Los integrantes de la Mesa, convocada por las autoridades de la UBA, debatieron sobre los sistemas de medios y prestación de los servicios, temática que incluía las condiciones para ser prestador, el régimen de licencias, medios públicos y privados.
En la Salón del Consejo Superior, se realizó el tercer encuentro de la Mesa de Diálogo sobre la Ley de Radiodifusión convocada por la Universidad de Buenos Aires. Del debate, que fue coordinado por el subsecretario de Relaciones Institucionales, Ariel Sujarchuk y con la presencia del subsecretario de Medios, Glenn Postolski, participaron, por el ComFeR Luis Lázaro y Gustavo Bulla; los legisladores Silvana Giudici (UCR), Luis Lusquiños (FreJuLi), Eduardo Macaluse (SI); por la Facultad de Ciencias Sociales, el profesor Rubén Levenberg; y el profesor Henoch Aguiar de la Facultad de Derecho. Estuvieron presentes, también, Martín Etchevers (AdEPA); Carlos Molinero (ATA), Héctor Parreiro (ARPA), Walter Burzaco (ATVC); Gonzalo Carbajal, por Telam; por las entidades gremiales, Alejandro Ruiz (SAT) y José Insaurralde (FATPren). Además participaron Eleonora Rabinovich, de la Asociación por los Derechos Civiles, y Pascual Calicchio, de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
Los presentes cumplieron con el orden del día debatiendo, durante casi tres horas, sobre sistemas de medios y prestación de los servicios, temáticas que incluían las condiciones para ser prestador, el régimen de licencias, medios públicos y privados.
Eleonora Rabinovich, Directora del Área Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles, luego de agradecer a la UBA “por la invitación a participar de un espacio que sienta las bases del diálogo sobre la nueva Ley de Radiodifusión”, destacó como positivo que distintos proyectos “consideren la importancia de que existan medios sin fines de lucro” aunque señaló que es necesario que estén “acompañados por otras medidas de promoción”.
El profesor Henoch Aguiar se refirió a la potencial gravedad de la situación que se podría generar ante la convergencia, señalando que “cualquier proyecto debe contemplar alternativas para solucionar las asimetrías entre los posibles licenciatarios, generando más prestadores, fomentando la competencia, de manera de favorecer a los usuarios”. Además, destacó la necesidad de que se extienda el control en la nueva Ley para que los medios provinciales y municipales no respondan a un interés gubernamental, si no estatal.
El diputado por el SI, Eduardo Macaluse, advirtió sobre ciertas discrecionalidades que el proyecto del Poder Ejecutivo abriría en cuanto a un “posible clientelismo en el acceso a las licencias” y que resulta necesario “poner nombre y apellido, limitando el acceso de las telefónicas para evitar la concentración de medios” en situaciones que son contextuales.
Martín Etchevers, de AdEPA, reclamó el establecimiento de “pautas objetivas para la distribución de pautas publicitarias” y que la norma evite la “discrecionalidad de la adjudicación de licencias”, señalando que resulta necesario mantener “el pluralismo y la diversidad, existente a la fecha, en los medios de comunicación del país”.
Pascual Calicchio, de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, manifestó la necesidad de que exista una “diferenciación en los pliegos licitatorios para los medios con y sin fines de lucro”, a la vez que solicitó se considere en el Proyecto que se “fomente la existencia de medios comunitarios y de frontera”.
La diputada por la UCR, Silvana Giudici, remarcó la necesidad de la “inclusión de medios públicos, con independencia del poder de turno” y se explayó sobre la “discrecionalidad en el manejo de licencias por parte del futuro organismo de aplicación de la Ley” según el proyecto oficial donde, ante la situación de convergencia tecnológica, se “cierra la puerta a posibles medianos y pequeños licenciatarios, en beneficio de los grandes medios de comunicación, fomentando el monopolio y la concentración”.
Walter Burzaco, de ATVC, señaló la necesidad de que la Ley tenga “en cuenta las asimetrías entre los posibles competidores, ya que el proyecto oficial favorece la conformación de monopolios a través del ingreso de las telefónicas, en desmedro de las empresas de televisión por cable”. Además, criticó la posibilidad de que “la autoridad de aplicación otorgue, a discreción, licencias de acuerdo a criterios demográficos”.
Carlos Molinero, de ATA, adhirió al contenido del documento presentado por AdEPA y dijo que el proyecto del Poder Ejecutivo significa la “partida de defunción de la televisión gratuita argentina”, ya que establece “mejores condiciones a las producciones de telenovelas extranjeras que a los licenciatarios nacionales”.
Héctor Parreiro, de ARPA, manifestó la necesidad que las condiciones previstas para ser licenciatario no resulten “discriminatorias” y la importancia de establecer “mecanismos que aseguren la conformación de un mercado publicitario en igualdad de condiciones”. También, señaló que la “disminución de 15 a 10 años en la adjudicación de licencias y su renovación por una sola vez, implica cerrar las posibilidades de inversión en tiempos de crisis como la que afecta a nuestro país”.
