Por Juan Carlos Giuliani *
Desde hace más de dos décadas los trabajadores de la comunicación venimos repitiendo hasta el hartazgo que no hay justa distribución de la riqueza sin la democratización de los medios de comunicación.
De allí nuestra activa participación en la Coalición integrada por un centenar de organizaciones populares que redactó en 2004 los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática y nuestra militancia para que de una buena vez tome estado parlamentario el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Un selecto puñado de grupos empresarios ejerce la dictadura informativa a caballo de una Ley de Radiodifusión sancionada durante la tiranía militar y que durante este cuarto de siglo de vigencia democrática, gracias a la complacencia de los sucesivos gobiernos constitucionales, robusteció sus posiciones hasta tornarlos hegemónicos a través de las modificaciones que se insertaron al decreto firmado por los genocidas Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz para favorecer esos intereses minoritarios.
A contramano del generalizado reclamo social para poner fin al monopolio informativo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de firmar un acuerdo fiscal que, independientemente del discurso con el que se lo reviste, no tiene precisamente como beneficiario al sector Pyme de la comunicación sino a una buena porción de los multimedios que elaboran y propagan el discurso del poder.
En efecto, aunque la presidenta destacó la necesidad de “diferenciar” a las pequeñas empresas periodísticas de los grandes grupos y que "la libertad de expresión no es propiedad de un sector, sino de toda la sociedad", lo cierto es que este convenio de cancelación de pasivos fiscales de empresas periodísticas fue firmado, entro otros, con representantes de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), Telefé y América, justamente sectores de los medios concentrados que viven conspirando contra una comunicación libre, plural y participativa.
En consecuencia, para la mentada política de redistribución de la riqueza con que adorna su retórica el Gobierno siempre son primeros aquellos que menos necesidades tienen.
El convenio fue suscripto por María Ximena Velázquez, de Canal 10 de Mar del Plata; José Pochat, del diario La Gaceta de Tucumán, de la familia García Hamilton y el más importante de esa provincia; Domingo Marra, del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, de la familia Massot ferviente defensora del proceso militar; Guillermo Camparino y Miguel Durán de Telefé, perteneciente al Grupo Telefónica de España; y Daniel Vila, de América TV, multimedio cuya propiedad comparte con el ex ministro del Interior de Menem, José Luis Manzano y Francisco De Narváez.
El convenio deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación, ya que se trata de una modificación de un impuesto coparticipable que se tributa sobre el precio de tapa de diarios y revistas y de publicidad.
Haremos todo lo que haya que hacer para que los legisladores rechacen este perdón fiscal promovido por el Gobierno para empresas poderosas del interior del país y otros grupos fuertemente concentrados. Una medida inequitativa que está en línea con los millonarios subsidios que se otorgan a las patronales de las multinacionales, so pretexto de paliar la crisis del capitalismo financiero internacional, en lugar de poner dinero en el bolsillo de los trabajadores y jubilados para dinamizar el mercado interno.
Democratizar la comunicación para avanzar en una justa distribución de la riqueza implica, entre otras cosas, desmontar el andamiaje de la concentración económica para terminar con la desigualdad social. Este anuncio presidencial que vuelve a poner en el podio de los ganadores a los que más tienen, va en la dirección contraria y consolida el formato oligopólico que domina el universo comunicacional argentino.
*Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA
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