Por: Hernán G. Traverso*
Hace algunas semanas, el Gobierno Nacional publicó la propuesta de proyecto de Ley Servicios de Comunicación Audiovisual, con el objetivo de reemplazar la actual Ley de radiodifusión (22.285). Si bien la nueva propuesta será tratada en el Congreso Nacional (para decidir si es aceptada o no), en aproximadamente dos meses, las polémicas, entre sectores oficiales, de la oposición y de la opinión pública, ya se encuentran a la orden del día.
Las preguntas que surgen son de diversos tipos. Mientras algunos sectores opinan que es necesario cambiar la actual Ley de Radiodifusión, de modo inmediato, por considerarla obsoleta (cabe recordar que la 22.285 rige desde la época de la Dictadura); otros sectores, en cambio, relacionan las modificaciones con una cuestión personal, con el enfrentamiento que actualmente existe entre el matrimonio Kirchner y los medios de comunicación.
Más allá de esas dos visiones, la pregunta es: ¿Es necesario cambiar la Ley 22.285 (de Radiodifusión) que data de la época del Proceso? En un primer instante, y sin pensarlo demasiado, se debería creer que sí. En pleno siglo XXI, con todos los avances tecnológicos sucedidos hasta el momento, resulta ilógico que los medios de comunicación continúen bajo la tutela de una ley que fue conferida en la década del ochenta, cuando apenas existían cuatro canales de televisión y unas pocas frecuencias de radio. Por otra parte, cabe destacar que la propuesta del Gobierno (Servicios de Comunicación Audiovisual) contiene elementos interesantes como, por ejemplo, reemplazar el actual ComFeR (Comité Federal de Radiodifusión) por un organismo de control de características parlamentarias, y que incluya las opiniones de la primera y segunda minorías, para regular el sector audiovisual; impedir la existencia de monopolios mediáticos; fomentar la producción nacional de contenidos educativos e infantiles; pretender que los medios estatales se transformen en públicos y no gubernamentales (este último ítem es un tanto difícil de lograr).
Otro punto importante de la nueva Ley Servicios de Comunicación Audiovisual es que el Gobierno otorgaría capacidades al Estado para que éste regule los derechos de exclusividad para las transmisiones televisivas de los partidos de fútbol (en el proyecto, se menciona como "encuentros deportivos relevantes"). En otras palabras, la idea sería dar un tratamiento similar al de los partidos de la Selección Nacional (actualmente la ley 25.342, sancionada por el gobierno de De la Rúa, impone que los partidos de la selección sean trasmitidos por televisión abierta). La nueva ley también apunta a habilitar a las empresas de servicios públicos (por ejemplo, las telefónicas) para que puedan prestar servicio de televisión por cable (hasta ahora, eso estaba prohibido). Además, propone que ninguna empresa asuma más del 35 o 40% de abonados al servicio de cable en todo el país (según fuentes oficiales, actualmente el Grupo Clarín controla el 70%).
Por lo mencionado hasta aquí, se debería creer que el nuevo Proyecto es absolutamente beneficioso. Ahora bien, como expresa el dicho, la moneda siempre tiene dos caras. Veamos, entonces, cuáles son los puntos “no tan buenos”. En primer lugar, el proyecto muestra una particularidad: se ajusta, al pie de la letra, a todos los puntos (21 en total) que fueron presentados al gobierno anterior (es decir, al de Néstor Kirchner, en 2004) por organizaciones sociales que formaban parte de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Tal vez, aquí uno debería preguntarse: ¿por qué antes no y ahora sí? En segundo lugar, si bien la nueva propuesta combina buenas intenciones (más producción nacional; "tarifa social" de cable para los más humildes; reserva del 33% del espectro para entidades comunitarias), no exige un determinado nivel de profesionalismo en las emisiones, ni especifica quién se hará cargo de las producciones (económicamente hablando). En tercer lugar, la nueva ley deja entrever mucho intervencionismo estatal, y no alude a la regulación de la publicidad oficial.
En conclusión, si bien, de modo amplio, la propuesta de Ley Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido pensada con la intención de democratizar la radiodifusión, reduciendo la cantidad de licencias en manos de una misma empresa (la legislación actual dispone de un límite de 24 licencias por dueño, la nueva ley las fijaría en 10), algunos puntos (como el caso de mayor intervención estatal) no están del todo claros. Para alcanzar una verdadera democratización de los medios de comunicación, es necesario tener en cuenta dos conceptos: “acceso” y “participación”. Estos conceptos son elementos clave. Mientras que el primero (“acceso”) garantiza el derecho universal a contar con bienes culturales y fuentes de información plurales, el segundo (“participación”) busca conformar una ciudadanía que sea sujeto de las políticas y no un mero objeto. En concreto y para terminar, la ley que pretenda democratizar las estructuras de comunicación deberá manifestar su preocupación por defender las políticas de servicio público, como factor esencial de todo diseño de políticas. Deberá establecer una concepción pública amplia y participativa, que no se limite solamente a los que gozan de recursos económicos.
*Lic. en Ciencias de la Comunicación, Opinión Pública y Publicidad (UBA), hernangabrieltraverso@yahoo.com.ar
Fuente: Revista San Pablo
