Por Marcelo Koenig*
El desarrollo y profundización de un proyecto nacional y popular siempre ha de afectar intereses concretos. La justicia social es una conquista a la que es imposible arribar sin conflicto. “No se puede hacer una tortilla sin romper huevos”, solía decir el General, que algo de política sabía...
Si algo demostró el largo conflicto con las patronales del campo fue, precisamente, que existen sectores que están dispuestos no sólo a aferrarse al statu quo sino también a hacer retroceder este proceso político abierto en 2003.
Otro aspecto de la misma cuestión lo encontramos en la comprobación empírica de que es muy difícil ganar disputas como éstas cuando los grandes medios de comunicación cierran filas en torno de los intereses enemigos. Dicho en otras palabras: la construcción de un proyecto de liberación requiere necesariamente de una estrategia de comunicación que afecte los intereses concretos de los grandes oligopolios mediáticos. Ellos también están dispuestos a defender estrictamente sus propios intereses como grupos económicos que son.
En una sociedad democrática como la nuestra, este conflicto se da principalmente a través de la construcción de consensos sociales que permitan el avance. Es por ello que el tema de los medios de comunicación no es un área menor o secundaria.
El marco regulatorio de los medios de comunicación es un obsoleto decreto ley de la última dictadura genocida. Su concepción, empapada de la doctrina de la seguridad nacional, se plasma en todo su articulado. Para ejemplo basta un botón: no permitía que fueran propietarios de medios de comunicación otras entidades que no fueran empresas comerciales con fines de lucro. Es claro, toda entidad que tuviera un fin social era considerada por los milicos como sospechosa de “subversiva”. Por supuesto, también las cooperativas. Varias modificaciones sufrió esta normativa, pero ninguna reparó esta injusticia respecto del mundo cooperativo. En los ’90, por ejemplo, se corrigió el impedimento de la creación de monopolios mediáticos que fue lo que se les escapó a los Videla, Viola y Martínez de Hoz para hacer una ley absolutamente reaccionaria. Menem y Cavallo se animaban a ir más lejos.
Los parches posteriores no han logrado transformar –ni pueden hacerlo– el carácter retrógrado de una legislación creada en tiempos donde era prácticamente una rareza un televisor en colores. Hoy hay que legislar sobre cuestiones de cara a un futuro que ya llegó con la digitalización de las señales.
Si nos atuviéramos a la fría letra de esta ley vigente, al frente del ComFeR debieran estar un representante de cada una de las Fuerzas Armadas más uno del Servicio de Inteligencia del Estado. ¿Suena ridículo? Pues, por eso, desde que se instaló la democracia, está intervenida la entidad. Hoy ese cargo provisorio para siempre está ocupado por el compañero Gabriel Mariotto.
La legalidad va de la mano con la legitimidad. Es más: la construcción de legitimidad es la clave para cualquier tipo de transformación desde una perspectiva democrática. Por eso se hace insoslayable una legislación sobre el medio audiovisual en su conjunto que permita el avance.
Es en este punto que queremos hacer hincapié en el rol que puede tener el mundo cooperativo en los medios de comunicación, sobre todo en el interior de nuestro país. Aquellos que defienden desde su tribuna un falso federalismo nada dicen acerca de que la propiedad de la mayoría de los medios regionales (diarios, canales de cable, etc.) están en manos centralizadas. Incluso llegan a la desfachatez de plantear la idea de que si un medio está en manos de una cooperativa de servicios (las únicas en condiciones económicas de dar una disputa en serio a los grandes multimedios en sus lugares concretos) se trataría de un monopolio. Pensar en una cooperativa como un monopolio es una contradicción en sus términos. En las cooperativas se vota. Y tanto el votante como el votado no son personas abstractas sino que son vecinos de carne y hueso que generalmente se conocen entre sí.
La sesgada mirada porteña que se tiene –muchas veces– de la realidad no nos permite comprender la fuerza y la potencialidad del mundo cooperativo y mutual que lleva energía y telefonía donde no es negocio para las grandes empresas transnacionales, que lleva salud a donde no llegan los hospitales ni obras sociales... La economía social y solidaria es mucho más grande, y no es una actividad sólo de pobres para pobres sino que abarca todas las áreas económicas y tiene el conocimiento y el manejo para transformarse en motor de desarrollo de un nuevo modelo económico y social.
Pensar una nueva ley marco de los medios de comunicación –sin exclusiones– es una necesidad de la etapa. Sólo así podremos generar los consensos imprescindibles para una patria más justa.
* Responsable de Comunicación del Inaes; profesor de Teoría del Estado e Historia Política (Derecho-UBA).
Fuente: PáginaI12
