Consultado por El Cronista sobre si la ley que se está elaborando establecerá más controles a la hora de entregar una licencia de radio o televisión, el funcionario aseguró que sí y consideró que deberá contemplar un mecanismo que ha sido muy utilizado por los Kirchner para decidir desde tarifas de peaje, hasta renegociaciones de contratos con empresas privatizadas: las audiencias públicas. “Tiene que haber un rol muy importante de las audiencias públicas, como ocurre en otros países, como Canadá o Inglaterra”, anticipó. “La sociedad participa como una voz que controla el rol que tiene cada medio. Por ejemplo, si se entrega una licencia de radio a un gremio, no la podrá subalquilar a los pastores y, si lo hace, la sociedad tiene que participar a la hora de decidir si se la renueva”, graficó.Además, el funcionario aclaró que actualmente las empresas de telefonía, como Telefónica y Telecom, no pueden dar televisión por Internet, algo que esas firmas piden al Gobierno para poder garantizar su permanencia en el largo plazo, como proveedoras de servicios que se están consumiendo más que la telefonía fija, y aumentar así sus ingresos.
Mariotto también negó que, como se creía, el Gobierno haya optado por la norma de Japón para la futura TV digital, que prevé juegos y multiplicación de canales. Aseveró que “todavía está en estudio”.
-Periodista: ¿Cómo ve al mercado de radios y televisión? Ya sea desde el aspecto regulatorio, comercial, empresarial, técnico o de contenidos.
-Gabriel Mariotto: Claro, es amplio, no? Porque se puede abordar desde distintos puntos de vista. A mí me interesa abordarlo desde la libertad de expresión, que creo que es el lugar que contempla lo más importante y lo que debería ser más básico, que se garantice libertad de expresión.
P.: ¿Y hay libertad de expresión?
G. M.: Y...Hay libertad de empresa, pero la libertad de expresión todavía necesita seguramente un rol más fuerte desde el Estado para garantizarla. Los países más desarrollados en materia de libertad de expresión tienen leyes de radiodifusión, donde los Estados cumplen roles importantes tratando de garantizar la no concentración por un lado, la garantía de pluralidad. Son situaciones que el Estado debe garantizar. Y la actual ley de radiodifusión, por distintos motivos, primero por su espíritu restrictivo en la época de la Dictadura, pero a partir de los nuevos adelantos técnicos que no contempla esta ley de la década del ’80, quedó también absolutamente obsoleta. En los ’80, no había siquiera una distribución de señales de cable como existe hoy. Entonces, el cable no está considerado sino como un servicio complementario, o sea, el cable ya era una innovación y hoy ya estamos en los umbrales de la digitalización. Entonces, en la medida en que no cambiemos la Ley de Radiodifusión no va a haber verdadera libertad de expresión.
P.: ¿Y hace falta más regulación de la que existe actualmente para que haya más libertad de expresión?
G. M.: La regulación en tanto a la titularidad de las licencias, no en cuanto a los contenidos. A veces, cuando se habla de regulación se sugiere que hay que regular contenidos. A los contenidos no hay que regularlos, lo que hay que garantizar es que muchos más actores, muchos más jugadores ingresen al espacio comunicacional. Que el 33% del espectro lo pueda administrar el Estado; que al otro 33% lo puedan administrar las personas jurídicas sin fin de lucro y que al otro 33% lo administre el sector privado comercial es realmente ampliar la cantidad de jugadores. Hasta el año 2005, las instituciones sin fines de lucro no podían acceder a frecuencias y el espíritu de la 22.285 habla de personas jurídicas con fin de lucro. Sólo un sector social podía participar, un sector económico. Eso atenta contra la libertad de expresión, contra la pluralidad de ideas y desde ese lugar es que tiene que haber una intervención del Estado a partir de la Ley de Radiodifusión o de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene que ser estricta y, a su vez, amplia en el sentido de que nuevos sectores de la sociedad puedan acceder a frecuencias.
P.: ¿Está de acuerdo en que Telefónica y Telecom puedan dar televisión por Internet?
