Por: Gustavo Noriega
El adelantamiento de las elecciones para el 28 de junio y la demoníaca alquimia para colocar candidatos que nunca asumirán, dos invenciones de lo que se llama
“laboratorio K”, son probablemente los últimos clavos en el ataúd para la posibilidad de que este período constitucional intente seriamente una actualización de la Ley de Radiodifusión.Como fue dicho muchas veces y especialmente en esta columna, la puesta al día de la ley tiene dos motivos esenciales, ninguno de los dos relacionado con lo que se ha hecho el caballito de batalla, es decir, apelar al chantaje emocional político calificándola de “Ley de la Dictadura”.
Los motivos para que el reordenamiento de los medios sea una orden del día tienen que ver con, por un lado, que para los medios audiovisuales la distancia entre la década del ochenta y la actualidad es tan abismal como en su momento fue la que provocó la aparición de la imprenta. Creada en un momento en que no existía ni la televisión por cable ni internet, la emparchada ley sólo puede ser una reliquia de tiempos pasados.
El segundo y central motivo tiene que ver con que las actualizaciones realizadas durante el menemato –y confirmadas en el período K– tuvieron como objetivo favorecer la creación de grandes grupos multimediáticos, esos que hoy ocupan el espacio central del discurso kirchnerista y muy poco de su acción efectiva de gobierno. En esos años se elevó de 4 a 24 el límite de licencias que una misma persona o empresa podía concentrar, de manera tal que los diarios, radios y canales pasaron a ser empresas gigantes, interconectadas, con una enorme pluralidad de formas de llegar a la ciudadanía y la posibilidad concreta de instalar a voluntad una agenda de discusión pública.
Esa estructura, nacida en los 90, impide la proliferación de discursos y es por lo tanto antidemocrática. También hemos repetido acá varias veces que los hechos concretos de los gobiernos Kirchner fueron –más allá de la retórica pública– en dirección de consolidar esa estructura.
Con sus últimas decisiones políticas –adelantamiento de las elecciones y candidatos “testimoniales”– el Gobierno renunció a la posibilidad de seguir administrando la cosa pública (o comenzar a hacerlo) y se lanzó a la búsqueda de un mejor resultado electoral. Lo que al principio de la gestión de Néstor era una necesidad –la construcción de poder– se convirtió en un fin en sí mismo, puro ejercicio y acumulación de poder sin realizaciones.
La discusión de la nueva ley quedará postergada una vez más por las urgencias electorales. El Gobierno aspira, forzando a plebiscitar su gestión, a sacar un empate de visitante. Difícilmente podrá llevar a cabo para los últimos dos años de gestión una misión tan necesaria como complicada de ejecutar como es la de cambiar el mapa de los medios en la Argentina. Carece, además, de la autoridad y los antecedentes como para intentarlo sin que sus objetivos finales no resulten poco confiables.
Fuente: Crítica de la Argentina