sempeñan y sus remuneraciones.La decisión del Tribunal, que integran los jueces Gustavo Daniel Spacarotel, Gustavo Juan De Santis y Claudia Angélica Matilde Miranda, implica un peligroso antecedente en contra del ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.
El pedido de Suárez fue realizado en Mesa de Entradas del Municipio en 2005 y, al no obtener respuesta por parte de la Comuna, interpuso un recurso de amparo en 2006, acción que contó con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
El amparo fue denegado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro. 1 de Quilmes que, además, determinó que las costas del juicio debían ser pagadas por el demandante por “no justificarse adecuadamente la necesidad de contar con la información solicitada”, ya que “los datos que se pretenden obtener se encuentran comprendidos en la esfera de intimidad de las personas involucradas”.
Además, el fallo agregó que la Comuna de Florencio Varela no está alcanzada por los efectos de la Ley Provincial 12.475, por “no haberse adherido a ella”. Esta norma es precisamente la que establece que “se reconoce a toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo, el derecho de acceso a los documentos administrativos, es decir, toda representación gráfica, fotocinematográfica, electromagnética, informática, digital o de cualquier otra especie, que contenga datos o informaciones provenientes de órganos públicos del Estado provincial cuya divulgación no se encuentre prohibida expresamente por la ley”.
Esa sentencia resalta que algunos de los datos requeridos figuran en la página web de la Municipalidad. Eso, si bien es cierto y fue puesto en marcha recién después de la acción iniciada por el periódico, es incompleto: de allí no surge cuántos empleados son de dicho municipio y cuántos de otras localidades, ni cuánto cobra cada uno, entre otros datos fundamentales que no deberían ocultarse sino estar al alcance de cualquier contribuyente.
El rechazo del Amparo obligó a Mi Ciudad a dirigirse a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que ahora resolvió “confirmar la sentencia de grado y desestimar por improcedente el recurso de apelación contra ella promovido”. Entre las consideraciones de la resolución, se repite que “el actor no ha podido demostrar un particular interés” que justifique informarle los datos solicitados.
FoPeA advierte que el fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata es contrario, no sólo a la libertad de expresión, sino a los más elementales principios de acceso a la información pública de todos los ciudadanos. Además, la decisión obligó a Mi Ciudad a elevar un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con el agregado de que esta instancia adiciona un alto costo económico para la búsqueda de información que debería ser de acceso público.
El derecho a la información de la ciudadanía está reconocido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, e implica la potestad que tiene toda persona para acceder lícitamente al conocimiento de hechos e ideas que permiten satisfacer sus legítimas inquietudes, en consonancia con los principios de un sistema representativo y republicano, sin necesidad de tener que justificar un supuesto "interés legítimo".
Lamentablemente, nuestro país aún no tiene una ley nacional que reglamente el ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que tiene consecuencias en el modo en que el derecho ha sido reconocido en el ámbito provincial. Mientras que algunos distritos avanzaron en la aprobación de leyes o decretos provinciales con distintos alcances, otras aguardan el tratamiento de los proyectos en las Legislaturas provinciales y otras, ni siquiera discutieron el tema.
Frente a este panorama, FoPeA reitera su reclamo en favor de la sanción de una ley nacional que garantice un pleno acceso a la información pública.