La presidenta dice que la reforma volverá a los medios más democráticos. El grupo Clarín saldría perjudicado, las firmas de telecomunicaciones podrían salir favorecidas. La oposición sostiene que la reforma busca acallar las críticas
Por: Helen Popper
La iniciativa de la presidenta argentina de revisar una desactualizada ley de radiodifusión está despertando desconfianza y algunos la acusan de querer castigar al mayor grupo mediático del país y silenciar las críticas durante la campaña electoral.
La presidenta Cristina Fernández, de centroizquierda, dice que la reforma de la ley, promulgada durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, fortalecerá la democracia reduciendo el control de un puñado de compañías que dominan el sector.
Fernández dijo que busca que "todos los argentinos tengan derecho a la expresión y que todos los argentinos tengan derecho a aquellos bienes de carácter social que no pueden ser monopolizados por un sector, ni por una empresa ni por nadie", dijo Fernández cuando presentó el proyecto el mes pasado.
La reforma limitaría el número de licencias de radiodifusión que una compañía puede tener localmente y a nivel nacional, incrementaría el número de partidos de fútbol que se transmiten por canales de televisión abierta y garantizaría una participación de organizaciones sin fines de lucro en los medios.
Muchos en la industria coinciden en la necesidad de reformar la arcaica normativa vigente para reflejar los enormes cambios tecnológicos que se registraron en los últimos 25 años.
Pero los opositores dicen que la reforma está mal concebida, a destiempo y busca presionar a los medios para que bajen el tono a sus críticas hasta las elecciones legislativas del 28 de junio, percibidas como un referéndum de los turbulentos 16 meses de Gobierno de Fernández.
"Es un intento desesperado por conseguir a cualquier costo un voto para seguir preservando el proyecto de poder", dijo el titular de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, en un comunicado.
Fernández impulsó el control estatal de la economía nacionalizando el sistema de pensiones y la mayor aerolínea del país. Al igual que otros líderes de izquierda de Latinoamérica, desconfía de los medios: evita dar entrevistas y a menudo critica a los periodistas.
La popularidad de Fernández se vio deteriorada por un prolongado conflicto con el sector agropecuario y por la desaceleración de la economía, pero su partido aún mantiene el control en el Congreso, lo que significa que podría lograr la aprobación de la ley antes de las elecciones de junio.
Pero los escépticos dicen que el proyecto, que está siendo debatido actualmente en foros en todo el país, no podrá ser implementado y que tiene pocas chances de convertirse en ley.
"Lo largó como una forma de amenaza, pero nadie va a votar esta ley antes de las elecciones, y después de las elecciones cuando ya se vea que el Gobierno es débil, nunca más se la va a votar", dijo a Reuters Julio Bárbaro, ex titular del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR).
Muchas de las dudas sobre las motivaciones del Gobierno para impulsar la reforma provienen de la disputa con grupo Clarín, uno de los conglomerados de medios de Latinoamérica y la compañía que más tiene para perder con la reforma.
El esposo y predecesor de Fernández, Néstor Kirchner, tenía una relación armoniosa con los medios del Grupo Clarín, que incluyen a Clarín, el diario de mayor tirada del país, y al canal de noticias por cable, TN (Todo Noticias).
El grupo también es propietario de empresas de televisión por cable, de proveedores de internet y de radios.
Pero el año pasado la relación se rompió debido a la cobertura de la disputa entre el Gobierno y los productores agropecuarios. El Grupo Clarín se mostró crítico hacia el Gobierno durante el conflicto y en actos del Gobierno se veían carteles con la leyenda "Clarín miente" o "TN: Todo Negativo".
El borrador del proyecto de Fernández reduce el número de licencias de radiodifusión que pueden tener las firmas.
Y podría abrir la puerta para que las empresas de telecomunicación Telefónica de Argentina y Telecom Argentina compitan con Clarín por el "triple play", un servicio que ofrece en forma conjunta telefonía, conexión a Internet y televisión por cable.
"Lo mejor que le puede pasar a Clarín es el estatus qúo", dijo Mariano Kruskevich, analista de Grupo SBS.
La propuesta oficial también busca incrementar el número de partidos de fútbol que se emite por televisión abierta en lugar de televisión paga, lo que sería una medida muy popular para los argentinos, que son amantes de ese deporte.
En un partido de fútbol entre los dos equipos más importantes de Argentina durante un fin de semana, los simpatizantes cubrieron las tribunas con carteles que decían "Clarín: queremos fútbol gratis por tevé".
El diario Crítica dijo que Kirchner, que tiene un rol clave en el Gobierno de su esposa, estuvo detrás de la iniciativa.
Fernández también quiere reservar un tercio de las frecuencias para asociaciones sin fines de lucro, como universidades, y establecer cuotas mínimas para filmes, música y programas argentinos.
Bárbaro dijo que las medidas buscadas eran difíciles de implementar y agregó que para que tenga éxito una reforma de los medios tiene que ser negociada con todos los principales jugadores de la industria.
Pero muchos grupos de izquierda y académicos alabaron la iniciativa del gobierno, que busca desafiar el estatus qúo.
"No puede ser que una sociedad esté atada a los opiniones de cuatro empresas que tiene los medios de comunicación", dijo a Reuters Víctor Ego Ducrot, profesor de la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
Fuente: Agencia Reuters
