Dirigentes cooperativistas,
universitarios y sindicalistas, representantes del Gobierno provincial y de la municipalidad de Santa Rosa y periodistas dieron un apoyo a la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández que intenta terminar con la Ley de Radiodifusión firmada en la dictadura militar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, hicieron observaciones.El encuentro se desarrolla desde las 9 en el Aula Magna la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), con la participación de representantes de distintos sectores sociales de la provincia y de autoridades del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR).
No pudo participar Gabriel Mariotto, presidente del ComFeR. Estaba en Santa Rosa, pero a las 6 de la madrugada tuvo que partir hacia Buenos Aires al ser convocado de urgencia por la presidenta Cristina Fernández. Tampoco estuvo el gobernador Oscar Jorge.
La mesa está encabezada por Luis Lázaro, coordinador del ComFeR; la vicerrectora de la UNLPam, Estela Torroba; el ministro de Gobierno pampeano, César Rodríguez; el secretario general de la CGT La Pampa, Jorge Lezcano; el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas (FePamCo), Abel Argüello; el diputado nacional Manuel Baladrón.
Las cooperativas pampeanas dieron un apoyo crítico a la iniciativa porque, por primera vez, se dejaría ingresar al negocio del cable a las entidades solidarias que prestan servicios públicos. Eso molesta, precisamente, a los empresarios del cable que ven peligrar su negocio y que, por eso, cuestionaron el proyecto.
El anteproyecto –dado a conocer por la presidenta Cristina Fernández y que se está sometiendo al debate en todo el país, antes de ser enviado al Congreso nacional- tiene un perfil antimonopólico: incluye la participación en un 33% del espectro de radio y televisión a personas jurídicas sin fines de lucro tales como, asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales; se apunta a limitar a diez las licencias de servicios abiertos, ya sea de radio y televisión; y se restringe la propiedad conjunta de licencias de tevé y empresas productoras de contenido. También se pretende exigir el 70 por ciento de “producción nacional en las radios y el 60% en la tv”.
Además, se ha previsto la participación y el control parlamentario en la evaluación y control de los medios públicos, el establecimiento de una cuota de pantalla para el cine nacional, y “la
participación institucional” de las provincias en la protección a contenidos locales y regionales.Esta propuesta oficial toma como base la histórica demanda de entidades profesionales, sindicales y universitarias contenidas en la declaración de los 21 puntos de la Coalición para una radiodifusión democrática.
Luis Lázaro, coordinador del ComFeR, expresó que los reclamos de los pobladores del interior del país se centran en la necesidad de terminar con los monopolios comunicacionales y que se difundan las actividades locales. “¿A quién del interior le interesa si 20 manifestantes cortan la la avenida Pueyrredón para que no sea de doble mano?”, se preguntó.
Manuel Justo Baladrón, diputado nacional y presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, expresó que el proyecto de ley es “antinconcentrador” e “inclusivo”.
“Si esto permite que la educación llegue a la población a través de los medios de comunicación, aplaudimos el proyecto de ley”, dijo, a su turno, la vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa, Estela Torroba.
Los cables pampeanos atacaron duramente el anteproyecto de los Kirchner. Horacio Luis, en representación de la Asociación de Televisión por Cable, dijo que es necesario un “nuevo marco regulatorio” de los medios audiovisuales. Pero expresó que esta ley es, entre otros puntos, una “excusa” del Gobierno nacional para intentar domesticar a los medios de comunicación. “Sería ingenuo pensar que las cosas ocurren porque sí, justo en este momento”, dijo.
Luis manifestó que, con la incursión de las entidades sin fines de lucro como las cooperativas, están en peligro fuentes de trabajo del sector. “Se pone en riesgo el sector de las Pymes pampeanas”, dijo.
Además, expresó que las entidades sin fines de lucro sacarán ventajas sobre las empresas privadas. “Terminan siendo subsidiadas, con subsidios cruzados del Estado”, expresó.
“Lo que se encuadra como pluralidad, absolutamente deseable, puede pasar a constituirse en despotismo”, expresó. Y aseguró, en respuesta a Lázaro, que en los cables pampeanos hay contenidos locales y regionales.
El ex concejal del Fregen Alfredo Carrascal fustigó las críticas de los cableros porque “detrás de la defensa de las PyMEs se esconden los pulpos monopólicos que defienden el monopolio ideológico, como Clarín”.
Por su parte, un ex presidente de la CPE, Oscar Nocetti, recordó que aún permanece querellado por tratar de “coimeros” a las autoridades del COMFER comandado por Julio Bárbaro, durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde. Ayer repitió que los “sobres” fueron la razón por la que no se permitió acceder a las cooperativas al servicio de televisión durante esa época, a pesar de los infructuosos intentos de la entidad santarroseña. Además, el dirigente aclaró que “defiendo esta ley, pero no olvido que muchos pecadores ahora se sumergen en ella para salir sin pecados”.
La Fundación Chadileuvú también apoyó el proyecto, aunque pidió que se incluya la educación en el cuidado del medioambiente y morigerar la participación de representantes del Ejecutivo en el organismo que regulará el espectro.
Un grupo de jóvenes socialistas también planteó el apoyo a la ley y destacó que en la provincia 30.000 abonados pagan alrededor de 40 millones de pesos mensuales que van a manos de las grandes empresas que se fusionaron y adquirieron los cables locales.
