Los cruces entre el Gobierno y el grupo Clarín, que adquirieron su máxima expresión en esta campaña electoral, se parece a un iceberg. Sólo se hace visible una pequeña parte de una pelea que podría equipararse a la punta de la gigante estructura de hielo. Pero lo más sustancial, lo que constituye el fundamento de la disputa, en realidad, está sumergido en las turbulentas aguas de la política argentina.
Concretamente, detrás de la pelea discursiva entre ambos bandos está la disputa por el control de la empresa Telecom, una de las dos compañías monopólicas de telefonía fija que existe en el país y que además ofrece servicios de telefonía móvil e internet.
En los últimos días trascendió, que el banco Credit Suisse First Boston está conduciendo, a pedido de Telecom Italia, una licitación privada para la venta de Telecom Argentina. Es la operación económica que más interés despierta en la Casa Rosada, especialmente en los kirchneristas de paladar negro que aspiran a seguir desarrollando su “capitalismo de amigos”, y permitir que un grupo económico cercano al poder K se quedé con el suculento negocio.
Se trata de una las empresas más rentables del mercado argentino, con un mercado cautivo de millones de clientes y con una facturación de unos US$ 3.300 millones al año: controla la mitad de la telefonía fija y el 30% de la móvil en todo el país, y carece casi de deuda financiera.
Según trascendió, a los Kirchner le gustaría que el grupo empresario conformado por Eduardo Eurnekían y Eduardo Gutiérrez, que controlan Aeropuertos Argentina 2000, se quede con las acciones de la empresa. Este grupo ha adquirido posiciones de privilegio en diversos rubros, especialmente en las concesiones viales, gracias al amparo oficial.
Pero hay otros sectores económicos interesados en quedarse con el negocio. Uno de ellos es el Grupo Clarín, que conduce Héctor Magnetto, que quiere cerrar el circulo monopólico sobre la comunicaciones en la Argentina (ya maneja la fabricación de papel de diario, la televisión por cable
-controla las dos principales empresas como son Cablevisión y Muticanal- y una parte importante de internet), y convertirse en el único proveedor de lo que se conoce como triple play en el país: la posibilidad de ofrecer TV por cable, internet y teléfono con una misma conexión.
Según pudo saber Hoy, otro de los grupos interesados sería el gigante mexicano Telmex, cuyo presidente es Carlos Slim, un magnate de 63 años que es considerado el hombre más rico de América Latina (estuvo varias veces reunido con los Kirchner), viene comprando compañías de telecomunicaciones en todo el continente.
Además, las cooperativas telefónicas, aglutinadas en Fecotel, también tendrían intenciones de poder ingresar en el negocio, asociándose con una empresa estatal que permita recrear lo que alguna vez fue Entel. Han realizado distintas movidas al respecto, pero siempre se encontraron con la negativa oficial.
Lo cierto es que los Kirchner poco han hecho para desarticular el modelo privatizador de los años ‘90, especialmente en el área de servicios públicos.
“Telecom es un monopolio regulado, de los más rentables que se pueden encontrar en servicios globalizados. Existe una revalorización en el mundo del rol del Estado, que tranquilamente se podría hacer cargo de la empresa, incorporando a otros sectores sociales como las cooperativas que resistieron el modelo neoliberal de los ‘90. Pero el gobierno parece más interesado en seguir adelante con el capitalismo de amigos, intentando recrear una fantasía de burguesía nacional con actores que son impresentables”, le dijo a Hoy el economista José Sbatella, que se desempeñó como titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia e intervino en el Caso de Telecom. Sbatella, que actualmente se presenta como candidato a diputado por el partido Nuevo Encuentro, dejó el Gobierno el año pasado a partir de un enfrentamiento con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Sbatella agregó: “El Gobierno cree que beneficiando a estos empresarios amigos va a recrear una burguesía nacional como la existe en Brasil. Pero en el vecino país los empresarios poderosos, especialmente los del San Pablo, sacan la plusvalía a otros sectores, pero la invierten en su país. En cambio, en la Argentina se la llevan al exterior”, dijo Sbatella.
El kirchnerismo le dio numerosos privilegios al Grupo Clarín en los últimos años. Le prorrogó las licencias de radio y TV, avaló la fusión de las compañías de cable, y mantuvo inalterable el fabuloso negocio de Papel Prensa (el Estado, junto con Clarín y la Nación son socios en la explotación de esta empresa). “Nosotros le advertimos que había que democratizar las comunicaciones, que no había que negociar con esos sectores. Pero no nos escucharon, quedamos en minoría y nos tuvimos que ir. Lo de Kirchner ahora es una reacción tardía”, afirmó Sbatella.