G. M.: La legislación comparada indica que cuando se emite por IP (Protocolo de Internet), a demanda, eso no estaría regulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Porque es IP a demanda.
P.: Entonces no necesitarían una licencia de radiodifusión.
G. M.: Si es IP a demanda no necesitarían licencia.
P.: ¿Y cuando sí necesitarían licencia?
G. M.: Necesitarían una licencia en tanto y en cuanto, y en esto nos asiste la legislación comparada, ellos tengan una emisión que llegue simultáneamente a todos los receptores en un horario prefijado. Si tuvieran una programación. Si alguien llega a las 23:00 y quiere ver ‘Los tres chiflados‘ y lo baja a demanda, es una cosa. Si ‘Los tres chiflados‘ salen de lunes a viernes a las 13:00 y después empieza Mirtha Legrand, ahí hay una programación, que llega en simultáneo a todos los receptores y en un horario prefijado. Eso es un medio de comunicación. Ahora, si es a demanda.
P.: ¿Qué ejemplo hay de servicio a demanda?
G. M.: You Tube.
P.: Pero esos son videos de un máximo de diez minutos.
G. M.: Hay series y películas y hay distintas novelas que se están produciendo incluso para IP. Eso no estaría dentro de la regulación.
P.: Pero un producto como Imagenio, por ejemplo, es otra cosa.
G. M.: Es otra cosa
P.: ¿Pero la legislación lo establece claramente o hay un vacío legal?
G. M.: Hoy, no lo establece, porque la televisión IP no estaba ni en sueños cuando se legisló. La próxima ley lo va a tener que considerar. A ese punto, la Ley de Servicios de Telecomunicación Audiovisual lo va a tener que considerar.
P.: ¿Existen diferentes criterios sobre este punto dentro del Gobierno? Porque parece haber una postura más a favor en la Secretaría de Comunicaciones, luego del último Congreso de Telecomunicaciones.
G. M.: No, pero son temas que se están estudiando, analizando y tanto la Secretaría de Comunicaciones, como el ComFeR, van a participar del futuro escenario y vamos a plantear posiciones, porque acá lo que hay que advertir es que hay un desarrollo tecnológico que tiene que ser asimilado en forma racional. Entonces, estamos viendo porque estamos en un debate que se está dando en el mundo. Se está dando este debate y hay que darlo. El objetivo tiene que ser la libertad de expresión, que no son monopolios ni oligopolios comunicacionales. Hay que ver cuántos jugadores en el mercado comunicacional se pueden presentar y eso se va a considerar.
P.: Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Si las telefónicas quieren dar televisión por Internet con una programación, como puede ser Imagenio, con la nueva ley podrán?
G. M.: Hoy hay un vacío legal con la ley de radiodifusión. Hoy no podrían porque las empresas prestadoras de servicios públicos no pueden dar contenidos.
P.: En la futura ley todavía no sabemos.
G. M.: Todavía no sabemos, lo estamos estudiando.
P.: ¿Y cuál es su opinión?
G. M.: Mi posición es que no se puede cambiar un monopolio por otro y que no debe haber monopolios informativos.
P.: Este pareciera ser un difícil momento para este rol.
G. M.: Es interesante el momento, porque más allá de los intereses, el Estado lo que tiene que garantizar es la libertad de expresión. Entonces, existen presiones, lobbystas y hay intereses económicos, pero es un escenario ideal, hay nuevas tecnologías que ingresan y que van a favorecer la pluralidad de voces. Por eso se necesita un marco jurídico que de garantía de esa potencialidad técnica.
P.: Hay muchos flancos abiertos y no hay leyes, entonces es un territorio fértil para los lobbystas. La norma de televisión digital, la televisión por Internet, medios que cambian de manos.
G. M.: El mundo debe adecuar las leyes para garantizar libertad de expresión en función de lo nuevo. Y hoy la Argentina está en ese debate, entonces es una posición interesante, que se ajusta a una necesidad de cualquier Estado serio.
