La Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional (CNLE) de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (CTA) – y que integra el Sindicato de Prensa Rosario-, se reunió con el Gobierno puntano para trasladarle la preocupación acerca de los atentados perpetrados contra Radio Nacional San Luis. Así se manifestó la necesidad que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá se expida por el esclarecimiento de los hechos que den con los responsables de querer amedrentar y sembrar el miedo, y aún la autocensura, en los periodistas de la hermana provincia.
La emisora sufrió un atentado el 14 de junio pasado que destruyó la planta transmisora, ubicada sobre la ruta 20 en proximidades de la localidad de Juana Koslay. Las pericias policiales determinaron que el incendio ocurrido fue intencional.
Este hecho es el corolario de una serie de ataques a la libre expresión acaecidos en esa provincia y que incluyeron amenazas de muerte a la directora de la radio, Silvia Niño, en su teléfono particular.
Luego le siguieron robos de equipos, incendio de pastizales próximos, llamadas anónimas intimidatorias y la caída de una artefacto tipo molotov contra la radio pública, motivos estos que no sólo cercenan la posibilidad de ejercer el trabajo periodístico con libertad, sino que además impiden la salida de la señal de Amplitud Modulada de Radio Nacional, un vínculo muy arraigado en toda la provincia.
La gravedad de lo relatado vulnera la vigencia de los Derechos Humanos en esa provincia y el derecho de todas las personas a una información plural, accesible y democrática. Por tal motivo la CNLE solicitó al gobernador – a través de sus colaboradores más cercanos-, que se expida por la profundización de la investigación y el esclarecimiento del suceso.
Esta Comisión ya había sesionado en marzo pasado con la presencia de representantes de diversos medios de la provincia. Allí se recibieron denuncias sobre limitaciones al acceso a la información pública y al conocimiento de los actos de gobierno, hechos que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.
En la reunión pasada se mencionaron casos de hostigamiento a periodistas. Estos temas fueron parte de la conversación y además se saludó el cambio de actitud de algunas autoridades, incluido el propio gobernador, que ahora se muestran más cercanas a la requisitoria de las y los trabajadores de prensa.
La CNLE fue recibida por la Secretaria de Estado, General, Legal y Técnica, Silvia Sosa Araujo y el Secretario de Medios, Mauricio Muñoz, quienes se comprometieron a informarle al gobernador Alberto Rodríguez Saá los pormenores de este encuentro y gestionar una audiencia con él. La idea es, además, pedirle que como máxima autoridad política de la provincia impulse una Ley de Acceso a la Información Pública sin restricciones en el territorio puntano. Esta Ley deberá incluir la información que poseen los tres poderes del estado. El pedido, y estas reuniones, se realizarán en todas las provincias del país y también ante el Congreso Nacional como parte del plan de trabajo de la Comisión Nacional para el 2009.
Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional
Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación
Central de los Trabajadores de la Argentina
