Es positivo que en la Argentina –después de 25 años de gobiernos democráticos– por fin se dé el marco político para discutir una nueva ley de radiodifusión, diametralmente distinta a la vigente, que, como es sabido, es la sancionada
por decreto por el último gobierno militar, cuyo espíritu era el de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que limitaba el acceso a la tenencia de medios por parte de las cooperativas y de las entidades sin fines de lucro, que restringía la libertad de prensa, que no preveía ninguna forma de participación, gestión o control por parte de los trabajadores de prensa y los usuarios, y que sólo había sido tocada (durante la era menemista), acaso para permitir negocios de los amigos del poder, consolidando a los grupos existentes y habilitando nuevos grupos multimediáticos entre adeptos del oficialismo.Sectores interesados en que se mantenga la ley vigente, alientan un rechazo al proyecto oficial (de manera no demasiado agresiva, lo que revela la esperanza de “arreglar” con el Gobierno, como en ocasiones anteriores). Alguna oposición anuncia su terminante rechazo a debatir el tema, con expresiones desmesuradas como las que señalan, por ejemplo, que “quieren convertir al país en la Venezuela de Chávez”, “buscan poner de rodillas a los grupos económicos de medios y por ende a los periodistas que trabajan allí”, etc. Sea cual fuere su motivación (sincera convicción o simple cálculo mediático a tres meses de las elecciones), no aportan en ningún sentido razonable; y desdeñan la mora de más de dos décadas en debatir este tema.
Necesarios aportes. Ante la oportunidad histórica de hacerlo, los periodistas y comunicadores, las facultades del área, los sindicatos que nuclean a trabajadores de prensa, las asociaciones de periodistas, los foros de debate permanentes, deberían aportar su mirada y su propuesta, y en la medida de sus posibilidades empujar para mejorar el proyecto enviado por el Ejecutivo, que si bien es claramente un avance, tiene varios aspectos perfectibles y otros que aparecen peligrosamente abandonados a la indefinición.
No es extraño el silencio de muchos periodistas y comunicadores muy respetados, que no parecen motivados a tomar partido. Otros, demasiado acríticamente, salieron rápidamente a apoyar la propuesta, evitando un análisis que quizás les hubiera producido menos entusiasmo pero hubiera resultado más útil para la democratización de la comunicación en la Argentina.
Temores. Creo que lo que verdaderamente debería preocuparnos es que, en estos meses preelectorales, un nuevo acuerdo de coyuntura entre el Gobierno y los sectores concentrados de los multimedios vuelva a congelar la posibilidad de discutir la ley, como ocurrió en 2005 cuando la primera versión del kirchnerismo negoció la renovación de las licencias con vistas a un trato favorable de esos medios en las elecciones legislativas de aquel año.
El anteproyecto presentado como “un documento de trabajo destinado al debate público para que llegue al Congreso con una amplia base de consenso” debe ser confrontado con las grandes líneas que desde ámbitos académicos y no lucrativos de la comunicación, de entidades gremiales de periodistas y de foros de debate han merecido respaldo como la “Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia”, conocida como los “21 Puntos”. Desde esa mirada, son muchas las coincidencias con los objetivos que declama este anteproyecto, pero pese a las coincidencias anunciadas, hay muchos detalles en las cláusulas del proyecto de ley que merecen un análisis exhaustivo.
Leyes de este tipo no pueden dejar conformes a todos. Evidentemente, los grupos monopólicos se verán perjudicados si prospera. Una nueva Ley de Radiodifusión, surgida del consenso de los actores sociales, debería transparentar reglas de juego, ser hostil a la concentración multimediática, promover la diversidad y el federalismo, asegurar el acceso universal a los bienes culturales, la participación ciudadana y sectorial en la determinación de las políticas del área y no sólo como órgano “asesor”, diferenciar control estatal con gubernamental y democratizar la discusión sobre la conversión digital. El proyecto oficial está cerca de conformar esos objetivos. Los periodistas debemos tomar posición en este asunto estratégico para el ejercicio ciudadano masivo de la libertad de expresión y para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. Ante este debate, la peor opinión es el silencio.
Ley de Radiodifusión: lo que falta en el proyecto oficial
En grandes líneas, el proyecto enviado por el Ejecutivo incorpora el acceso a la información como un derecho humano; habilita a los Estados provinciales y municipales a tener participación en los medios audiovisuales, a las cooperativas y a las entidades sin fines de lucro, para las que reserva un tercio de las frecuencias; propone la democratización, descentralización y desconcentración de los medios; promueve instancias participativas y una nueva estructura organizativa que tienda a asegurar un manejo público y no partidario de lo estatal.
