Después de tanto alboroto alrededor del supuesto proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que impulsó el Gobierno durante su pulseada con las patronales agropecuarias, el tema ha ingresado bajo un piadoso manto de silencio.
Salvo el esfuerzo voluntarista de cientos de organizaciones populares que integramos la Coalición para una Nueva Ley de Radiodifusión para la Democracia que hemos recorrido el país difundiendo los 21 puntos que respaldan la necesidad de reemplazar la norma heredada de la dictadura militar, todo parece indicar que el poder político ha cajoneado una vez más esta iniciativa vital para democratizar el universo comunicacional.¿Qué dirá el interventor en el ComFeR, Gabriel Mariotto, quien al comienzo de la embestida contra el monopolio informativo profería a voz en cuello y sin ponerse colorado que para el Gobierno esta ley era la “madre de las batallas”?
¿Y cuál será el relato que utilizará la presidenta Cristina Fernández para justificar esta nueva frustración, después que desde el mes de abril emprendió un raid de reuniones con los gremios de la comunicación, las centrales de trabajadores, los sectores académicos, de la cultura y representaciones empresarias para generar consensos alrededor de una modificación legislativa largamente reclamada por la sociedad democrática?
¿No fue más sincero el mediático Jefe de Gabinete y dirigente futbolístico, Sergio Massa, que tranquilizó a los dinosaurios de AdEPA y al resto de las patronales del sector al afirmarles que no había ningún proyecto de Ley de Radiodifusión en estudio en la órbita del Poder Ejecutivo?
Está finalizando el período legislativo y, como ocurre cada fin de año, el Congreso se apresta a aprobar en maratónicas sesiones cientos de leyes entre las que no figura, al menos hasta el momento de escribir estas líneas, una nueva ley para regular y democratizar el espectro radioeléctrico en la Argentina y avanzar seriamente hacia una nueva Ley de Telecomunicación.
¿Alguien piensa seriamente que el año próximo, de neto corte electoral, el Gobierno va a presentar un proyecto semejante que irrite a los zares de la comunicación?. Después del veto presidencial a Ley de Glaciares queda bastante claro cuál es la posición oficial respecto a los grupos de poder dominantes. Por ello, ¿es razonable pensar que el Gobierno va a pasar a la acción para enfrentar al Grupo Clarín y al resto del oligolopolio informativo en medio de una campaña electoral?
Aunque no tiene tanta prensa, lo que sí vienen conversando voceros del Gobierno con los grupos empresarios es el desarrollo del triple play y la nueva norma que utilizará la Argentina para la digitalización de la TV. Alertada de este fabuloso negocio, la Coalición remitió recientemente una carta abierta a la presidenta Cristina Fernández para que no se disponga la elección de ningún modelo para regir el paso de la TV analógica a la digital sin sancionar la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sin que hasta el momento se conozca respuesta oficial u oficiosa de la Jefa de Estado a este justificado reclamo. Como se sabe, el Gobierno está analizando si adopta la norma digital estadounidense, la europea o la japonesa que, según trascendidos periodísticos, sería la que cuenta con más chances en los corrillos del ministerio de Julio De Vido.
Los carteles portados por militantes afines al Gobierno con consignas tales como “Clarín miente” o “Todo Negativo” exhibidos con generosidad durante el conflicto con la patria sojera, desaparecieron como por arte de magia para dar paso a un renovado pacto de convivencia con los factores reales de poder que dominan la comunicación en nuestro país.
La controversia desembozada que se registra desde hace un tiempo y que deberá laudar el Gobierno entre Clarín, para ingresar al negocio telefónico, y Telefónica de Argentina para hacer lo propio en el campo de la televisión, es la pelea de fondo, y por una bolsa millonaria, que transcurre soterradamente, y a veces no tanto, entre estos contendientes de peso pesado, mientras se diluye hasta desaparecer de la escena el meneado Obervatorio Oficial de Medios y la prensa del régimen no parece ahora contribuir tanto al ánimo destituyente como tiempo atrás.
Con esta nueva claudicación, el Gobierno ha vuelto a defraudar las expectativas populares de avanzar hacia un nuevo modelo de comunicación de masas. El doble discurso oficial en materia comunicacional se derrite como un helado al sol. Mientras por un lado se apostrofa a la prensa desde los atriles de la Casa Rosada, por el otro se mantiene el status quo de los negocios que permiten a los Multimedios integrar el lote privilegiado de las empresas de mayor facturación en la economía capitalista argentina. Capitalismo que, de rostro humano, sólo retrata los de personajes como Magnetto; Vila; Manzano; Hadad; Mitre, Avila; Fontevechia y algunos pocos popes más.
Los trabajadores de la prensa y la comunicación continuaremos bregando por una nueva Ley de Radiodifusión que se corresponda con los 25 años de vigencia democrática y denunciando los pactos espurios entre el poder político, económico y comunicacional para que ni siquiera se maquille la impunidad con la actúa la dictadura mediática.
A sua vez, renovamos el compromiso para consolidar nuestros propios medios de comunicación social para afrontar sin concesiones la disputa por el sentido con los dueños del pretendido discurso único en la Argentina.
*Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA