El sábado 22 de noviembre de 2008 a las horas 12.40 sufría un fatal accidente de tránsito el trabajador de prensa y camarógrafo Rodolfo Hipólito Romero (46 años), cuando una camioneta conducida por el diputado provincial del Partido Justicialista Marcelo Abraham cruzó en rojo el semáforo en la esquina de av. Hipólito Yrigoyen y Puente Gorriti de San Salvador de Jujuy.
Testigos presenciales del hecho sostuvieron que el legislador infringió las normas de tránsito y por su conducta, mereció inmediatamente la repulsa y la agresión verbal de las personas que transitaban por el lugar, hechos que el diputado que integra el Frente para la Victoria de la actual presidenta de la Nación Cristina Kirchner.
A un mes del trágico hecho que enluta a los periodistas de la provincia, sigue el secreto de sumario en la órbita del Poder Judicial, cuyo juez Juan Carlos Nieve no da a conocer los avances de las investigaciones y la posible imputación de “homicidio culposo en accidente de tránsito” a Abraham, que le habría impuesto el agente fiscal Jorge Zurueta; como así también lo habría dispuesto la convocatoria a indagatoria del protagonista del hecho.
La preocupación existente en los trabajadores de prensa de Jujuy que se “atreven” a pedir justicia ante un marco de fuerte corporación feudal, acompañando el clamor en ese sentido de la viuda y familiares de Romero, es que ante la inminente proximidad de la feria judicial (o inactividad del Poder Judicial) a partir del 1 de enero, el diputado quede exento de las investigaciones y de esa manera pueda marcharse tranquilamente de vacaciones hacia algún centro turístico del país o del exterior, sin rendir cuenta de su acto delictual en una clara muestra de la impunidad reinante en Jujuy. Cabe señalar que por disposición del Gobierno Nacional y al que se adhirió el Gobierno Provincial a cargo del también justicialista Walter Barrionuevo, se declaró feriado el 24, 25 (celebración cristiana), 26, y 31 de diciembre, con lo que sólo quedan cuatro días hábiles en la Justicia y en opinión de letrados, dicho lapso es muy exiguo para llevar a cabo las diligencias procesales del caso.
De darse estas hipótesis, será palpable que los trabajadores de prensa de la provincia no cuentan con las debidas garantías para el ejercicio profesional, quedando al arbitrio de empresarios de los medios de comunicación, de funcionarios gubernamentales y de personajes de la política, que entremezclan “negociados” con el Estado desde hace diez años, y lo que es peor, que algunos hombres que dicen “ejercer el rol de periodistas independientes” reciban suculentos ingresos a través de la publicidad oficial, condicionando así la libertad de expresión.
Pues bien, para evidenciar dicho marco, ninguno de los principales medios de comunicación de la provincia informó del luctuoso accidente acontecido ese sábado 22 de noviembre, debido a los motivos antes expuestos. La Policía de la Provincia que depende del Gobierno y que diariamente informa sobre las novedades policiales a través de su Dirección de Prensa, también ocultó lo sucedido. Abraham, claro está, fue contador de dicha institución policial, amen de responder políticamente al PJ.
El hecho es que se ejerció y aún se ejerce una terrible censura periodística para que la ciudadanía no se informe sobre un hecho policial que involucra a un legislador, quien de esta forma pretende evadir la investigación judicial. Hay posicionamientos claves de empresarios en la vida política del justicialismo gobernante en Jujuy, algunos de los cuales son propietarios de medios como los diarios Pregón, El Tribuno, Radio Visión Jujuy, emisoras de FM, y que también tienen fuerte incidencia en canales de TV por cable debido a la generosa publicidad oficial.
Toda esa impunidad es fruto de un minucioso trabajo hecho durante los últimos diez años por el ex gobernador y ahora presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Eduardo Fellner, colocando a los amigos del poder en posiciones claves de los poderes Legislativo y el Judicial. Así eludió varias veces pedidos de juicio político por mal desempeño de funciones. La última vez que la justicia investigó a un funcionario, fue precisamente hace diez años al gobernador de entonces: Carlos Ferraro, quien debió renunciar en 1998 y le sucedió justamente Fellner. Ferraro fue condenado en 1999 por defraudación al Estado Provincial y lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos por el término de tres años. Coincidencias, hoy Ferraro (de profesión periodista) es gerente de Canal 2, medio que también silenció el hecho.
Lo triste es que desde hace treinta días, tres hijas (de 16 -de un primer matrimonio-, 11 y 8 años) no podrán ver jamás a su padre
Además, comenzaron maniobras de amedrentamientos hacia los testigos del accidente y que comprometen seriamente a Abraham, quien apuesta por zafarse de la Justicia mediante la manipulación política y si aún no fue citado a declarar ni detenido, se debe precisamente a sus fueros parlamentarios, recostándose sobre el paraguas del sector político-empresario del PJ “Jujuy Avanza”.
Asimismo, colegas que se han solidarizado con la familia de Romero y que tuvieron el valor de publicar lo acontecido, son objeto de intimidaciones para que “no se metan en el asunto”.
Lo que se busca es que el caso no quede en la impunidad
A principios de año, un periodista local: Juan Carlos Zambrano, fue asesinado de un balazo a manos de un hombre supuestamente despechado. La noticia fue cubierta por todos los medios, pese a las versiones que adjudicaban cierto tinte político por las diferencias que éste mantenía con un concejal justicialista y con una influyente dirigente piquetera kirchnerista. Zambrano trabajaba en Radio Visión Jujuy.
La muerte del camarógrafo Romero no tuvo la misma repercusión que Zambrano, pese a que lo atropelló un legislador. El silencio de la gran mayoría de los medios de prensa así lo testifica. Para comparar sobre lo que se “informa” respecto de las figuras públicas. Hace dos semanas, un juez de la Corte local (José Manuel Del Campo) sufrió un accidente en la provincia de Santiago del Estero, del que salió con heridas leves. Pero fue noticia en los medios. En cambio, Romero no existe para algunos. Ni aún el principal gremio de prensa de Jujuy se expidió, como sí lo hizo con Zambrano.
Como dijimos, la publicidad oficial incide fuertemente en los medios gráficos, televisivos, orales y digitales, y en algunos columnistas cuyos programas son también financiados por el Estado. Sólo un humilde semanario, El Expreso, así como un diario digital: El Libertario, dieron cuenta del hecho a la sociedad. A raíz de esto, la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación-INADI inició una investigación, pero aún así existe el temor de que esto que afecta la libertad de expresión, quede en la nada.
Hace pocos días, la ADC (Asociación de los Derechos Civiles) presentó en nuestra ciudad, un informe sobre la publicidad oficial en Jujuy, para el que sólo consiguieron datos proporcionados del Tribunal de Cuentas sobre los pagos de la Dirección Provincial de Prensa, no así de las otras cuentas oficiales claves o del Poder Legislativo o Judicial, que se negaron a proveerlas, lo cual demuestra cómo se pretende boicotear cualquier información que intente transparentar la gestión del gobierno justicialista.
Entonces, si esto ocurrió con la muerte de un camarógrafo, quiere decir que no hay garantías ni seguridad jurídica para ningún otro periodista, menos si se atreve a ejercer críticas en muchas cosas que no andan bien en Jujuy, una de las peores en índices de mortalidad infantil, desocupación, pobreza y peor calidad de vida, que sobrepasan los límites de la corrupción.
A un mes del deceso de Romero, precisamos ayuda para que se conozca en todo el mundo lo que realmente sucede en Jujuy. Gracias, por interesarse por los periodistas de esta alejada provincia, que exigen justicia para nuestro colega.
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