Una llamada anónima a la casa del periodista Gustavo Heredia advirtió que tanto él como el abogado de la APDH, Enrique Ponce, serían asaltados en busca de información de una causa de violaciones de lesa humanidad. "Los están vigilando a los dos", les dijeron.
Enrique Ponce, abogado de familiares de víctimas y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en el juicio que se le sigue a acusados de delitos de lesa humanidad en San Luis, denunció este jueves que tanto él como el periodista Gustavo Heredia, de Radio Universidad, recibieron amenazas en sus domicilios.
El letrado relató que en la vivienda del periodista se receptaron tres llamadas: dos se cortaron al ser atendidas por una menor y en la tercera, atendida por la mujer, una voz masculina le advertía que los hogares de ambos serían "visitados" por extraños bajo una simulación de robo.
Según la amenaza, esa "visita" sería para buscar información relacionada con la causa: "Los están vigilando a los dos", le dijo la voz anónima a la mujer.
Ponce realizó la denuncia correspondiente y envió una respuesta a los hostigadores. "Les mando un mensaje a los 'servicios': toda la información que tenemos está incorporada y es pública", dijo el abogado ante el tribunal del juicio, advirtiendo que "todos los que venimos aquí somos objeto de tareas de inteligencia".
Ponce hizo referencia a supuestos policías de civil ubicados en el lugar destinado al público que se entremezclarían tratando de escuchar las conversaciones. En ese sentido, en la mañana de ayer uno de los presuntos agentes encubiertos se había sentado en el lugar destinado a periodistas.
En la causa se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti, ocurrido en septiembre de 1976, la desaparición de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma, ocurrida en la misma época y las torturas recibidas por Víctor Fernández, sobreviviente de esas detenciones. Por esos crímenes están acusados los policías Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco y los coroneles retirados Carlos Esteban Plá y Miguel Angel Fernández Gez.
El camarista Roberto Burad señaló que aunque el tema no es de competencia federal, iban a seguirlo. "El Tribunal se va a interesar en esta situación", expresó.
"La Justicia debe actuar con todo el peso de la ley para que los ciudadanos puedan expresarse libremente a pesar de sus diferencias y para que nunca más la muerte silencie los pensamientos", declaró el juez y añadió que "mucho más los de los periodistas, que expresan desde su punto de vista" los acontecimientos que les tocan relatar. "Nos puede pasar a cualquiera de nosotros y ninguno puede permitir que avancen estas situaciones", expresó el juez.
También el abogado Hernán Vidal se solidarizó en nombre de los abogados de la defensa de los imputados, tanto con su colega Ponce como con el periodista de Radio Universidad.
Fuente: DyN
