La relación entre los medios de comunicación y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está dañada severamente. No alcanzó para restañar viejas heridas con la conferencia de prensa ofrecida el 2 de agosto último, que fue presentada a la opinión pública como un cambio de actitud.
La confrontación con la prensa no se originó con el conflicto del campo: proviene de la matriz del pensamiento kirchnerista. Ese estilo de relación tensa y crispada es un sello en la construcción de poder por parte del matrimonio presidencial.
Si se revisa lo ocurrido en los medios privados y públicos de la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Néstor Kirchner, es posible encontrar la clave para descifrar el algoritmo que se viene aplicando desde 2003 en la escala nacional.
Existe mucho control de la palabra escrita, combinado con el enojo en dosis superlativas cuando las críticas provienen de los grandes medios nacionales. Esto se multiplica por una cuota importante de presión, ejercida a través del otorgamiento o el retiro de la publicidad oficial.
Estas presiones se encuentran potenciadas por el reciente (aunque intermitente) anuncio de que se modificará la ley de radiodifusión.
La peligrosa fórmula que acabamos de describir ha llegado a incluir, en momentos de crisis, el intento de aplicar políticas de vigilancia mediática a través de un observatorio de medios, que cuando se calmaron las aguas quedó fuera de la agenda presidencial.
La libertad de prensa es un derecho constitucional, reconocido en todos los tratados internacionales a los que nuestro país está adherido. En una democracia madura, la relación entre el Estado y los distintos medios de comunicación no debe quedar sujeta a los humores de los gobiernos.
Por eso, desde los sectores políticos, observamos con preocupación los vaivenes del oficialismo en la definición de políticas para la prensa.
Nos preocupa la falta de voluntad política para poder avanzar en una ley que regule y transparente la asignación de publicidad oficial, y también la discrecionalidad con la que se maneja el ComFeR para fiscalizar a los radiodifusores.
El conflicto desatado entre ese organismo y Radio Continental demuestra, por lo menos, parcialidad para actuar cuando se trata de un medio crítico del gobierno nacional. En cambio, el ComFeR se mantiene indiferente ante las decenas de situaciones similares que se dan en el país cuando éstas no ocurren en medios que sean especialmente críticos de la política oficial.
Por otra parte, por los despachos de los funcionarios ya circulan resoluciones para adoptar la norma de digitalización de la televisión. Se trata de un contrasentido absoluto.
Si lo que se busca es democratizar la radiodifusión, mejorar las condiciones de los medios y darles pluralidad a las voces de la comunicación, es contradictorio tomar una decisión que no sólo cambiará la emisión de señales, sino que modificará la relación de los argentinos con los medios audiovisuales.
Resulta inconcebible que se pueda tomar una decisión en la elección de la norma si no se tienen en cuenta las necesidades técnicas, económicas y sociales de nuestro país.
Es necesario convocar a las universidades, a los organismos técnicos, a los consejos profesionales y a los usuarios, para debatir sobre una decisión que generará, sin duda, gran impacto en la vida cotidiana.
Si, como se afirma, el debate parlamentario por la ley de radiodifusión es inminente, ¿por qué no incluir allí un capitulo de nuevas tecnologías que defina cuál debe ser la norma digital que adopte la República Argentina?
Tampoco se aborda en la agenda de ningún funcionario la situación de los medios públicos de comunicación. Se desconoce la necesidad de actuar sobre TelAm para que la agencia nacional de noticias deje de ser un órgano de propaganda del Gobierno y para que vuelva a contar con la objetividad que debe exigirse a los medios estatales.
Respetar a los otros sus voces distintas es un imperativo de todo gobierno democrático.
Impulsar políticas claras y objetivas redundará en beneficio de todos, incluido el gobierno nacional. La libertad de expresión constituye la garantía que tienen los ciudadanos respecto de la posibilidad de contar con información y de poder difundirla.
El Estado tiene la obligación de brindar esa información veraz y sistemáticamente. La situación del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en ese sentido, también constituye una afrenta al acceso a la información, principio básico del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
Por eso, consideramos necesaria una ley que asegure el acceso a la información pública. Ese tema debe ser incluido para su debate en la agenda parlamentaria nacional.
Desde hace años, esperamos la oportunidad de discutir los proyectos presentados sobre la radiodifusión, la publicidad oficial y el acceso a la información. Esperamos que no se pierda la oportunidad de dar mayor calidad institucional a la relación prensa-Estado.
Esa será la mejor manera de celebrar, en estos 25 años de la recuperación democrática, la mayoría de edad de nuestras libertades más importantes.
Fuente: Diario La Nación