Desde el segundo trimestre de 2008, el Gobierno argentino amaga con elevar al Congreso un proyecto de ley que apruebe una sustancial reforma de la actual ley n° 22.285, conocida como Ley de Radiodifusión, vigente desde la última dictadura militar.
Un año atrás, al promediar el conflicto con el sector agropecuario, la administración kirchnerista aseveró la necesidad de reformular la normativa en materia de radiodifusión, denunciando por un lado el componente antidemocrático de su constitución, como también su desactualización respecto de los nuevos saltos tecnológicos hoy incorporados a la comunicación y la actividad periodística.
Días atrás la Presidenta de la República, expresó que la iniciativa de la nueva Ley de Radiodifusión que proyecta elevar al Congreso, “respaldará a un modelo con los estándares de los grandes países desarrollados.” Esta nueva reglamentación, según explican en el oficialismo, intentará devolver la centralidad del rol del Estado “en garantizar la diversidad y la pluralidad de información”.
El Gobierno perseverantemente viene denunciando un proceso de concentración y monopolización del cual la actividad periodística e informativa se ha vuelto presa. Hoy el conglomerado mediático, fuerte y con mucho poder, “atenta directamente contra la generación y difusión de la diversidad de opiniones que garantiza la libertad de expresión”, afirmó días pasados Gabriel Mariotto, interventor del Comité Federal de Radiodifusión.
Por ello es destacable la razón que aportan quienes defienden la nueva Ley de Radiodifusión como un instrumento adecuado que consiga, primero, impedir la disposición a la concentración mediática, y luego entonces, garantizar la pluralidad y diversidad de voces.
En concreto, la modificación que el kirchnerismo planea implementar para garantizar esa pluralidad de opiniones, voces y libertad de prensa, implica la recuperación de licencias y frecuencias perdidas, que en el futuro serían repartidas con una lógica diferente a la actual: un 33% entre las personas jurídicas sin fines de lucro, otro 33% para el Estado y el 33% restante para el ámbito privado.
No obstante, hechos recientes desdicen lo propuesto por el Gobierno argentino en materia de radiodifusión. Más bien, parece que estamos frente a otra de las situaciones en las que el oficialismo proclama una posición “de progreso” para escudar y maquillar decisiones polémicas, controvertidas y posiblemente contrarias al interés público.
Los gestos del oficialismo no parecen animados por el espíritu “progresista” que los funcionarios de Néstor Kirchner quieren imprimirle a este proyecto de ley.
Primero. Avanza por la vía judicial la demanda iniciada por Perfil ante la negativa emanada desde la Secretaría de Medios de la Nación en conceder pautas de publicidad oficial a un diario que, según el oficialismo, pronuncia “oposición”.
Segundo. La no renovación de contratos y el consecuente levantamiento del programa de Nelson Castro, en Radio Del Plata, esbozan otro turbio trato desde el poder respecto a la libertad de expresión y prensa.
Más llamativo aún es el levantamiento del programa que Claudio Morgado conducía en Radio Nacional. Morgado es diputado nacional por la Capital, y miembro del bloque Frente para la Victoria-PJ. Según declaró el legislador, su programación fue suspendida tras entrevistar a dirigentes de la oposición como Federico Pinedo. Situación que además llevaría a Morgado a abandonar el bloque oficialista.
Tercero. El pasado miércoles, la emisora oficial Canal 7, interrumpió su habitual programa de la hora 20, para transmitir en directo durante casi 25 minutos, el discurso completo que Néstor Kirchner, dio en la ciudad de Chivilcoy en un acto del Partido Justicialista.
Un dato relevante. En nuestro país sólo ocho ciudades del interior tienen más de una oferta de televisión abierta. El canal del Estado, que debería cubrir todo el Territorio Nacional, sólo llega al 35% de la extensión geográfica y aproximadamente al 50% de la población, salvo que se lo haga por circuito por cable.
Nuevamente los argentinos padecemos una realidad escindida, desdoblada. Y con ella, un discurso también doble, que tiene una misma causa y una sola razón. Por un lado se proclama un relato y por el otro, se hace lo contrario: se propone una ley para evitar la concentración mediática respecto a determinados grupos o holdings dedicados a la actividad periodística y a la comunicación social. En contraste, en grotesca discreción, se manipulan las pautas de publicidad oficiales y las programaciones de radios y canales de televisión.
Es creciente la sospecha en torno a esa “desconcentración” que el Gobierno suscita: nos lleva a dudar si con ella no se intenta facilitar una nueva concentración, en beneficio de nuevos grupos afines, como en el caso de Radio Del Plata, o en favor de ciertas asociaciones y organizaciones “sin fines de lucro”, a las que acostumbradamente vemos sostenidas, en rigor financiadas, por el oficialismo.
Fuente: Diario El Eco