miedo por parte de los medios comerciales de que la información se reconozca como un derecho humano fundamental, por eso hay un ninguneo brutal”, aseguró.El debate en Chaco fue el primero de 15 encuentros del Foro Participativo de Consulta Pública que se realizará a lo largo del país para discutir y luego sintetizar los aportes que se realicen para volcarlos en la redacción del proyecto final de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se enviará al Congreso.
Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), su coordinador para América Latina y el Caribe, Ernesto Lamas, en diálogo con Política&Medios, aseguró que desde planean “participar activamente en estos foros de Radiodifusión. Primero defendiendo que exista una ley de la democracia, y en segundo lugar planteando lo que tiene que ver con los medios comunitarios. Desde ya estamos felices con el planteo del proyecto de destinar el 33 por ciento de las frecuencias a medios comunitarios y sin fines de lucro, como así también los aspectos antimonopólicos que están planteados en el proyecto”.
“Creo que hay mucho miedo por parte de los medios comerciales de que esto se reconozca como un derecho humano fundamental, es por eso que hay un ninguneo brutal. Mientras la presidenta estaba presentando la ley, los medios mostraban la marcha de la inseguridad y los directores de La Nación y Clarín, según leí en algún medio, estaban viendo el estreno del Fantasma de la Ópera. Esto muestra la importancia que quieren darle a esto como debate público”, analizó Lamas, quien también es directivo de FM La Tribu.
Con los ejemplos de La Tribu en Capital, FM Alas en el Bolsón y En Tránsito, de Castelar, Lamas detalló la situación de las radios comunitarias en el país.
“Las tres radios son legítimas, tienen inserción comunitaria y tienen 20 años o más en el aire. Sin embargo, las tres tienen permiso precario y provisorio. Ante cualquier dificultad legal, con el municipio, con otros medios comerciales, con los vecinos, nos pone en inferioridad de condiciones porque aparentemente funcionan al margen de la ley o con un premio especial. En todo el país existen unas 200 radios con perfil comunitario, sin contar radios de la iglesia o la universidad, sino sólo de la que han surgido a fines de los 80 y principios d los 90, sin fines de lucro, participativas, con programación de tipo transformador”, contó.
A partir del proyecto de ley, explicó, “lo que va a hacer es legalizar a muchos radiodifusores que vienen operando de manera ilegal o alegal, por estos permisos precarios. Desde ya que contar con una herramienta legal, permite desde una inserción en el mercado desde otro lugar, hasta la tranquilidad de la planificación a mediano y largo plazo, algo que ahora estas empresas sin fines de lucro no han tenido”.
La radio FM La Tribu comenzó emitir en un departamento alquilado y con una antena casera hace casi 20 años atrás. Lo mismo se ha repetido en muchas de los otros medios comunitarios. “Muchos de estos medios surgieron por iniciativas o voluntarismos de grupos de personas que resolvieron las cosas demasiado precariamente – recordó Lama. Dicho así suena muy romántico, pero cuando quisieron tener algún tipo de intervención más sólida, tuvieron que comprar un equipo ya no artesanal, sino profesional, y no hacer una antena con dos fierros doblados, sino comprar una”.
Según señaló el Coordinador Regional de AMARC, “en otros países, no sólo en los modelos que la derecha sale a criticar, como Venezuela o Bolivia, sino en Canadá, un país que pertenece al Commonwelth, hay una legislación vinculada con los medios comunitarios. Allí no sólo los permiten, sino que los promueven y destinan recursos a que existan. No para salarios, sino para equipos, capacitación, reparación”.
En el caso de América Latina, donde AMARC nuclea a 1500 radio comunitarias, desde el punto de vista de esta asociación, ha habido un avance asociado a los cambios políticos que se están viviendo. “Las radio comunitaria en la región ya tienen más de 60 años de vida, las primeras son de 1947 en Bolivia, impulsadas por los mineros, y en Colombia, impulsadas por la iglesia católica. Lo que se ha notado en los últimos 10 años es un avance en las condiciones legales, porque los Estados se han dado cuenta que no las pueden cerrar, porque donde cierran una nacen cinco, y porque cumplen un rol de comunicación comunitaria, que en muchos casos deberían haber cumplido los medios públicos, de plantear la comunicación no como una mercancía sino como un derecho humano. En algunos casos, se aprobaron leyes muy buenas, como el caso de Uruguay, Ecuador, Colombia o Venezuela. En este último, además del permiso, el Estado les permitió contar con un fondo nacional para la adecuación técnica de las radios comunitarias”, detalló.
A partir de esto, Lamas opinó que el proyecto de ley “debería ser más claro, no sólo en la posibilidad de dar acceso a una frecuencia, sino también en condiciones de emisión vinculado con la organización y la economía de los medios comunitarios. Si estos medios cumplen una función social clara, educativa, de promoción de ciertos valores, de complemento con las políticas públicas, llegan a lugares donde el Estado no lo hace, deberían tener algún tipo de financiación garantizada desde el Estado. Que puede ser en adecuación técnica, capacitación, recambio tecnológico que va a significar el paso de analógico a digital” y agregó que a participar en los foros para intentar profundizar aún más estos puntos.
“En este sentido, lo que tiene de bueno este proyecto es que está basado en un montón de ejemplos legales de todo el mundo y no solamente de los países que están en esta corriente progresista que está viviendo América latina. De cada uno de los puntos, tiene una fundamentación anotada, está asociado con algo de legislación comparada o justificado legalmente. No como una cosa caprichosa. Eso lo hace impecable en el aspecto legal”, reconoció Lamas.
Fuente: Política y Medios