P.: ¿En la nueva ley habrá definición de nuevos organismos o supresión de organismos?G. M.: El ComFeR hoy es el órgano de aplicación de una ley de la dictadura. Debe haber un órgano de aplicación de la ley de la democracia, con participación parlamentaria. Sí, hay una modificación de la estructura de los organismos. Aquí hoy hay un interventor, que yo espero que sea el último interventor, pero, si no, tendría que estar un representante de cada una de las fuerzas armadas.
P.: ¿Desaparecería el ComFeR?
G. M.: Yo creo que tal como lo conocemos hoy, sí. Va a ser una autoridad de aplicación que seguramente tendrá un presidente pero con una representación democrática y distintos sectores, como las bicamerales, podrán proponer representantes.
P.: ¿Y de quién dependería?
G. M.: Sería un órgano de aplicación donde el Ejecutivo presentaría sus representantes y el Parlamento también.
P.: ¿Ya no dependería de Jefatura de Gabinete?
G. M.: Es posible que dependa de Jefatura de Gabinete, que dependa del Ejecutivo, pero con una representación colegiada.
P.: ¿Y la Secretaría de Comunicaciones desaparecería?
G. M.: No desaparecería, pero seguramente, como ocurre en Estados Unidos, con la Comisión Federal de Comunicaciones, tendría un espacio común, donde la habilitación de licencias y la ingeniería del espectro estarían trabajando coordinadamente.
P.: ¿Se entregarán más licencias?
G. M.: La digitalización va a abrir mucho más el espectro y serán necesarios nuevos concursos. Por eso es tan importante este momento, porque lo nuevo tiene que nacer democratizado.
P.: ¿Y cuándo estaría el proyecto?
G. M.: No hay fecha y hay una voluntad de avanzar en estos temas, de ponerlo en la agenda política y se está trabajando en reuniones en todo el país, dándole cuerpo a esta discusión, a este debate, porque nosotros queremos que llegue al Congreso con mucho trabajo social, como fue la Ley Federal de Educación, que tuvo un trabajo y una instalación en la sociedad muy fuerte y eso es lo que estamos haciendo con la Ley de Servicios de Telecomunicación Audiovisual.
P.: Decía que el 33% va a estar administrado por asociaciones sin fines de lucro. ¿Eso incluiría gremios?
G. M.: También, los gremios son instituciones sin fines de lucro.
P.: ¿Antes de que suceda eso, limpiarían el espectro de licenciatarios que no lo usan?
G. M.: El espectro va a tener la posibilidad de crecer hacia el UHF, por ejemplo, en cuanto a televisión abierta. La Argentina no ha diseñado el UHF para ese servicio.
P.: ¿Tiene buen alcance?
G. M.: Sí, es un espectro que sirve muchísimo y amplía muchísimo.
P.: ¿Las provincias tendrán poder para otorgar licencias?
G. M.: No, las provincias lo delegaron en la Nación.
P.: ¿El Gobierno ya se decidió por la norma de televisión digital japonesa?
G. M.: Se están estudiando.
P.: No está definido.
G. M.: No está definido, se está estudiando. La Secretaría de Comunicaciones, la CNC, el Comfer, el Sistema Nacional de Medios Públicos participan activamente en vincularse con los representantes de esos sistemas que están ofreciéndose. Y la Argentina va a tomar una decisión.
P.: Cuando se ingrese a la nueva etapa legal, ¿serán más exigentes a la hora de entregar licencias de televisión?
G. M.: La nueva ley va a tener que poner pautas explícitas sobre quiénes pueden ser adjudicatarios y cómo cumplir con esa condición. Hoy hay un déficit. Hoy se llama a concursos para una radio o para un canal de televisión, se presenta un plan cultural y puede dejarse sin efecto a los dos años y hasta se puede transferir esa licencia. Entonces, es como alquilar una casa y después venderla. Tiene que haber un orden en el Estado que tenga más exigencias a la hora de hacer cumplir los pliegos de los concursos públicos que se llamen. Yo creo que también tiene que haber un rol muy importante en las audiencias públicas, como ocurre en la legislación comparada en otras latitudes, en otros países, en Canadá, en Inglaterra. La sociedad participa también como una voz que controla el rol que tiene determinado medio. Por ejemplo, si se adjudica una radio a un gremio y ese gremio, con esa licencia la subalquila a una radio de pastores, por ejemplo. El Estado, en ese caso, habría entregado para un fin y después se cambia ese fin. La sociedad tiene que participar en audiencias públicas a la hora de renovar esa licencia a esa institución. Es un ejemplo grosero, pero para que se entienda el rol de las audiencias públicas y de la sociedad.
