Cuando Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta Argentina, dijo el 27 de mayo de que se cancelaba la de
uda tributaria de cinco empresas de medios de comunicación privados, explicó su generosidad con argumentos relacionados sobre la importancia de tener una prensa libre.Era un argumento majestuoso de parte de quien suele contestar bruscamente a las críticas de los medios
Sra. Fernández pasó toda su campaña presidencial y la mayor parte de su primer año en el cargo sin dar una conferencia de prensa.
Su esposo, Néstor Kirchner, que gobierna con ella, no dio ninguna en sus cuatro años de trabajo como presidente.
Más que suavizarse con el cuarto poder, los Kirchner se están haciendo adeptos a la manipulación de los medios.
Las cinco empresas periodísticas aceptaron pagar sus deudas dando espacio a propaganda oficial que deja muy bien parados a los Kirchner.
Esta forma de propaganda no es nueva en la Argentina, pero su crecimiento en tiempos de los Kirchner ha sido extraordinario.
El gobierno central 2008 el gobierno central gastó 395 millones de pesos en propaganda, más de ocho veces lo destinado en 2003, y afirma que gran parte del presupuesto ampliado es utilizado para mantener "pequeños vendedores de noticias" en deuda con el Gobierno.
La primera pareja dicen estos anuncios no aparecerán hasta después de 28 de junio, cuando se enfrentan a las elecciones de mitad de período. Sin embargo, el acuerdo les permite pasar más libremente ahora, "sabiendo que tienen este crédito", dice Roberto Saba, un profesor de derecho.
Grandes medios de comunicación privados, que tienen muchas empresas como anunciantes, se pueden sostener sin esta fuente de ingresos, pero las pequeñas no pueden hacer nada sin los anuncios del sector público, dice María O'Donnell, un periodista que investigó el pago de 3 millones de pesos en publicidad a una empresa provincial de prensa propiedad de un ex chofer al Sr. Kirchner (NdE: habla de Rudy Ulloa Igor y su multimedios en Santa Cruz).
Los tribunales, al menos, quieren un cambio
La Corte Suprema dictaminó en 2007 que la provincia de Neuquén había discriminado al diario Río Negro el derecho a la libertad de expresión mediante la retirada de la publicidad, después de que el diario vinculara al gobernador en un escándalo de soborno.
Otro periódico, Perfil, espera que esta decisión contribuya a una sentencia favorable en la presentación que hizo ante la justicia en un caso que está en curso.
Sin embargo, el comportamiento del gobierno federal no ha cambiado.
La ley de radiodifusión que la presidenta Cristina Kirchner pretende que apruebe el Congreso no incluye límites a la politización del presupuesto destinado a la publicidad oficial.
En algunos aspectos es necesario modificar la legislación actual, que permite la concentración de medios en muy pocas manos, pero es comprensible la preocupación de la oposición por una agencia, con poderes vagamente definidos, que los Kirchner crearían para implementar la ley propuesta.
Esto agrada a algunos sectores de izquierda, pero que provoca problemas para los grandes medios de comunicación, como el grupo Clarín, que recientemente ha estado en guerra total con los Kirchners, a los que una vez apoyó.
En abril la Comisión de Competencia de la Argentina bloqueo los derechos de voto de dos directores de Telecom Italia que son parte de los seis miembros del Consejo de Administración de Telecom Argentina.
Independientemente de sus méritos en la legislación de competencia, la decisión benefició Werthein, un grupo privado que posee un gran interés en la empresa y tiene vínculos estrechos con el gobierno.
Hoy en día la legislación fue escrita durante la sangrienta dictadura argentina, cuando huyeron de 500 periodistas en el extranjero, 80 fueron encarcelados y al menos 68 desaparecieron y probablemente fueron asesinados.
Algunos medios de comunicación están concentrados en muy pocas manos. La Dra. Fernández quiere tratar de impulsar el proyecto de ley en el Congreso antes de las elecciones, cuando se espera que pierda su mayoría en la Cámara baja. Pero el tiempo no está de su lado.
Fuente: The Economist