Decenas de delegados indígenas colmaron la sala o siguieron la audiencia en un espacio acondicionado en el hall. Los jueces -que demostraron estar compenetrados de la demanda de las comunidades indígenas- escucharon primero a su abogado, Raúl Ferreyra, quien mostró la progresión de la deforestación en Salta, en especial entre 2004 y 2007. “A este ritmo, en 15 años acabaríamos con todos los bosques de la provincia”, alertó.
Ferreyra explicó también el concepto de territorio, que rige la vida de los pueblos originarios, por el uso integral y sustentable que hacen del monte. Cabello largo y vincha roja, Dino Salas, de San Ignacio, habló a los jueces en nombre de las comunidades, “para pedirles que nos tengan en cuenta”, y “que protejan a la gente y a los animales”.
Poncho salteño plegado al hombro, el criollo Andrés Riera, de Hickmann (cerca del Bermejo), se sacó el sombrero, saludó primero “a las señoras juezas” y contó cómo se fue degradando el Chaco salteño: “A veces hay lluvias muy grandes que arrasan con parte del pueblo y de las comunidades. Aparecen nuevas enfermedades”.
“Es injusto no tomar los recaudos necesarios -planteó-. ¿Cómo puede ser que ingenieros permitan que al cerro le saquen la selva? Dejaron la tierra suelta, y el barro arrasó con Tartagal”.
El fiscal de Estado de Salta, Ricardo Casali Rey, y el ministro de Medio Ambiente, Julio Nasser, soportaron una dura interpelación de los jueces, en especial del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y de Juan Carlos Maqueda. Confirmaron que los estudios de impacto ambiental previos a los permisos de desmonte no tuvieron en cuenta a las comunidades, ni tampoco la sumatoria de efectos.
Que las audiencias públicas no tenían difusión ni facilidades para que asistieran los pobladores. Que las autorizaciones se aceleraron y multiplicaron en los meses previos a la sanción de la Ley de Bosques. Maqueda fue suspicaz: “¿No será que la ley salió recién cuando se otorgaron todos los permisos?”.
El secretario de Medio Ambiente se presentó ayer en una audiencia convocada por el máximo tribunal a partir de una denuncia de aborígenes salteños. A su vez, el fiscal de Estado de Salta, Casali Rey, explicó que "no hay ninguna base científica que permita relacionar" ambos hechos.
El secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, dijo este miércoles que aunque "todo tiene incidencia", en Salta eso "no fue determinante" del alud que arrasó Tartagal hace 10 días, en la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia a partir de una denuncia de aborígenes de la provincia norteña.
Fuente: TelAm, Diario Los Andes