P.: Se ha modificado el modelo de gestión de contenidos en televisión. Hay mucho parcelamiento, se entregan a productoras que comercializan espacios.
G. M.: Exacto. Hay desorden comercial, económico, comunicacional en eso y tiene que ajustarse a reglas. Lo que sucede es que, como los empresarios en la Argentina, en estas áreas están acostumbrados a hacer lo que quieren y les cuesta reconocer que el Estado tiene que garantizar esa libertad de expresión. Y se alzan voces que dicen que la mejor ley de radiodifusión es la que no está escrita. Nosotros decimos ‘grave error‘.
P.: ¿Cómo podría impactar la crisis financiera internacional en los medios de comunicación? ¿Habrá cambios, efectos en el mercado de medios?
G. M.: Lo que pasa es que también tenemos que dar cuenta que la nueva ley de radiodifusión tiene que certificar o proponer que los medios tienen que ser empresas creadas a tal fin. En la Argentina se da la particularidad de que muchos dueños de medios tienen otros intereses en la actividad económica y creo que eso también hace a un país y una sociedad sólida en materia de libertad de expresión. Que el mismo dueño de un diario, de una radio, de un canal de televisión, en una misma área de cobertura ‘X‘ sea dueño de una empresa eléctrica o de la empresa de agua, eso atenta contra la libertad de expresión. ¿Qué gobernador resiste un aumento de las tarifas eléctricas si el dueño de una empresa eléctrica es el mismo dueño de los medios de esa área de cobertura?. Los medios tienen que ser empresas creadas a tal fin o sociedades sin fines de lucro que administren el espectro proponiendo un esquema comunicacional. Una cooperativa, una fundación, un gremio, la sociedad rural, como persona jurídica sin fines de lucro. No le estoy dando un matiz ideológico, estoy hablando de la responsabilidad social de la institución. Hoy en la Argentina se da, lamentablemente, esa situación, que los empresarios son dueños de otras actividades de la economía.
P.: ¿Será que con la multiplicación de medios que hubo, las empresas dejaron de ser rentables y necesitan de un esquema de subsidios cruzados?
G. M.: Más que subsidios cruzados son intereses empresariales. Un empresario busca ganar dinero y lo hace con medios de comunicación y con empresas de otras áreas de la economía.
P.: ¿Puede sobrevivir si no hace eso?
G. M.: La pluralidad de medios en otras latitudes existe y creo que ganan y que son rentables los medios. De todas formas, el medio de comunicación es un servicio. Por ahí tendrán que redefinir la rentabilidad. Muchos titulares de licencias dicen que pierden plata con el medio de comunicación. No ví ninguno en la puerta del ComFeR tratando de devolver la licencia para que se vuelva a licitar. Habrá que redefinir los alcances económicos de los medios de comunicación.
P.: ¿Se preparan para un escenario de dura negociación en el debate para la aprobación de la futura ley?
G. M.: Hace 25 años que estamos en democracia y la UCR y el partido Justicialista en 1983 tenían en su plataforma el cambio de la ley 22285. En 25 años, las presiones fueron más fuertes que la voluntad política. Tenemos 25 años más en el lomo para saber lo que se tiene que hacer en función de la deuda que tiene la democracia con las comunicaciones. Entonces, este será un duro e interesante debate y tenemos 25 años de experiencia para saber por dónde vienen las presiones. Creo que un debate honesto va a enriquecer muchísimo la libertad de expresión.
Fuente: El Cronista