La diputada nacional Silvana Giudici explica cómo el Gobierno pretende hacer una norma a su medida política.
Por: Rodolfo Montes, Especial para UNO/La Capital
Diputada radical por la Capital Federal Silvana Giudici actúa como vocera del rechazo opositor al nuevo proyecto de ley de Servicios Audiovisuales que impulsa el Gobierno nacional, acompañado por una treintena de organizaciones sociales nucleadas en una Coalición por la Radiodifusión. En una entrevista con La Capital, en su despacho del séptimo piso del edificio anexo del Congreso nacional, Giudici advierte sobre la verdadera intencionalidad política del oficialismo al impulsar la nueva ley “no somos inocentes, acá hay clara intencionalidad política en utilizar una ley que todos venimos reclamando su modificación, en uso electoral”.
Usted viene trabajando en la elaboración de una nueva ley de radiodifusión, sin embargo anunció que no acompañaría el proyecto que ahora impulsa el Poder Ejecutivo, ¿cuál es su visión?
Nosotros tenemos un proyecto presentado en 2006 y luego vuelto a presentar, de manera que tiene estado parlamentario, sin embargo el Ejecutivo se negó siempre a tratarlo.
¿Qué diferencias marca con la propuesta que estaría por tratarse en Diputados?
Nosotros recogemos consensos de distintos proyectos impulsados desde el bloque de la UCR a través de las etapas desde el ’83 hasta ahora. En especial el del año ’85, en el Consejo por la Consolidación de la Democracia. Y también en el de la Alianza del ’99 que llegó a tener predictamen en comisión pero no llegó a votarse. De todos modos, el proyecto oficialista también recoge estos aspectos: nuestras diferencias insalvables con el oficialismo radican en que la propuesta kirchnerista crea una autoridad de aplicación que será un COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) maquillado, con otro nombre, donde se incorporan algunos miembros de las minorías pero que dependerá del Secretario de Medios.
¿Allí ve incompatibilidad?
Es inconsistente. El secretario de Medios habla con los medios en nombre de la Presidenta, y reparte la publicidad. Que el nuevo ComFeR dependa de un funcionario político y menos aún del secretario de Medios, eso es lo que estamos rechazando. La autoridad de aplicación es fundamental en una ley de medios y debe recaer en alguien con autonomía política y económica. Por lo demás, el proyecto de ley oficialista le da extremas competencias a esa autoridad de aplicación, tales como revisar las licencias cada dos años, evaluar si a determinado postulante le otorga o no una licencia. Un artículo dice que el nuevo ComFeR debe evaluar si “el postulante tiene alguna integración horizontal o vertical con empresas de comunicación social”. Esto nos parece peligroso.
¿En la ley vigente no existe la situación de evaluar?
En la actualidad dice quién puede y quién no puede, pero no hay evaluación de la autoridad de aplicación. Por lo demás, también rechazamos que la autoridad de aplicación pueda revisar los criterios, las normas. Pero el elemento más cuestionado de mi parte es el artículo 98 que posibilita sanciones si se violan las normas –como en la actualidad–, pero con el agregado de que si se establece una pena de caducidad el Estado podrá retener el equipamiento (propiedad del privado que tenía la frecuencia) y emitir, hasta tanta se vuelva a concursar la frecuencia. Nos parece un punto absolutamente intervencionista.
La matriz de la ley que impulsa el Gobierno se acordó en el seno de una coalición de organizaciones que llegaron a 21 puntos principales y que actualmente son sometidos a audiencias públicas en distintos lugares del país, ¿surgen allí estas impugnaciones que usted señala?
La participación ciudadana es legítima, y yo coincido con los 21 puntos, son los principios generales que todos propugnamos. Pero el Gobierno traiciona esos principios.
¿Por qué?
Existen dos puntos de los 21 que el proyecto de ley directamente omite. Uno es el número 3 que habla de la regulación de la publicidad oficial, que no debe disponerse de manera arbitraria. El proyecto habla de publicidad comercial, publicidad política pero nada dice de la publicidad oficial. El otro punto que incumple es el de la autoridad de aplicación, que debería ser un organismo no gubernamental. Aquí también se están incumpliendo los 21 puntos de la Coalición. Ahora, si por razones políticas, las organizaciones que participan en la Coalición por la ley de Radiodifusión acceden a reivindicar este proyecto de ley sin que sean tenidos en cuenta la totalidad de sus argumentos, habrá que preguntarle a ellos por qué lo hacen.
Cuando en 2008 la Presidenta invitó a distintas organizaciones a debatir por un nuevo proyecto de ley, ¿la UCR no fue invitada?
Respecto del debate, nosotros le enviamos una carta a la Presidenta en 2008. Ellos invitaban a distintas organizaciones para un “debate”, pero nosotros vimos que se trataba de sacarse una foto y nada más. De todos modos, nosotros le hicimos saber que queríamos ir para decirle que no nos parecía un buen momento para cambiar la ley y que la libertad de prensa debía respetarse en la Argentina. Pero la carta que enviamos desde el bloque de la UCR nunca tuvo respuesta.
La redacción del proyecto oficial, que se conoció este año, al cabo, no está en línea con la definición de su bloque.
Cuando finalmente conocimos la redacción del anteproyecto se confirmaron nuestras sospechas. Van a intentar fragmentar los medios para controlar la matriz de medios en la Argentina. Por debatamos esto, planteamos.
¿Ve en los foros una instancia válida de debate?
Está muy bien que la ciudadanía se exprese en los foros, que de todos modos son un sector político. El resto de los partidos políticos no estamos invitados y no vamos a participar. Nos dicen “audiencia públicas”, pero sería desnaturalizar nuestro rol si participamos. Nosotros somos diputados nacionales. Los debates en los foros no son institucionales, el verdadero debate debe hacerse en el Congreso.
Usted plantea discrepancias en algunos puntos centrales pero a la vez concede que el proyecto oficialista coincide en mucho con su propio proyecto, ¿no hay aquí una cuestión de celo político, de oportunidad, en el sentido de que un gobierno adversario político estaría llevando al recinto una ley que su partido no logró pasar con dictamen de comisión, en otras etapas de la democracia?
Nosotros nos oponemos por las cosas que plantea este proyecto. Para mi cualquier oportunidad es buena para discutir el tema, yo no digo ahora no, el problema es cómo lo discutimos. Si este proyecto fuera para mejorar el contexto de radiodifusión, lo discutiríamos, pero se trata de un proyecto para empeorar las reglas de juego vigentes.
Sectores políticos afines a la sanción de la nueva ley dan a entender que la oposición actúa como vocera intereses contrarios a la nueva ley, ¿cuál es su posición?
De rechazo categórico. Es una argumento más para confundir y deslegitimar a la oposición. A este gobierno no le gustan las opiniones distintas. No hace falta la teoría de la conspiración, cualquiera que opine distinto lo separan del gobierno. Mire sino como le fue a Santiago Montoya por pensar distinto.