Necesidades a tener en cuenta. Pero entrando en los aspectos puntuales incluidos en el proyecto, hay numerosas cláusulas perfectibles; hay ausencias que deberían subsanarse; hay ítems que ameritan ser revisados y hay cuestiones destacables de gran valía.
Por ejemplo, la definición sobre el dominio público de las frecuencias, un eje central de los 21 puntos, está ausente en el proyecto oficial. Otro aspecto importante es la autoridad de aplicación. En el proyecto del Ejecutivo se establece una Autoridad Federal directiva con composición eminentemente política y un Consejo participativo con representación social pero cuyo carácter es consultivo. Aún así, este Consejo Federal sigue teniendo una preeminencia de la representación política (25 representantes del Estado nacional y de las provincias y sólo 11 de los sectores. Y con desequilibrios internos: hay sólo dos representantes de los trabajadores de prensa contra tres de los prestadores comerciales). Más federal, democrático y coherente con los 21 puntos, sería un Consejo Federal directivo, con representantes de los Estados nacional y provinciales, con representación social pero sin preeminencia política y con independencia funcional. Para ello se puede equilibrar la carga sumando más representantes de los sectores vinculados. Dicho Consejo Federal elegirá de su seno un Consejo Directivo, remunerado, integrado por cinco miembros, uno de los cuales deberá ser el representante del Estado nacional.
Vacíos a cubrir. Con relación a las falencias, debería incorporarse un Plan Nacional de Radiodifusión que la autoridad de aplicación diseñe anualmente, previa audiencia pública (es decir, con participación ciudadana). Las audiencias públicas de usuarios están previstas pero no son vinculantes. En este caso debería indicarse que la autoridad de aplicación explicite de qué manera tuvo en cuenta las opiniones de la ciudadanía, bajo pena de nulidad de sus actos. Otro déficit es la regulación de la publicidad oficial. El proyecto declama el principio de que se sujete a criterios objetivos, pero no los especifica. ¿Qué debería establecer? Por ejemplo, que el 50 % de la pauta oficial se distribuya por igual entre todos los servicios de radiodifusión y que como mínimo un 25 % se destine a programas culturales y educativos; también que se prohíba la publicidad oficial desde la convocatoria a comicios hasta las elecciones. Y crear un Registro de Medios, bajo la órbita del Consejo Federal, con pautas objetivas para asegurar la distribución no discriminatoria (con requisitos como las inscripciones ante la AFIP, declaración jurada de cumplimiento de relaciones laborales; cuadro tarifario actualizado; datos de audiencia, tirada, etc.). Sobre la radiodifusión digital, el proyecto debería ser más específico, mediante un programa estratégico para la conversión de la radiodifusión analógica a la digital, sujeto a aprobación del Congreso. De otro modo, este importante tema queda librado a la voluntad del Ejecutivo.
Aspectos positivos. Entre otros aspectos valiosos merecen mencionarse la tarifa social; las reglas de desmonopolización, que limitan a los multimedios; la incorporación de las señales abiertas disponibles en la zona; la creación de la defensoría del público, aunque en este caso debería establecerse que se nombre mediante concurso público y previa audiencia pública.
Se destaca también la unificación del sistema nacional de medios a través de una sociedad del Estado, llamada Radio y Televisión Argentina (RTA SE). Esto permitiría federalizar y democratizar en serio los medios públicos, que son de todos y no del partido en el Gobierno. Pero el órgano de dirección reitera el esquema de un directorio con cinco miembros, tres de los cuales son nombrados por el Ejecutivo. También aquí debería apuntarse a que haya paridad en la representación política y social. (De hecho, el proyecto del Ejecutivo hace un repaso por los directorios de organismos equivalentes de otras latitudes, como España, Francia o Canadá en donde se aprecia la paridad político-social en la conformación de los órganos, precisamente en donde los modelos son más exitosos). El nombramiento por concurso público de oposición y antecedentes de los directores de todas las radioemisoras dependientes del Estado debe incorporarse específicamente en el articulado.
En el proyecto de ley de radiodifusión hay aspectos para destacar; otros perfectibles; hay otros dudosos que deben ser revisados y también falencias a subsanar. Los órganos directivos que prevé, tienen una composición con preeminencia política, y aunque se pregona la participación sectorial y ciudadana, se le da un carácter sólo “consultivo”.
*Periodista. Docente en la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Concepción del Uruguay. Ex convencional constituyente en la reforma de la Constitución Entrerriana. Colaborador en distintos medios.
Foto: Julio Blanco