El Foro sobre Pluralismo y Diversidad en la Radiodifusión, organizado por el Grupo Medios y Sociedad, y el Centro en Competencias de Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert, destacó los logros de la nueva ley.
“La ley es pionera en América Latina, son un ejemplo en términos de inclusión e igualdad”. Así se refirió, Catalina Botero, la nueva Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación a la reciente ley que rige a la radiodifusión comunitaria en Uruguay. Botero, subrayó la importancia de distribuir las frecuencias con igualdad, asignar mal es “casi como que el Estado sostuviera que puede entregar los cupos de una universidad pública a quien quiera y a dedo”. Según Botero, se trata de “bienes públicos” y no pueden ser distribuidos como le parezca al Estado, sin ningún tipo de criterio.
Durante el Foro sobre Pluralismo y Diversidad en la Radiodifusión, el ministro de Industria, Energía y Minería, Daniel Martínez, destacó la relevancia de contar con el más amplio espectro de opiniones; “democratizar la comunicación ha sido el norte del proceso que buscamos imprimirle a nuestro país”, dijo. La nueva ley de radios comunitarias permite “eliminar a una serie de actores que se disfrazan de tales” y que no aportan a la independencia política y religiosa. Martínez, agregó que “lo fundamental de los medios debe de ser informar y no imponer, es la base de la sociedad que yo defiendo y peleo”.
En el evento, la directora de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), Alicia Fernández, se refirió al avance en materia de pluralidad y diversidad con el involucramiento de nuevos actores en la etapa de decisiones. La conformación de las comisiones honorarias que trabajaron en el tema y los procedimientos de audiencias y consultas públicas lograron en un plazo reducido resolver un problema complejo, cumpliendo con todos los procedimientos, señaló Fernández.
Actualmente se trabaja en la elaboración de un nuevo marco regulatorio que tenga en cuenta las tecnologías digitales. Según explicó Damián Loreti, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “no se trata de regular tecnologías, sino de ver como las tecnologías influyen sobre procesos que atienden a conductas, mercados y modos de acercar a las comunidades al uso de los medios de comunicación”. Uno de los objetivos es “aprovechar la utilización de la tecnología para un proceso de desconcentración” que fomente la democratización, el pluralismo y la diversidad.
El gobierno otorgó hasta el momento 38 permisos para gestionar emisoras de radio comunitarias, 12 en Montevideo y 26 en el interior del país. Los nuevos medios no pueden realizar proselitismo político partidario o religioso, pero sí están autorizados a vender publicidad y obtener recursos a través de donaciones y patrocinios.
Uruguay apuesta a profundizar la transparencia en la adjudicación de medios radiofónicos
El Ministro de Industria, Daniel Martínez, sostuvo que el trabajo de su cartera se dirige a profundizar la democratización de los medios masivos de comunicación. Con esta política, dijo, se persigue un nivel de pluralidad mayor, con reglas de juego transparentes y estables, que permitan la libre concurrencia de distintos tipos de actores. Martínez participó del Foro Sobre Pluralismo y Diversidad en la Radiodifusión.
Se llevó a cabo en Montevideo una conferencia sobre democratización de los medios radiofónicos, en la cual participaron, además del Ministro Daniel Martínez, la Directora de URSEC, Alicia Fernández, el consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Damián Loreti y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión (perteneciente a la Comisión Interamericana para los DDHH), Catalina Botero.
Martínez subrayó que los medios de comunicación deben brindar su aporte para la formación del espíritu crítico, porque la democracia se basa en ciudadanos con capacidad de análisis y evaluación propios, de todas las propuestas existentes. También expresó que las unanimidades generan mediocridad.
Agregó que las políticas públicas que impulsa este Gobierno caminan hacia la regulación de la publicidad oficial, los criterios para el otorgamiento de frecuencias y los llamados a las audiencias públicas, la caracterización de la televisión estatal y municipal -en un marco acorde para su desarrollo- y las redes comunitarias de comunicación. Todos estos mecanismos legales, implementados durante esta administración, permiten transparentar los procesos adjudicatorios, con la participación de la ciudadanía.
