La Comisión Europea (CE) ha iniciado hoy una consulta pública para preparar la actualización de las normas de aplicación de las ayudas estatales a las empresas públicas de radiodifusión, con vistas a adaptarlas mejor a la era digital.
El borrador de las nuevas normas propone dar más flexibilidad a estos organismos públicos para que se desarrollen en Internet, y se centra en aspectos clave como la definición de "misión de servicio público" por cada Estado miembro y la vigilancia de ese servicio a nivel nacional, según indicó la Comisión en un comunicado.
La revisión se basa en los principios fundamentales sobre la financiación de los servicios públicos de radiodifusión que recoge el derecho comunitario y, en particular, el Protocolo de Amsterdam (sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros).
Las nuevas directrices observarán en especial el amplio margen que tienen los países de la UE para definir la "misión de servicio público" que confían a estos organismos, y el papel de la Comisión de velar para que se mantenga una competencia equilibrada.
El texto sometido a la opinión pública pretende aplicar estos principios de control, teniendo en cuenta la evolución de la tecnología en los últimos años y las nuevas perspectivas que se abren para los medios en Internet.
En ese sentido, recuerda que fundamentalmente corresponde a los países evaluar, mediante "procesos transparentes y responsables", las necesidades de la sociedad, el valor que tienen los nuevos servicios para el público o sus consecuencias sobre el mercado.
El documento sugiere igualmente incrementar la flexibilidad de estos organismos para que creen "reservas que les ayuden a cumplir su misión de servicio público y a resistir a las variaciones de los costes".
A su vez, apunta que las reglas propuestas necesitan mecanismos de control reforzados a nivel nacional, con vistas a evitar "compensaciones excesivas y subvenciones cruzadas de actividades comerciales".
Actualmente, están en vigor las directrices adoptadas por la Comisión en 2001, que no recogen situaciones surgidas en los últimos años como el pago por algunos servicios públicos de radiodifusión, la prensa electrónica en Internet o tiendas que ofrecen gratis vídeos en línea.
La Comisión cree además que, con la introducción de nuevas normas, se reducirán las quejas presentadas por empresas privadas de televisión y radio o periódicos que tienen ediciones digitales, sobre el uso "incontrolado" de dinero público en plataformas como Internet.
Tanto los Estados miembros como las compañías públicas y privadas podrán enviar sus opiniones hasta el 15 de enero de 2009 sobre el borrador, elaborado por los servicios de las comisarias europeas de Competencia, Neelie Kroes, y de Sociedad de la Información, Viviane Reding La Comisión podrá servirse de esas observaciones para redactar nuevas normas sobre la financiación estatal de organismos de radiodifusión públicos, con idea de presentarlas durante el primer semestre de 2009.
Fuente: EFE