Mercedes Tubán, a cargo de la presidencia de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, celebró la norma. Pero pidió tener cuidado. “Esperemos que una coma de más, no saque otra vez del camino a las cooperativas. Queremos que la ley sea clara para el otorgamiento de las licencias”, dijo.
“Nuestro pecado es no tener fines de lucro. Si los tuviéramos, podríamos participar. Nosotros, como cooperativas, queremos incursionar en los medios de comunicación para cambiar los contenidos”, expresó.
Abel Argüello, de la Federación Pampeana de Cooperativas, dijo que apoyan la iniciativa. Pero críticamente. “Puede ser mejorado este proyecto”, expresó.
Otro de los exponentes en la audiencia fue el Sindicato de Prensa de La Pampa que tras adherir al proyecto, dijo que con los "grandes grupos económicos, han desaparecido los contenidos locales, se producen mediante tercerización de servicios, con el resultado de una precarización laboral endémica y pérdida de puestos de trabajo, con contratados en negro o monotributistas".
El gremio planteó como propuesta que la nueva ley garantice que el otorgamiento de licencias comerciales de radiodifusión "derive en la formación de fuentes de empleo genuinas, comprendidos en los convenios colectivos del sector".
A su turno, el secretario general de la CGT de La Pampa, Jorge Lezcano planteó que "jamás los monopolios favorecieron la prosperidad de los trabajadores; los procesos de transferencia de los servicios de telecomunicaciones afectaron a miles de trabajadores que fueron expulsados del mundo del trabajo y por eso creemos que ésta ley es un vehículo genuino al desarrollo cultural de nuestro pueblo".
Fuente: Diario Textual
Audio del Diputado Manuel Baladrón:
NdE: La ausencia del interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto se debió a que fue convocado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para participar de una reunión con empresarios vinculados a la radiodifusión que vinieron junto a la comitiva que traía el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“El cable debe facilitar su infraestructura”
“El operador de cable debe facilitar el 50 por ciento de su infraestructura para que sea utilizada por otro operador”, afirmó el coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión, Luis Lázzaro, cuando el diario "La Arena" le preguntó específicamente por la realidad de Santa Rosa, donde una sola empresa monopoliza el negocio de la televisión por cable. De esa manera, agregó, y si se aprueba el proyecto oficial de Ley de Radiodifusión tal cual está redactado, quedaría disponible el otro 50 por ciento del mercado para que lo operen otra u otras empresas. En esta ciudad, además de Multicanal yTeledigital (las dos compañías pertenecen a los mismos dueños), los potenciales operadores serían la Cooperativa Popular de Electricidad y Telefónica Argentina.
– ¿Qué significa concretamente la obligatoriedad de facilitar la infraestructura?
– Por ejemplo, que si el operador tiene columnas propias debe compartirlas con los otros operadores.
– ¿A qué costo?
– Al costo de mercado, a un valor razonable. No puede cedérselas a un millón de dólares cada una. Y si quiere hacerlo, se le impedirá, porque por lo menos dos operadores deben tener la posibilidad de ofrecer el servicio. Otro ejemplo: ahora que las telefónicas podrán participar del cable, como también otros operadores podrán ofrecer telefonía, ellas deberán facilitarles las interconexiones y la mantención del número a los clientes que cambien de empresa.
– Otra particularidad de la ciudad es que la CPE hace años que lucha por brindar tevé por cable. ¿Tal como está redactado el proyecto podrá hacerlo o, como plantea la Cooperativa, es necesario pulir la letra fina de algún artículo?
– Puede brindar el servicio, aunque también es cierto que se están discutiendo ciertos detalles de redacción.
– ¿También podría tener un canal de aire?
– También. Lo que sí, en ningún caso, avalaremos un monopolio; así hablemos de empresas privadas con o sin fines de lucro,
Otro punto importante del proyecto es que ante la multiplicidad de licencias –a nivel nacional y para todos los servicios–, en ningún caso un prestador podrá abarcar más del 35 por ciento del total nacional de abonados (cuando se trate de servicios por suscripción) o habitantes (cuando se trate de servicios abiertos). Lázzaro señaló que otros detalles de ese punto se definirán en la reglamentación. Justamente en ese texto, más que en la propia ley, estará la pelea de fondo por los enormes intereses políticos y económicos que existen detrás de la nueva norma.
“Acá hay grupos que concentran diarios, medios gráficos, canales de aire y cable, contenidos, el papel... Son niveles de concentración no tolerables para una democracia. A diferencia de Estados Unidos, aceptaremos que un mismo dueño tendrá radios, canales y diarios, pero con limitaciones”, agregó el funcionario.
– ¿Cuáles son los sectores que más resisten la ley?
– Las empresas que concentran el esquema comunicacional y el poder económico.
– ¿Por qué durante 25 años de democracia no pudo derogarse una norma de la dictadura?
– Es una vergüenza del sistema democrático. Ahí, precisamente, radica su debilidad.
Finalmente, Lázzaro expresó que “no podemos permitir que la gente tenga que pagar para acceder a la información” y remarcó que detrás del proyecto están “el justicialismo, el radicalismo, el socialismo y sectores de izquierda, tratando de aunar esfuerzos para llegar a un texto consensuado”. Además resaltó que paralelamente a este debate “se viene la televisión digital y la convergencia tecnológica con la prestación del triple play” (una misma empresa prestadora de telefonía, internet y cable).