideró conveniente excluirlas de la propiedad de los medios para que éstos no estén condicionados por la pelea económica. El límite pretende evitar que las privatizadas extorsionen a la Casa Rosada desde los medios y que éstos no se ofrezcan al servicio del poder a cambio de mejoras en las condiciones contractuales. La restricción responde al requisito de “independencia” que expresa la Convención Americana de Derechos Humanos, pacto internacional con rango constitucional.
El proyecto desafía la Constitución y la libertad de prensa que dice defender, y pretende legalizar los vicios de hoy de los medios y el Estado. Un ejemplo: la empresa Electroingeniería, de estrecho vínculo con el Gobierno, proveedora preferencial del Estado y licenciataria del servicio de transporte de energía en la Patagonia, adquirió Radio del Plata, una frecuencia muy festejada en los despachos oficiales.
El millonario favor a Telefónica permitirá la edificación de una gran antena al servicio del Príncipe.
Fuente: Crítica de la Argentina