Sin embargo, Martínez señaló que en materia de televisión digital el país no avanzó lo necesario. A pesar de eso, el Ministro indicó que Uruguay no está lejos de contar con televisión comunitaria. Afirmó que en estos momentos y en base a los nuevos criterios, se llamará a interesados en utilizar esta propuesta de comunicación.
Por su parte, Alicia Fernández aprovechó la ocasión para mostrar los avances en materia de normativa legal en comunicación. Otro tema importante que abordó es la promoción de la diversidad y la pluralidad en esta nueva ley de radiodifusión comunitaria, como también en la nueva ley de asignación de frecuencias. Adelantó que la URSEC estudia modificaciones al marco normativo, contemplando esta temática.
En ese sentido, Fernández comentó que el organismo regulador de las comunicaciones contrató un consultor para relevar la normativa uruguaya y acompasarla a la jurisprudencia internacional en la materia. Pero el principal papel de la consultoría es conciliar nuestra reglamentación para abrir paso a la tecnología digital en comunicación, dijo.
Ese proyecto de Ley está armado pero en estudio, prosiguió. Los técnicos de la URSEC evalúan su compatibilidad con el resto de la normativa existente. Fernández anunció que previo a la elevación al Poder Ejecutivo se realizará una consulta pública. El objetivo final es mejorar la reglamentación para el manejo de un recurso escaso, como el espectro radioeléctrico y llegar con mejores contenidos a la ciudadanía, concluyó.
Damián Loreti es consultor del Proyecto PNUD/OPP. Es el encargado de la consultoría sobre marco jurídico comparado, en materia de radiodifusión. En su exposición, dio cuenta de los procesos realizados durante la elaboración de su trabajo. Entre ellos, encontró disparidades con otras regulaciones del continente, por lo avanzado en el tema comunicaciones, en materia de estudios de convergencia.
El salto tecnológico de nuestro tiempo plantea una interrogante, dijo Loreti. La digitalización de las comunicaciones nos puede otorgar un panorama de irreversible concentración monopólica o de democratización irrevocable. Multiplicar espacios en manos de pocos genera este proceso de concentración y por eso, las regulaciones deben tender hacia la diversidad. En este sentido, una normativa clara y a favor de la transparencia es fundamental, pensada para productos y servicios culturales, como también un rol estatal "no subsidiario" y que atienda todos los servicios conexos a la digitalización.
Catalina Botero es la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, oficina miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Su tarea consiste en vigilar que los estados del continente americano y del caribe respeten los estándares de libertad de expresión. Si bien no realizó evaluaciones sobre el estado de la libertad de expresión en nuestro país, otorgó buenas referencias sobre el tema en Uruguay.
Sobre la situación en América Latina y el Caribe, señaló que existen dos tipos de problemas relevantes. El primer grupo consiste en los dramas clásicos con los periodistas de, por ejemplo, México y Colombia, donde la extorsión por la fuerza o incluso el asesinato es frecuente para coartar la libertad de prensa. El segundo, es el uso de la normativa penal para amedrentar comunicadores. Por eso es tan importante despenalizar la actividad periodística, concluyó.
Con el objetivo de mejorar las condiciones sobre estos dos grandes temas, el primer paso es ganar la conciencia de la sociedad civil y el Estado para resolverlos, dijo Botero. El manejo discrecional de la publicidad oficial, por ejemplo, es un problema. Las reglas deben ser claras y precisas para no discriminar, sostuvo. En Uruguay, agregó, este paso ya está dado. Por eso hace falta dar el segundo paso: generar la mejor ley que respete los estándares de libertad de expresión y que no sirva nunca para generar censura.
Para Botero aquí radica el principal escollo, porque deben ser legislaciones muy democráticas. Estos son los dos momentos, sensibilizar y luego actuar con la sociedad civil y los Estados y, en el último de los casos, la posición de litigante de privilegio de la Relatoría que conduce Botero otorga un espacio para llevar los casos de censura ante la Corte Interamericana, para que se produzca el estándar que exige y en consecuencia, la libertad de expresión esté salvaguardada.
Fuentes: Tiempos del Sur, Presidencia de Uruguay