Luis Lázaro, del ComFeR, criticó el “manto de sospecha, el clima de suspicacia, de algunas intervenciones anteriores” señalando que “la discrecionalidad del poder público, en convivencia con el mercado, fue el signo de la década del 90’”. Manifestó la necesidad de que la nueva Ley ponga “énfasis en el desarrollo de los medios nacionales, incluyendo a los medios regionales y no limitados al ámbito de la Capital Federal”.
José Insaurralde, de FATPren, afirmó la importancia de una “ley que ordene y regule la actividad” y dijo que “la concentración existe desde la década del 90´, donde hoy solamente se escuchan las voces de los poderosos, con una verdad distorsionada, por lo cual es necesario poner cepo a los monopolios, para que se escuchen las voces de todos”.
Alejandro Ruiz, SAT, manifestó que “la mayor discrecionalidad existe por la vigencia de una ley de la dictadura, que se aplica según la conveniencia del gobierno de turno”. Además, señaló la importancia de establecer un “control del ingreso de las telefónicas, dada su posición dominante, para evitar cambiar un monopolio por otro”.
Gonzalo Carbajal, TelAm, afirmó que en el proyecto del Poder Ejecutivo “nadie está impedido para presentarse a concurso como licenciatario, aunque debe fomentarse la existencia de alternancia, dando prioridad a nuevos actores”. Y agregó que “vamos a sostener la idea que los medios públicos lleven publicidad de las industrias a ciudades y pueblos del interior donde los medios privados no llegan”.
Luis Lusquiños, diputado por el FreJuLi, señaló que el proyecto del Poder Ejecutivo “confunde la dirección” y que “rectificarla es condición anterior a debatir sobre los intereses sectoriales”. Además, agregó la “necesidad de debatir todos los proyectos de Ley”.
Gustavo Bulla, del ComFeR, dijo que el proyecto de Ley oficial establece “inéditas cláusulas antimonopólicas”; que el Gobierno Nacional entiende a la comunicación como “un bien social, humano y básico” y que resulta “inconcebible que en democracia se crea que la comunicación es solo potestad de los medios privados”. También, agregó que el proyecto defiende “una televisión pública que también llegue al 40% de la población que hoy no puede pagar un servicio oneroso de cable”.
El profesor Rubén Levenberg manifestó su “orgullo porque se debata en la UBA la futura Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” y dijo que “llama la atención que no tenga repercusión alguna en los medios de comunicación a pesar que están representados en esta Mesa”.
Durante el encuentro, la diputada Giudici propuso reprogramar el cronograma de encuentros, lo que será consultado con todos los presentes en los próximos días a fin de tomar una decisión.
Fuente: Comunicación UBA
Analizaron el anteproyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual: “La ley discrimina a las cooperativas”
Así sentenció Darío Oliver (foto), gerente de Telpín. Si bien manifestó alegría ante la nueva ley de radiodifusión, consideró que las cooperativas están en desventaja. Además, se refirió a la importancia de CaTeL como punto de unión entre las distintas entidades.
El debate, que se generó en los Salones Comunitarios de la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen, tuvo como protagonistas los representantes de las distintas cooperativas de nuestro país.El gerente cooperativista, Darío Oliver, se refirió a los orígenes de la Cámara de Telecomunicaciones (CaTel). “Nosotros descubrimos que estaba faltando un lugar de encuentro de las cooperativas para discutir temas técnicos, de servicios actuales y futuros, y, además, desarrollos de nuevos negocios”, manifestó.
Asimismo explicó que en ese momento “surgía la telefonía celular, la televisión y todas esas cosas que se están hablando hoy, como el triple play o la conversión de servicios” y agregó que “no encontrábamos un espacio donde poder intercambiar ese tipo de información”.
Entonces, “formamos la Cámara con ese objetivo, de desarrollar servicios nuevos, de actualizarnos”, dijo y citó su trillada frase: “las cooperativas cometemos el error de reinventar la rueda cada 30 kilómetros”. En relación a la cita, expresó que “nos repetimos y hacemos esfuerzos duplicados”.
Las reuniones de CaTel “nos permiten aprender de los problemas de los demás. Esto que parece tan simple, las cooperativas no lo hacíamos, cada una aplicaba sus solución particular”, dijo.
Respuesta desde el ComFeR
“A diferencia de la actual y vigente ley, la nueva ley permite la participación de las asociaciones
sin fines de lucro, dentro de las cuales se encuadran las cooperativas, sin ningún tipo de restricción”, expresó la Dra. Graciana Peñafort, miembro del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR).En ese sentido señaló que “las trata como si fueran una empresa y les permite, además, algunos beneficios por la situación de cooperativismo (usuarios que se autoabastecen). Entonces, se les da determinadas facilidades en lo que respecta a la conformación, régimen simplificado para la asociación, pero lo más importante es la libre participación de las cooperativas en lo que es el sector de los servicios de comunicación audiovisual. En este momento, está condicionada, por ejemplo, a la no existencia de otro prestador, de carácter privado”.
Asimismo indicó que “todo aquel lugar donde haya un sistema de cable, ninguna cooperativa puede tenerlo. Este tipo de normas, además, que está en la vigente ley han sido declaradas en distintas instancias judiciales como una desigualdad sin demasiado sentido, más si se tiene en cuenta la naturaleza de las cooperativas y el principio que las inspira”.
Fuente: La Opinión On Line