La decisión de vender
¿Porque se venden las acciones? La empresa Telecom Italia, que controla Telecom Argentina, decidió abandonar el país por razones políticas debido a que hace apenas un año esa compañía pretendía comprar el otro 50% de la empresa, que pertenece a la familia Werthein (más conocida como Sociedad W). Pero los Werthein, que mantienen una fluida relación con la Casa Rosada, no aceptaron el precio que se quería pagar. Y apostaron a sus contactos con el kirchnerismo: así fue como, en gesto de cortesía por el apoyo K, los Werthein pagaron los 250 mil dólares que cobra Bill
Clinton por cada conferencia, y permitió al matrimonio presidencial sacarse una foto junto al ex presidente norteamericano en plana campaña.En 2003, la sociedad W de Argentina Inversiones compró el 48% de Sofora, la controlante de Telecom, por US$ 165 millones. A la vez, los italianos pagaron a los Werthein US$ 60 millones por el derecho a adquirir sus acciones después de diciembre de 2008. Para el 30% de las acciones se fijó una fórmula de actualización financiera. Para el 18% restante, se pagaría el precio de mercado en el momento de ejercer la opción.
A mediados del año pasado, Telecom Italia quiso usar su prerrogativa y realizó una oferta de alrededor de US$ 400 millones, que no prosperó al no ser aceptada por la otra parte. Pero eso no fue todo ya que el año 2007, la empresa Telefónica de España, que es controlante de su homónima en la Argentina, adquirió el 42% de la empresa italiana Telco, que a la vez controla el 12% de Telecom Italia. Es decir, se daba la situación de que
las dos empresas que manejan la telefonía fija en la Argentina, tenían dueños en común.
“Nosotros determinamos que para que eso pudiera concretarse se debía cambiar la ley de privatizaciones que había dividió la concesión de las telefónicas en dos zonas. Por lo tanto, era ilegal
y propusimos que desganara veedores en las empresas”, recordó Sbatella, que por aquel entonces presidía la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y agregó: “La lógica indicaba que tenía que vender la parte que le correspondía a Telefónica”. La pelea promete nuevos capítulos.
El saqueo y la venta de la empresa Entel
El economista José Sbatella opinó, en diálogo con Hoy, que la privatización de Entel fue un proceso escandaloso que comenzó años antes mediante un endeudamiento de la compañía, que prácticamente terminó siendo regalada
La privatización se realizó en octubre de 1990. Y estuvo a cargo de dos personajes emblemáticos del menemismo: María Julia Alsogaray y Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos. Durante los primeros meses de ese año salieron a la luz las reglas de juego de la privatización. El país se dividió en dos áreas (Norte y Sur) con la idea de fomentar una “competencia por comparación”. Esto finalmente logró la consolidación de dos monopolios telefónicos con mercados reservados y lejos de cualquier competencia.
El esquema estableció la venta del 60% de las acciones de cada empresa regional, la cesión del 10% a los trabajadores por medio del Programa de Propiedad Participada (PPP) y la subasta posterior del 30% de las acciones remanentes que quedaban en poder del Estado.
La forma de pago definida para la compra de Entel favoreció a los bancos acreedores, que en ese momento impulsaban el canje de los títulos de deuda externa, difíciles de cobrar, por activos y negocios en los países deudores. Se estableció un pago mínimo en efectivo
-114 millones de dólares para la zona Sur y 110 millones para la zona Norte- y el resto quedó librado a la cantidad de papeles que ofrecieran los interesados.
A la hora de entregar los sobres con las ofertas, cuatro grupos desistieron y la pelea se redujo a tres contrincantes: Telefónica, Bell Atlantic y STET-Telecom. El 25 de junio, Telefónica se aseguró la región Sur a cambio de 114 millones de dólares en efectivo y de 2.720 millones en títulos de deuda a valor nominal que representaban cerca de 416 millones de dólares de mercado. La zona Norte, fue preadjudicada al grupo encabezado por la empresa estadounidense Bell Atlantic. Pero dos semanas antes de la transferencia de las empresas, el 4 de octubre, el Gobierno menemista separó al consorcio Bell y convocó de inmediato al segundo oferente de la zona Norte, el consorcio de la italiana Stet y la francesa Telecom.
La falta de controles K
Una de las características del kirchnerismo fue haber permitido, casi sin trabas, el funcionamiento de monopolios en sectores claves de la economía argentina. Es más, permitió que se fusionaran las dos principales empresas de cable, que quedaron en manos del Grupo Clarín.
A diferencia de la Argentina, en otros países -como Estados Unidos- existe una política antimonopólica muy fuerte. A saber:
Ley antimonopolio Sherman (1890, enmendada posteriormente). Establece:
- Toda persona que monopolice o intente monopolizar o se combine con otra y otras para monopolizar una parte cualquiera del comercio entre los diferentes estados o con otras naciones será considerada culpable.
- Se declara ilegal (...) la discriminación de precios entre los diferentes compradores de mercancías de grado y calidad semejantes (...) en los casos en que dicha discriminación pueda dar lugar a una considerable reducción de la competencia o tienda a crear un monopolio en cualquier línea del comercio (...).
- Ninguna compañía (...) podrá adquirir (...) total o parcialmente (...) otra (...) en los casos que (...) ello pueda dar lugar a una considerable reducción del comercio o tienda a crear un monopolio.